Periodista y economista ambiental
Investigador y
activista en temas socio ambientales
19 de abril de 2024
A fines de enero, se develó en Mongabay, un medio digital ambiental, un caso alarmante de un esquema de mercados de carbono turbio que afirmaba falsamente estar respaldado por las Naciones Unidas. Empresas extranjeras convencían a lideres indígenas de Bolivia, Perú y Panamá de ceder sus derechos sobre los bosques, en particular sobre el carbono que capturan y almacenan, con la finalidad de vender diferentes bonos de dichos servicios ecosistémicos. En Bolivia, aquel esquema que denuncia Mongabay abarca 8,3 millones de hectáreas de territorios indígenas, el equivalente a dos veces la superficie del departamento Tarija, que se encuentra al sur de Bolivia. Poco o nada de aquel esquema ha sido divulgado en medios bolivianos. Las autoridades nacionales y departamentales no han tomado hasta la fecha ninguna acción para investigar este caso de fraude sobre el que tres instancias de las Naciones Unidas ya se han pronunciado, denunciando que nunca avalaron dichas iniciativas.
Esta alarmante noticia no es un caso aislado en Bolivia, sino que es la punta de lanza de una serie de esquemas de mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra, en particular aquellas orientadas a la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+).
En muchos casos, se
trata de esquemas de mercados de carbono que contravienen la Ley de Derechos de
la Madre Tierra (Nº71) y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien (Nº 300). Según la Ley Nº71, es un principio de obligatorio
cumplimiento la “No mercantilización. Por el que no pueden ser
mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan,
ni formar parte del patrimonio privado de nadie” (art.2). Este principio lo
ratifica y amplía la Ley Nº 300 que es una ley Marco: “No Mercantilización de
las Funciones Ambientales de la Madre Tierra. Las funciones ambientales y
procesos naturales de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, no
son considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre
Tierra” (art.4.2).
LA LÓGICA PERVERSA DE REDD+ Y LOS MERCADOS DE CARBONO
Bolivia, desde 2007, lideró una posición anti-mercados de carbono a nivel de las negociaciones cambio climático en las Naciones Unidas. Esta oposición a los mercados de carbono se basó en la constatación de que los certificados de reducción de emisiones o bonos de carbono son permisos para seguir contaminando. La lógica de los mercados de carbono es muy perversa: si a una empresa o país no le conviene reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero por razones económicas, puede comprar certificados de reducción de emisiones de otra empresa o país que si lo está haciendo. En otras palabras, los bonos de carbono son una forma de hacer trampa y no cumplir con la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un momento en el cuál el planeta está alcanzado un incremento de casi 1,5ºC según la Organización Meteorológica Mundial.
Uno de estos mercados de carbono está vinculado a los bosques y se denomina REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques). Como su nombre lo indica, su principal componente es reducir la deforestación de los bosques y las emisiones que ello provoca, las cuales en el 2019 se estimaban que representaron cerca del 11% de todas las emisiones de gases a efecto invernadero. Sin embargo, dado que evitar la deforestación es considerado como una de las formas más baratas de reducir emisiones de carbono, es uno de los principales rubros de los mercados de carbono y entre 2018 y 2022, REDD+ representó entre 20 y 50% de las certificaciones de carbono emitidos en el mundo. Su lógica es la siguiente: si un país deforesta 100.000 hectáreas al año y consigue deforestar solamente 80.000 hectáreas, entonces puede emitir bonos de carbono por las toneladas de dióxido de carbono que esas 20.000 hectáreas de bosques dejarán de emitir al no ser deforestadas. Un bosque que no está amenazado de ser deforestado, no genera certificados de reducción de emisiones. En otras palabras, si los bosques están absolutamente conservados, la lógica de los mercados de carbono de REDD no se aplica. A mayor deforestación, mayor cantidad de certificados de reducción de emisiones se pueden poner a la venta porque la línea base de deforestación es muy alta.
El proceso de venta de bonos de carbono no es nada sencillo. Es necesario delimitar el área boscosa que está sujeta a deforestación; cuantificar los tipos de árboles presentes en esa superficie, las emisiones que capturan y emiten al ser deforestados; presentar una línea base de deforestación anual y un plan de reducción de esa deforestación. Esa delimitación y medición en términos de gases de efecto invernadero la realizan consultoras o empresas que ganan mucho dinero por ese trabajo. Luego está el proceso de lograr que una certificadora internacional acreditada certifique que efectivamente esas son las emisiones de gases de efecto invernadero que se van a dejar de emitir. En el mundo, existen un par de empresas que se dedican a dichas certificaciones, de la cual la principal y responsable del 42% de la certificación de emisiones de carbono es Verra Carbon Standard. Aquella está en el corazón de un escándalo, que no solo la involucra, y que ha sacudido los mercados de carbono desde inicios del 2023. Estudios independientes han evidenciado que tan solo 6% de los certificados de carbono que certificó Verra están efectivamente vinculados a una reducción de emisiones y que en promedio exageran en 400% los niveles de reducción de emisiones alcanzados. Aquello ha deteriorado la confianza en los mercados de carbono y confirma el bajo potencial de reducción de emisiones de REDD+ y evidencia su carácter prácticamente fraudulento.
Empresas extranjeras convencían a líderes indígenas de Bolivia, Perú y Panamá de ceder sus derechos sobre los bosques, en particular sobre el carbono que capturan y almacenan.
La siguiente etapa del proceso de establecimiento de un esquema REDD+ consiste en la comercialización de los créditos de carbono y en la distribución de las ganancias que genere. Así mismo, es necesario presentar un esquema de distribución de beneficios entre todos los actores que están en dicha área boscosa: indígenas, menonitas, ganaderos, soyeros, gobierno municipal, gobierno nacional, etc. El mayor beneficio de REDD+ va sobre todo a quienes más deforestan para que tengan un incentivo para dejar de deforestar. Luego de cumplir todos estos requisitos, que toman varios años y cuesta mucho dinero, recién se emiten los bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones. Ese es el momento de la verdad: varios proyectos se han hecho bajo el cálculo de 20 dólares americanos (USD) por toneladas de CO2e pero en la realidad sólo consiguen 5 USD o simplemente no pueden vender sus bonos de carbono porque no hay mucha demanda debido a que las “contribuciones” de reducción de emisiones del Acuerdo de París de cambio climático son muy bajas. De hecho, desde años se emiten muchos más créditos de carbono de los que se compran, al punto que en 2023 se emitieron casi 2 veces más créditos de carbono de los que se compraron. Vale la pena aclarar que los créditos de carbono comprados en muchos casos eran créditos mucho más antiguos y los precios de venta para los créditos asociados a REDD+ estaban en promedio en USD 3.05 la tonelada, lo que equivale a un valor global de transacciones inferior a los USD 250 millones. En el proceso quienes se aseguran grandes ingresos son las empresas y consultoras intermediarias que hacen la preparación, medición y certificación de los proyectos de REDD+.
Estas empresas y consultoras intermediarias son las que normalmente toman la iniciativa de buscar a las autoridades y dirigentes de un territorio boscoso para que les firmen un convenio que puedan mostrar para conseguir financiamiento. El proceso se realiza con grandes y descomunales ofrecimientos. De repente una comunidad o un territorio indígena se ve ilusionado con la oferta de que va a recibir decenas o cientos de miles de dólares por sólo mantener su bosque. No tiene que hacer prácticamente nada, sólo firmar un convenio donde otorga a la empresa intermediaria cierto tipo de derechos sobre su territorio indígena para que el intermediario busque inversionistas. En muestra de la buena fe, la empresa intermediaria regala a la comunidad unas motos, semillas o algo de dinero. La mayoría de los miembros de la comunidad o el territorio indígena no están enterados ni han sido consultados previamente de manera libre e informada para dar su consentimiento. Algunos dirigentes caen presas del engaño mientras otros son fascinados por las prebendas.
EL AVANCE DE LOS PROYECTOS REDD+ EN BOLIVIA
Desde 2006, el Gobierno de Bolivia se ha venido oponiendo a los mercados de carbono y a REDD+ por las razones anteriormente expuestas. En 2010 organizó la Cumbre de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Allí se sentaron las bases de lo que fue la Ley Nº 71 y posteriormente la Ley Nº 300. Esta última dice de manera categórica: “Todos los planes y programas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), estarán enfocados en la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, por lo que no incluirán mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de carbono” (art 35.2).
Sin embargo, desde hace unos años, existen en Bolivia varios proyectos REDD+, que emiten cantidades limitadas de créditos de carbono, y que en muy raras ocasiones logran vender sus créditos, en pequeñas cantidades y a precios muy bajos. Se trata de esquemas de superficies chicas, privados o comunitarios, y que quedan al margen de la Ley y la mayoría sometidos para certificación a Verra Carbon Standard. En total, ante Verra se trata de 5 proyectos REDD+ , 4 en proceso de validación para iniciar la certificación de carbono y 1 con su validación concluida y certificando créditos de carbono desde 2011. En total estos proyectos abarcan cerca de 3,6 millones de hectáreas, el equivalente a la superficie del departamento de Tarija. De esos 5 proyectos, 4 son impulsados por empresas y uno, el único vigente que abarca 235 ha y está impulsado por un individuo.
El principal de esos proyectos, que abarca cerca de 3,5 millones hectáreas es impulsado por una empresa extranjera se denomina Green Carbon y pretende estar vigente hasta el 2047. Esta iniciativa arrancó en el 2016 y está asociada con la CIDOB y 5 territorios indígenas (TCO Isoso, TIPNIS, Monte Verde, Lomerio e Itonoma). En el sitio web de GreenCarbon Bolivia no hay mayor explicación de sus proyectos, pero en el sitio web de GreenCarbon internacional se dice claramente que se trata de proyectos REDD+ en Bolivia. Aún está en etapa de verificación por la empresa certificadora de créditos de carbono Verra. Se trata de una iniciativa pretender poder generar de forma anual más de 12.3 millones tonelada de créditos de carbono. Aquello no es poca cosa, ya que equivale al 16% de los certificados de carbono emitidos en temas de Bosque en el 2023. Aunque no se ha transparentado la repartición de los beneficios entre los diferentes actores de dicha iniciativa, establece que las comunidades indígenas cedan hasta el 2027, a una empresa extranjera, todos sus derechos sobre las emisiones de carbono evitadas que genere. Mas allá de la legalidad dudosa de este proyecto, su magnitud es alarmante y podría generar el interés de otras empresas que ven como gran oportunidad de negocio el surgimiento de la deforestación en Bolivia.
Las autoridades nacionales y departamentales no han tomado hasta la fecha ninguna acción para investigar este caso de fraude sobre el que tres instancias de las Naciones Unidas ya se han pronunciado, denunciando que nunca avalaron dichas iniciativas.
Los proyectos de mercados de carbono están avanzando de manera engañosa y peligrosa en Bolivia, con firmas de convenios y documentos que no son de conocimiento de todos los integrantes de los territorios indígenas y en base a falsas promesas que violan los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra.
La obligación de las autoridades nacionales, el legislativo, la fiscalía, y la procuraduría es investigar, procesar y sancionar a estas empresas y consultoras que están violando la Constitución Política de Bolivia que claramente establece: “Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad” (art. 357).
El
Estado Plurinacional de Bolivia está siendo avasallado por los ‘’Green
cowboys’’ de los mercados de carbono bajo vista y paciencia de quienes están
llamados a defenderlo. Sólo la vigilancia y participación de los pueblos
indígenas y la sociedad civil en su conjunto puede poner freno al engaño de los
mercados de carbono en Bolivia.
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Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Nómadas.
