28 de abril de 2012

Las razones del maíz

Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y más de mil comunidades ante el Tribunal permanente de los Pueblos-México | 04 enero 2012 | soberanía alimentaria, semillas & biodiversidad, leyes & políticas | Mexico

Cinco tesis sobre la violencia contra la soberanía alimentaria y la autonomía

Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, el maíz amarillo,
el maíz rojo y el maíz blanco, y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne.
Popol Vuh

El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad.

Cosechando maíz (oba) criollo. Foto: Gubiler
El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo.

La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN requirieron que el Estado mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo la que busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al extremo de apostarle a las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimentación de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios —existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos de maíz en un 50%, lo que benefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan el grano.[1]

Una segunda tesis es que este desmantelamiento jurídico y esta privatización tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos.
Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles el atentar contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Una tercera tesis es que estas leyes promueven una invasión transgénica —que comenzó en 2001— e inevitablemente contaminará a las 62 razas y miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas.

Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.

Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, debido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, el transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el almacenamiento y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los gases con efecto de invernadero.[2]

En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos la parte sustancial de los alimentos del mundo[3], pese a la poca tierra a nivel mundial que mantenemos, y pese a las condiciones de opresión que intentan imponernos. Y sabemos que mantener nuestros cultivos ancestrales, con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera una voluntad política para defender los modos de vida que están en el centro de esta agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa: diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que también son nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control territorial, un autogobierno, una autonomía. Debemos frenar el acaparamiento de tierras y la invasión de los territorios de las comunidades.

La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente. El maíz es sustento material y también fuerza identitaria y sagrada. Al contaminarlo con transgénicos, al desmantelar la economía maicera desde las políticas gubernamentales, al despreciar la milpa, se atenta contra un proceso inédito, específico en el mundo, la propuesta civilizatoria mesoamericana. El ataque al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen, pues, contra uno de los pilares de la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del maíz, al defender el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera.

El maíz es nuestra sangre, nuestra carne, nuestra madre, nuestro hijo,
es el que habla, ríe, se pone de pie y camina.
Poema náhuatl

Este texto fue presentado el 21 de octubre de 2011 por la Audiencia “Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía” en la sesión de instalación del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta audiencia es promovida por más de mil comunidades de agricultores en mediana y pequeña escala, y campesinos indígenas en todo el país. Entre algunas de las organizaciones se encuentran la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en Chihuahua, la Huasteca y la Península de Yucatán, entre muchos otros estados de México

________________________

[1] Las investigaciones del Centro de Estudios para el cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) durante más de 15 años, son la fuente de estas conclusiones. Ver www.ceccam.org.mx

[2] Ver GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octubre, 2009, http://www.grain.org/article/entries/1236; “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, 28 de septiembre, 2011, http://www.grain.org/es/article/entries/4364

[3] ETC Group: “Who will feed us? Questions for the food and climate crisis”, 14 de diciembre, 2009, http://www.etcgroup.org/en/node/4921



22 de abril de 2012

UNA FARSA LLAMADA MERCADOS DE CARBONO

Agriculturas y crisis climática

La agricultura y el sistema alimentario industrial son las principales causas del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis; además del hecho fundamental de ser las agriculturas que más aportan a la alimentación de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima se basa en los intereses de las empresas, dejando de lado los intereses de los campesinos. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y un mayor despojo para las formas de vida campesinas.

Los datos sobre el calentamiento global varían según las fuentes que los arrojen, pero coinciden en señalar que la agricultura industrial es una de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor, en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se considera la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial, al que está necesariamente ligada, hay que cargarles una parte significativa de los porcentajes contaminantes a las emisiones de los transportes; otro porcentaje por la deforestación y el cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi a la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la descomposición de basura orgánica, que son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain, la crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735). Basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca de un 15 a un 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de un tres a cuatro por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos: además que se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos, en pocas décadas, su capacidad natural de retener carbono y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)

Sin embargo, los intereses de la industria pretenden explotar la capacidad que tiene el suelo de absorber y retener carbono para cobrar créditos de este elemento usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus postulantes –industrias que aspiran hacer grandes negocios, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podrían aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. La forma indígena de cultivo se basa en miles de años de sabiduría acumulada en el manejo diverso y adaptado a cada región, de diferentes suelos; siempre respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre.

Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC

Fuente:
Otros Mundos Chiapas, Revuelta Verde, Marea Creciente
México (eds.). Los mitos del mercado de carbono. Segunda edición. s.f.

18 de abril de 2012

¿Otro negocio?: el mercado de carbono en Panamá

Hemos catalogado nuestra situación socioambiental global como un desastre humano más que natural. El debate sobre el mismo ha conllevado un abanico de acciones de distintos sectores de la sociedad; desde el gobierno central, empresas, ONGs, movimientos de resistencia y ciudadanos independientes que acuden al podio para debatir sus causas, consecuencias y alternativas al renombrado cambio climático.

Cuestión que reformula el pensamiento y rol que desempeñamos como parte de la producción y desarrollo humano. Mientras que la carente actualización del sistema pedagógico convencional no ha logrado impulsar el nivel de conciencia ciudadana sobre qué organización y programa de desarrollo debemos impulsar ante la soberanía ecología versus mercado depredador.

Llámese aquí a los actores políticos que legislan sin una epistemología ambiental y un desorden anacrónico rumbo a un sistema paria, generador del odio y la discriminación al sentir del futuro de nuestros pueblos.

Queremos en esta ocasión no solo debatir sino generar una convulsiva acción social que supere los cosméticos consejos que solo generan moda sobre la opinión pública de lo que es la ecología. Además que rebase las políticas chovinistas y paternalistas que en algunos momentos entorpecen los procesos sociales de participación y toma de decisión en el escenario de las luchas sociales en defensa de los recursos naturales.

Es decir, que el cambio climático, la minería, las represas, los agronegocios y el hambre ya no son cuestiones de estudio o de diarios alarmistas que profundizan más la inoperancia y el abstencionismo de los pueblos por dejar a las trasnacionales la responsabilidad de mitigar los fenómenos actuales.

Sino que deben llevarnos a asistir permanentemente a las tareas que nos responsabilizan sobre la sociedad que queremos ante el declive del ambiente. Por ende, la estrategia debe enfocarse en la metamorfosis que ha sufrido nuestro planeta y que ha extinguido especies y porvenires de miles personas y sus alternativas.

Panamá no se excluye de dicha misión, por que somos parte de este rompecabezas generado por la un sistema depredador que es el capitalismo impuesto desde la colonia de nuestra América y que a todo galope extermina nuestras riquezas.

Fuerte evidencia de tan maligna peste son las concesiones extractoras por doquier que asoman sus tentáculos por medio de la corrupción y la venta directa de nuestro istmo panameño.

Más de 2 millones de hectáreas del territorio están expuesto para las transnacionales mineras, además de la cartera energética nacional que contempla 89 nuevos proyectos hidroeléctricos (entre solicitudes y aprobadas) y aproximadamente 45 proyectos privados turísticos generadores de desplazamiento socioambiental y cultural. Y en los últimos meses del 2010 acuerdos internacionales en materia de monocultivos y libre comercio como es el Tratado de Promoción Comercial con Norteamérica.

Y en estos lares del mercadeo ambiental los bonos del carbono son otro rubro de especulación y codicia por mantener el ranking de las transnacionales en el maquillaje de los casos de saqueo y contaminación que han hecho en otras latitudes.

Reducción de emisiones por la deforestación y la degradación de los bosques REDD
El debate de los REDD y su implemetación en Panamá es ambiguo. Poco se conoce entre los sectores sociales y la opinión publica por parte del gobierno central.

Por ende, consideramos que el comercio de emisiones es otra oportunidad a las transnacionales dentro del marco del cambio climático, la cual garantiza los derechos de propiedad de los grandes consumidores de petroleo por encima de la capacidad de absorción de gases del planeta. Es decir la contaminación existente en una mercancía, cuyos derechos se asignan según un límite o tope fijado por los países u organismos intergubernamentales dando así, oportunidades a las empresas en seleccionar entre comprar un mayor número de derechos y seguir contaminando como antes o realizar ahorros de eficiencia. Aquellas que consigan ahorros de eficiencia pueden después vender los derechos de contaminación que les sobran a las que no han cumplido con sus objetivos.

Impulsando estas iniciativas comercial, esta el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que intentan imponer sus reglas comerciales sobre los regímenes de derechos de propiedad sobre las leyes nacionales para procurar reducir el poder que pueden ejercer los Gobiernos, los sindicatos y las comunidades locales sobre la actividad de las grandes empresas.

Carente de fundamentos y enfoque político ambiental gubernamental, en Panamá aun no se ubica dentro del panorama con que la Ecología Política traduce el acelerado mercado de los bienes naturales y la participación de los pueblos rurales que mantienen altas disputas sobre el conservacionismo y la mercantilización. Más aun, en el trastorno en que la corrupción solapadamente abre a las trasnacionales todos los derechos y seguridad jurídica.

Panamá en este sentido, sin la ratificación del Convenio 169 sobre los pueblos tribales, mantiene una irresponsabilidad tambien sobre cumplimiento y respeto de las normas comarcales como es el caso del pueblo originario Ngöbé Büglé, quiénes fueron victimas de la arbitraridad con que se reformo la ley 10 de 1997 que rige su territorio. El rampante cambio impuso el Decreto 537 del 2 de junio del 2010, para escoger los delegados y realizar los congresos, bajo un nuevo sistema de delegados que disminuye la participación y la representación del pueblo, además excluye a las fuerzas vivas de la comarca y todas las autoridades tradicionales de participar en la máxima instancia de gobierno y decisión.

Traducido este escenario, que garantía tienen los pueblos rurales sobre la consulta y toma de decisión ante los REDD y además de su conflictividad sobre las concesiones en materia minería e hidroeléctrica. A pesar de consultas realizada entre los promotores de los REDD en Panamá no hay evidencia de una política amplia de divulgación y socialización de los acuerdos firmados en octubre de 2010.

A esto, surgen interrogantes como el nivel de capacidad técnica, las reformas o marco legal que sufrirá el régimen agrario, institucional, y los beneficios a distribuir a través de una consulta general entre los sectores involucrados.

Por ende los REDD, es considerada una estafa multimillonaria cuyo objetivo básico es que aquellos que contaminen puedan pagar a otro para que se encargue de limpiar sus destrozos y no tener que hacerlo ellos mismos, lo cuales son adoptados por gobiernos, organismos financieros y grandes empresas en el marco del cambio climático.

En el caso de Panamá, se destinó unos 8.9 millones de dólares a la Autoridad Nacional del Ambiente por el Banco Mundial para llevar a cabo el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Panamá (REDD). Además se firmó UN REDD con las Naciones Unidas con un financiamiento de 5,300 dólares.

Igualmente se lanzó el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosque para Centroamérica y República Dominicana (REDD CARD), respaldado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) para los próximos seis años con un presupuesto inicial de 16,5 millones de dólares.

En el 2009 también el Banco Interamericano de Desarrollo BID aprobó una donación de cooperación técnica por US$450.000 a Agua y Energía SA de Panamá para preparar estudios de ingeniería y otros requeridos a obtener “créditos de carbono” a través de tres pequeños proyectos hidroeléctricos a filo de agua (runoftheriver).

También han existido indicios de implementar otras iniciativas en REDD como es Nested Approach en el 2008 para la contabilidad de las emisiones de deforestación en dos enfoques: a. Enfoque nacional y b. Enfoque subnacional.

Igualmente estas políticas se han venido impulsado entre representantes de Centroamérica, Venezuela y el Fondo Mundial Ambiental conocido por su sigla inglesa GEF, la cual sostuvieron gestiones para coordinar el trabajo y mismo acudieron representantes del Bancos Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo BID, los programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA).

La intención es fortalecer y actualizar los conocimientos sobre las políticas y avances del GEF. Y sus mecanismos para la integración de los temas ambientales globales a planes y políticas nacionales sobre desarrollo sostenible.

Mecanismo de Desarrollo limpio MDL
Los Mecanismos de Desarrollo Limpio considerado otro instrumento de mitigación del cambio climático para los países en desarrollo con el fin de promover el desarrollo sostenible y reducir los gases de efecto de invernadero en el marco del protocolo de Kyoto, es además el mayor mercado de compensación de emisiones del mundo.

Originalmente fue creado para que países ricos y contaminantes pudieran comprar reducciones de emisiones más baratas en países en vías de desarrollo en vez de reducir sus propias emisiones. Este sistema no tiene nada de limpio, puesto que lleva a un aumento neto de la contaminación y le quita la responsabilidad al contaminador.

El mismo a sido un gran condimento a el Plan Puebla Panamá PPP, actualmente Iniciativa Mesoaméricana en el marco del libre comercio, que dieron un nuevo impulso a las políticas públicas tendientes a ampliar los volúmenes de producción de energía en beneficio de los grandes transnacionales. La importancia asignada a la producción de energía hidroeléctrica se reflejó en distintos proyectos de construcción de represas y en la difusión de iniciativas de privatización de las redes de producción y distribución de energía, en el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) y el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM).

Así, en los últimos tres años el gobierno actual y pasados intensificaron las políticas de nuevos proyectos hidroeléctricos en la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y la Comarca Originaria Ngäbé Büglé.

La población panameña sucumbiendo la mala distribución de la riqueza y las argumentaciones falsas de la necesidad de utilizar energía renovables por parte de los diferentes gobiernos, contradice su fé en la exportación barata, y en el aumento del precio de la energía eléctrica a las miles de familias.

Otras de las falacias para promover la construcción de las hidroeléctricas es la responsabilidad corporativa de utilizar fuentes renovables para la generación energética para que así ingrese en los Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL. La cual posteriormente, contribuirá al desarrollo sostenible de las comunidades aledañas al proyecto mediante la inversión del 30 % de los ingresos generados por la venta de los certificados de reducción de emisiones (CER`s), en programas de Pago por Servicios Ambientales PSA o programas de desarrollo comunitario.

Dichos fondos, serán administrados entre la empresa generadora, el municipio del distrito y representación comunitaria del área donde se ubica el proyecto, mediante un acuerdo municipal, y su ejecución deberá ser aprobada y supervisada por la Comisión Coordinadora del Programa de Generación de Ingresos en Áreas Rurales de Pobreza y Pobreza Extrema.

Sin embargo, también se constituyo FUPASA (Fundación Panameña de Servicios Ambientales) comercialización y promoción de proyectos MDL. Quiénes firmaron un Memorándum de Entendimiento entre Holanda y Panamá para la implementación de MDL. La cual algunos proyectos aplicados son:

Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.
Proyecto Hidroeléctrico Estí, AES Panamá, S.A.
Paso Ancho, Corporación Hidroeléctrica Paso Ancho
Proyecto Hidroeléctrico Bayano, AES Panamá S.A.
Bajo de Mina, Corporación Hidroeléctrica Bajo de Mina
Proyecto Hidroeléctrico Bonyic, Hidroecológica del Teribe, S.A.

Además firmas de memorandos de entendimiento con NatSource, y países como España, Italia y Canadá.

En Panamá, el fomento de la oferta de reducción de emisiones está vinculada en términos generales con la puesta en ejecución de los proyectos potenciales con que cuenta el país en el sector energético. El objetivo del gobierno es insertarse en la oportunidad de poder tener competitividad en el mercado de carbono ofertando proyectos de calidad a costoeficiencia, y simultáneamente atraer inversionistas que financien nuestros proyectos y compren los CERs.

Consideraciones finales
Analizando lo anterior, sumando el otorgamiento de proyectos extractores de alto impacto negativo a los bosques y a todo ciclo de vida, se expone una gran contradicción moral y política con lo que actúa y expone el gobierno panameño. Y no cabe en este escenario otro negocio más, ya que repunta a la depredación como se viene ejerciendo por encima de la voluntad de la constitución y el pueblo.

Concluimos de esta manera que para la protección de los derechos humanos y ambientales en Panamá se ha determinado que se reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales que le son aplicables, particularmente de acuerdo con el Protocolo de San Salvador. Además que se adopte las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité contra la Discriminación y la Comisión Interamericana de Derechos Humano y a la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Y lo que exigimos en redefinir las reglas del comercio del carbono y su aplicación bajo los principios socioeconómicos de los pueblos a través de programas de inversión pública de manera responsable, así como garantizar la tenencia de tierras de pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques, y redefinir la cartera energética nacional como el abandono del subsidio a los combustibles fósiles.

Así como a un debate público e informado sobre las implicaciones de las políticas ambientales sobre el mercado de carbono, y no con la falacia sobre los remedios al cambio climático, la soberanía ecológica y territorial.

Olmedo Carrasquilla II
Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fuente:

Otros Mundos Chiapas, Revuelta Verde, Marea Creciente
México (eds.). Los mitos del mercado de carbono. Segunda edición. s.f.

15 de abril de 2012

Logrando la participación de la Comunidad

/Aunque el artículo fue publicado en el 2001, es bueno tomar la experiencia vivida, cosas buenas han quedado, las cuales hay que recuperarlas para el mañana. Además esperamos comentarios al artículo./

Nosotros el pueblo Kuna, estamos frente a una crisis ecológica, el saqueo potencial de nuestros sistemas hídricos y la perdida de valiosos recursos marinos. Un proyecto de la OIMT ayuda a abordar la crisis mediante la puesta en marcha de la silvicultura comunitaria en la región

Geodisio Castillo

El pueblo Kuna es autóctono de unas  365 islas de coral en el caribe y de una franja costera en la parte continental de Panamá. El territorio Kuna Yala actual, con una población de unos 32,000 Kunas, se extiende unos 320 kms a lo largo de la costa panameña y de 7 a 15 km en la parte continental e incluye las islas de coral originales. Aunque la pesca predomina como la principal fuente de alimento e ingresos, los bosques naturales representan una importante contribución para el sustento de estas comunidades.

El pueblo Kuna considera al bosque como sus hermanos y hermanas, por eso consideran a la tierra como la madre. Bajo esa forma de ver, sentir y vivir del bosque, se ha acumulado una gran experiencia de uso sostenible de la tierra o del bosque. Conocimientos sobre árboles maderables, no maderables, medicinales y frutales son de uso diario como el roble (Tabebuia rosea y T. pentaphyla), almendro del monte (Dipteryx panemensis), cativo (Prioria copaifera), jagua (Genipa americana) entre otros muchos que el bosque nos ofrece.

Sin embargo, a medida que crece la población, las prácticas agrícolas son cada vez menos sostenibles, especialmente en las partes medias y altas de las cuencas de la Comarca. Dicha actividad ha causado la degradación del suelo, arrastre de sedimentos que contaminan los ríos cuya agua se utiliza para el consumo de la población y una reducción de los peces en las aguas cercanas. Los árboles talados y luego quemados son desaprovechados e igualmente se pierden los recursos forestales no maderables y la destrucción del bosque de protección.

La Comarca Kuna Yala es una de las pocas regiones que cuentan con bosques húmedos tropicales poco alterados por la intervención del hombre. Estos recursos, en especial en del Corregimiento de Narganá en donde se ubica el proyecto, se encuentran dentro del área protegida Kuna (INRENARE, 1994). Para preservar estos bosques, incapaces de resistir una deforestación masiva para el uso agrícola se requiere implementar acciones de educación, capacitación y extensión en el manejo y uso sostenible del bosque que garanticen su conservación.

En este contexto, el Programa de Ecología y Manejo de Areas Silvestres de Kuna Yala (PEMASKY) de la Asociación Ecológica Kuna (AEK, conocida anteriormente como Asociación de Empleados Kunas), con apoyo del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), actual Autoridad Nacional Ambiental de Panamá (ANAM), con financiamiento de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), firman un convenio para comenzar un proyecto de cinco años. Surge entonces el proyecto PD1/96 REV.3 (F), dirigido a proteger y mejorar las condiciones de vida de la población indígena Kuna. Estas acciones requieren de la participación comunitaria a través de los sistemas de producción forestal que aseguren un manejo y aprovechamiento racional, integrado y sostenible de los recursos agua, suelo y bosque y, considerando los valores y patrones socioculturales de la población. Los objetivos específicos del proyecto consisten en implementar en cinco comunidades actividades de manejo y aprovechamiento racional del bosque natural y, capacitar e incorporar activamente a las comunidades, grupos productores y al personal de PEMASKY, en todo el proceso de manejo y desarrollo sostenible de los bosques de producción ya sean maderables, no maderables, medicinales y otros productos del bosque.

El proyecto se divide en dos componentes: uno orientado al manejo forestal comunitario y el segundo encaminado a la capacitación y extensión forestal comunitaria.

Manejo forestal comunitario
El progreso alcanzado hasta el momento está en la concienciación, educación, promoción y organización en las comunidades y centros educativos sobre la actividad forestal productiva sostenible que ofrece el bosque natural. Hasta el momento se han establecido tres áreas de manejo forestal participativo (AMFPs), cada una de 500 hectáreas. Estas se han establecido en los terrenos pertenecientes a las comunidades Narganá y Akuanusadup y en los terrenos de las comunidades de Tigantiki (Niandup) y Cangandi; se propone establecer dos áreas más (consulte el mapa).

Resultados del inventario
Cuadro 1: Lista de especies a aprovechar, diámetro máximo a la altura de pecho
                (dap) de los árboles estudiados y sus diámetros mínimos de corta dap (DMC)

Actividades en las AMFPs
Este artículo se concentrará en la AMFP de Narganá/Akuanusadup ya que actividades similares se están llevando a cabo en todas las AMFPs. Esta área pertenece a la cooperativa agroforestal Diurdi, que se encuentra ubicada dentro del Area Silvestre Protegida (ASP) del Corregimiento de Narganá, en la Zona Cultural o de Uso Tradicional de la Tierra. Esta cooperativa cuenta actualmente con 20 socios residentes de la comunidad Narganá/Akuanusadup; está pendiente la integración de 40 socios adicionales. De las 500 hectáreas del AMFP, se ha designado 125 hectáreas para efectos de desarrollar las actividades de manejo forestal. El resto de las hectáreas se dedicarán a la conservación. Se logró un acuerdo entre PEMASKY/AEK y las comunidades Akuanusadup y Narganá, en el cual las comunidades convenían en apoyar y participar en el proyecto. Ambas comunidades establecieron un comité de apoyo al proyecto.

Se realizaron inventarios forestales en la unidad de AMFP de la cooperativa con el objeto de conocer el estado general del recurso bosque. Con los datos del inventario, las observaciones de campo y la opinión de los productores, se procedió a elaborar un plan general de manejo forestal con el objeto de ordenar el uso y manejo de los recursos forestales y como instrumento para obtener la autorización del Congreso General Kuna y de parte de ANAM para desarrollar actividades de aprovechamiento, (PEMASKYAEK 2000a). El inventario fue desarrollado con una intensidad de 1,84%, levantando un total de 23 parcelas de muestreo sistemático estratificado. Se midieron todos los árboles a partir de 10 cm de diámetro a la altura de pecho; el cuadro 1  resume los resultados para las especies de importancia comercial.

Para las AMFP mencionadas, se han levantado mapas que incluyen un mapa de ubicación regional y un mapa base de aprovechamiento, a una escala de 1:50 000.

Como una actividad estratégica del proyecto está la demarcación física de 100,000 hectáreas del patrimonio forestal que pertenece a la comunidad Narganá. Los trabajos de delimitación se iniciaron abriendo un camino de acceso hasta la divisoria de aguas (límite de la Comarca Kuna Yala) y, verificación de la estación Ebiton (instalado por el Instituto Interamericano de Geodesia de los Estados Unidos) en el cerro Ibedon, utilizando el GPS. Se instalaron seis puntos de control de 3 km de longitud en los límites de la Comarca. Esta actividad tiene la participación comunal y se ha extendido hacia la comunidad de Niadup, hacia el este.


Capacitación y extensión forestal comunitaria
Es importante garantizar la participación activa de las comunidades y/o productores en el proyecto y esta es una tarea ardua y casi diaria. Para el segundo componente se formuló un plan de capacitación y extensión comunitaria (PEMASKY/AEK 2000b). Un componente clave del plan es los talleres sobre el manejo forestal participativo para los grupos productores, educadores, autoridades gubernamentales y distritales, organizaciones no gubernamentales y todas las personas interesadas de la comunidad de Narganá y Akuanusadup. Las actividades de organización y promoción del proyecto se extienden a otras comunidades, como las comunidades Niadup, Diguir, Wargandup, Urgandi, Miria Ubigandup, entre otras.

Seminarios específicos se han realizado, como para motivar a las mujeres a participar en el proyecto. Se utilizan diferentes técnicas de capacitación y educación realizando representaciones de títeres a través de niños y muchas mujeres han participado en giras sobre educación en conservación del área del proyecto y otras áreas que ofrece la región Kuna. Se establece una parcela demostrativa agroforestal como una alternativa a la deforestación, utilizando la metodología de aprenda-haciendo. Se establece un vivero forestal y frutal en el área para la producción de plantones.

Retos
En el territorio Kuna Yala se está gestando una crisis ecológica. No obstante, uno de los retos planteados en el proyecto es el cambio de actitud frente al manejo de la tierra; son muchas las barreras culturales, sociales y económicas frente al cambio.

Una clave para alcanzar un cambio más rápido es la exitosa operación de las AMFPs en la comunidad Akuanusadup/Narganá. Si se observa que se obtienen beneficios para las comunidades, se podrá alentar a otras comunidades para que participen en el desarrollo de las AMFPs en sus propias áreas. Las señales al respecto son positivas: el AMFP de Akuanusadup/Narganá se amplió recientemente a 1 000 hectáreas.

Otro de los retos planteados, luego de conversaciones largas con los productores es, no solo aprovechar el bosque natural, también hay que aprovechar los bosques secundarios que desempeñan un papel importante de protección. Los bosques secundarios en diferentes fases sucesionales intercalados con cultivos agroforestales tradicionales son comunes en la región; la aplicación de la ordenación forestal sostenible en estas áreas permitirá ampliar su papel tanto en la protección como en la generación de ingresos. El pueblo Kuna reconoce, sin embargo, que al reducir la corta de los bosques primarios, se reducirá la rentabilidad. Por tanto, es preciso encontrar la forma de aumentar los ingresos externos a las comunidades frente a los beneficios mundiales que brindan los bosques.

Al final, tenemos como tarea hacer que las mujeres participen en el proyecto, porque son ellas las que llevan el mayor peso en sus hogares. Y son ellas las que llevan la mayor responsabilidad de educación de los jóvenes y en consecuencia no se puede subestimar su papel en el cambio de actitud de la comunidad.

Referencias bibliográficas
INRENARE 1994. Decreto áreas silvestre protegida de Kuna Yala. Panamá, Panamá.

PEMASKY/AEK 2000a. Plan general de manejo forestal: Narganá/Akuanusadup. Narganá, Comarca Kun aYala, Panamá.

PEMASKY/AEK 2000b. Plan de capacitación y extensión forestal comunitaria. Panamá, Panamá.

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Publicado en: OIMT Actualidad Forestal Tropical 9/4 2001. pp.10-11