Por David Barton Bray
La pequeña organización no
gubernamental mexicana Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), ha tenido muy
buenos años últimamente. En 2008 fue pionera en la apertura del mercado
“voluntario” del carbono en México, vendiendo créditos de carbono de 10
comunidades rurales a corporaciones y otros compradores mexicanos. La Comisión
Nacional Forestal de México (CONAFOR) destacó los logros de SAO en la
conferencia de 2010 de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en
Cancún. Como resultado de ello, la Fundación Coca Cola entregó a SAO un cheque
por unos US$150.000, que representaban el costo de plantar árboles en
compensación por el dióxido de carbono generado por los aviones que
transportaron a los delegados de todo el mundo a México. Para las cinco ONG y
organizaciones comunitarias que fundaron SAO e invirtieron años de trabajo en
ella, todo esto significó que su apuesta rindió frutos. Caficultores pobres y operaciones
madereras comunitarias pasaron a convertirse en actores de sofisticados
mercados de carbono forestal, y eran reconocidos por hacer su parte para
capturar las emisiones que estaban calentando la atmósfera. Pero llegar a este
punto no fue fácil, y aún quedan muchas complicaciones por superar.
SAO obtuvo su personería
legal en el 2000, un buen momento, según se percibía, para ingresar en los
mercados de carbono. El protocolo de Kioto suscrito tres años antes
parecía haber abierto las puertas mediante su Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL). La idea era permitir que las industrias contaminantes en los países
desarrollados decidieran respecto al método más rentable de reducir sus
emisiones de carbono optando, por ejemplo, entre invertir en fuentes alternativas
de energía (tales como eólica o solar) o en pagar a otros en un país en
desarrollo para compensar por sus emisiones mediante actividades tales como
plantar árboles, resultando en los “créditos de carbono” antes mencionados. La
exótica noción de créditos de carbono se enraíza en la necesidad de encarar el
calentamiento global. Comúnmente los científicos no están de acuerdo en muchas
cosas, pero la vasta mayoría de quienes estudian el clima proyectan que si las
emisiones continúan al ritmo actual, las temperaturas del planeta podrían
aumentar entre 2 y 11 grados para el 2100, los mares podrían subir entre 1 y 6
metros, y las sequías masivas podrían convertirse en algo aún más frecuente que
en la actualidad. De hecho, las cubiertas polares de hielo se están derritiendo
más rápido y eventos climatológicos extremos están ocurriendo antes de lo
proyectado, lo que sugiere que los científicos han sido conservadores.
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| Antonio
Santiago Ruíz poda un pino joven en un área reforestada de La Trinidad, Oaxaca. |
Las clases elementales de ciencias
enseñan cómo las plantas, por medio de la fotosíntesis, convierten el dióxido
de carbono en compuestos orgánicos que constituyen la planta. Cerca de la mitad
de la biomasa de las plantas es carbono. Esta captación de carbono de la
atmósfera es un “servicio ambiental” que ayuda a estabilizar el clima global. A
medida que los árboles son talados y quemados para crear espacio para la
agricultura, el carbono almacenado en ellos por medio de la fotosíntesis es
liberado en la atmósfera. Se estima que la deforestación es la fuente de
alrededor del 20 por ciento de todas las emisiones mundiales de carbono. Esto
muestra la urgencia de crear incentivos para preservar los bosques y plantar
más árboles. Por tanto fue lanzado un lento y penoso esfuerzo por crear
mercados para el carbono forestal —tanto mercados de “cumplimiento” en virtud
de MDL, como los así llamados mercados voluntarios, donde los estándares son
más flexibles. La nueva iniciativa mundial denominada REDD+ (Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación más conservación, gestión forestal
sostenible y aumento de las reservas de carbono) contempla un mercado de
cumplimiento, estrictamente regulado por protocolos internacionalmente
acordados. Los arquitectos de REDD+ están observando la masiva multiplicación
de modelos como SAO para capturar carbono.
Quienes fundaron SAO tenían
experiencia en captura de carbono, aunque hasta el 2000 solo en relación con el
café de sombra y la producción de madera. Varios fundadores trabajaron como
asesores y personal para la Coordinadora Estatal de Productores de Café (CEPCO)
y los productores de maderas de la Unión Zapoteco- Chinanteca (UZACHI),
organizaciones que habían recibido apoyo de la Fundación Interamericana. De
modo que parecía lógico que un siguiente paso fuera explorar la posibilidad de
ingreso de otro producto de sus fincas y bosques. Rápidamente la Fundación Ford
invirtió en esta nueva idea y otorgó a SAO un apoyo modesto para organizar una
oficina y comenzar a educar a las comunidades sobre este extraño y etéreo
producto capturado por el bosque: toneladas métricas de dióxido de carbono.
Otros donantes siguieron el ejemplo, y SAO llevó a cabo talleres en comunidades
atendidas por CEPCO y UZACHI para incorporar voluntarios en la nueva
iniciativa. La rara propuesta despertó sospechas; las asambleas de miembros de
la comunidad, poseedores de título legal de la tierra, muchas veces temieron
que se tratara de una elaborada trama para sacarles sus tierras. Finalmente,
durante el 2002 y el 2003, 10 comunidades dieron el paso al frente, dispuestas
a asumir el riesgo. Sus residentes, que vivían de la producción de café y
madera, en su mayoría eran pobres y de ascendencia indígena. Hablaban zapoteco,
chinanteco y mixe y tenían mucho que aprender sobre el lenguaje de los mercados
internacionales de carbono.
Los beneficios iniciales finalmente
comenzaron a llegar en 2003 y 2004, cuando CONAFOR comenzó a calentar el motor
para proyectos de carbono forestal mediante la financiación de organizaciones,
tales como SAO, que proporcionaban asistencia técnica y plantación subsidiada de
árboles por la comunidad. Entonces, la incertidumbre en los mercados
internacionales de carbono hicieron que CONAFOR endureciera los requisitos y para
el 2008 el programa se había acabado. A las ONG que ofrecían asistencia técnica
se las alentó a encontrar compradores por sí mismas, lo que no era fácil. “SAO
fue diseñada para alcanzar el mercado internacional pero por el camino
descubrimos que ello era extremadamente complicado en virtud de MDL. Así que
nos dimos cuenta de que ese no era el camino para nosotros”, destacó Carlos
Marcelo Pérez González, uno de los fundadores de SAO y su coordinador desde
2003. Así se inició la búsqueda para estimular un mercado mexicano voluntario,
una clientela nacional interesada en la combinación propuesta por SAO de conservación
tradicional comunitaria y desarrollo, brindando además compensaciones de
carbono cuantificables.
La IAF entró en la escena en 2006, lo
que permitió a SAO expandir su apoyo a las 10 comunidades. El desarrollo de la
destreza para maximizar la captura de carbono incluyó el mejoramiento de la
capacidad de las comunidades para manejar los bosques tanto para el carbono
como para otros usos. Esto implicó largos procesos participativos de zonificación
de la tierra para agricultura y bosques, elaboración de normas, creación de
viveros y el uso de sistemas manuales de posicionamiento geográfico para marcar
los límites de los bosques en imágenes remotas. Mediante múltiples talleres, miembros
de la comunidad con una educación primaria aprendieron sobre el ciclo del
carbono y el concepto de pago por plantar árboles y proteger los bosques.
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Reforestación en La Trinidad.
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Las comunidades, con nombres de
difícil pronunciación como Santa María Tlahuitoltepec y San Miguel Malinaltepec,
están en la escarpada sierra de Oaxaca. Ellas figuran entre las miles de
comunidades, indígenas y no indígenas, que poseen el 60 por ciento de los bosques
de México. Sus sólidas instituciones de gobernanza están enraizadas en la
tradición ancestral y en la ley agraria contemporánea. La propiedad de sus
territorios, asegurada por titulación clara concedida en virtud de la
constitución mexicana, es un aspecto decisivo de sus vidas, asegurando su
identidad y su lugar en el mundo. Sólidas normas de cooperación son reforzadas mediante
reglas estrictas promulgadas por asambleas comunitarias y autoridades electas.
Estos mexicanos también se distinguen por una tradición de servicio obligatorio,
conocido como tequio, que proporciona la mano de obra para mantener la
infraestructura de la comunidad. En años recientes, como consecuencia de una
mayor conciencia de la importancia de la administración del medio ambiente en
el contexto contemporáneo, ellos incorporaron prácticas conducentes a la
certificación de su café como orgánico y de sus madereros como bien manejados.
El personal de SAO sabía a partir de
su experiencia con café y madera que el trabajo con las comunidades requiere
una cuidadosa atención a sus instituciones de gobernanza. Cuando se plantan
árboles en tierras comunitarias, la asamblea general compuesta por todos los residentes
legales debe entender y aprobar la actividad. Y aunque el café es cultivado en
parcelas asignadas a familias específicas, la mayoría de las comunidades tiene
cooperativas cuyos miembros-productores tuvieron que ser capacitados y
consultados. Nuevas prácticas para almacenar carbono debían ser dominadas para
cada ecosistema; árboles jóvenes tenían que ser plantados en áreas degradadas y
los bosques debían ser raleados y manejados para una acumulación más rápida de
carbono, pero sin perjudicar la biodiversidad. En sistemas de agrosilvicultura
del café, SAO tuvo que trabajar con cultivadores individuales en el
enriquecimiento de la sombra con árboles frutales que eliminaban el carbono del
aire y agregaban diversidad a la dieta, y en plantación de setos vivos para
controlar la erosión del suelo. En comunidades productoras de madera, como La
Trinidad, el cálculo de la rotación de la cosecha para acumular carbono requirió
estrechas consultas con los administradores de bosques comunitarios. SAO
realizó además un trabajo de desarrollo más amplio, organizando, por ejemplo,
grupos de mujeres para vender resinas de árboles. Ofrecer la capacitación
intensiva requerida para producir créditos de carbono, implica un costo no
cubierto en el precio de mercado. Los avances en biodiversidad y en educación y
organización relacionados con un proyecto de carbono se conocen como “cobeneficios”,
que van más allá del negocio principal de producir carbono. Aunque los
compradores pueden apreciar estos cobeneficios, no están necesariamente dispuestos
a pagar por ellos.
Debido a los costos y desafíos de
trabajar con comunidades, solo una minoría de proyectos de carbono las
incluyen, como Ecosystem Marketplace [mercados ambiéntales] lo destacó en su
informe de 2011, Estado de los Mercados del Carbono Forestal.
Pero las complejidades de trabajar con comunidades quedaron eclipsadas en
comparación con lo que SAO encontró al probar los rigores del mercado de cumplimiento
y luego la turbulencia de los mercados voluntarios. En gran medida, el carbono
forestal había sido dejado fuera del MDL. Muy pocos proyectos que involucran el
carbono forestal han sobrevivido al proceso de aprobación de MDL debido a las
preocupaciones sobre permanencia —los bosques pueden quemarse— y “fuga”, una
referencia a lo que sucede cuando la conservación en un área boscosa induce a
los agricultores a deforestar otra. En contraste, una fuente alternativa de
energía para una fábrica implica una reducción actual permanente de emisiones
de carbono. Así, la mayor parte de la acción con el carbono forestal no ha
estado en el mercado de cumplimiento creado por MDL, sino en el mercado voluntario.
El carbono forestal fue rescatado de un olvido casi completo en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Bali en 2007, cuando
representantes de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea lanzaron un llamado dramático
a la inclusión de los bosques en las negociaciones, dada su importancia en
numerosas naciones en desarrollo. Esto condujo a las actuales conversaciones
internacionales que involucran a REDD+, mencionada anteriormente.
Dado que el carbono forestal es un
producto invisible a los consumidores, un esfuerzo extraordinario, con elevados
costos de transacción, va en la creación de una cadena de documentos destinada
a tranquilizar a los inversionistas. Primero, el vendedor que desea comerciar
en el mercado internacional tiene que optar entre una confusa variedad de estándares
para la cuantificación del carbono forestal. Cada estándar tiene una metodología
particular que guía el cálculo de una situación preexistente de reserva de
carbono, proyecciones de una circunstancia “continuista” (es decir, qué pasaría
si no existiera el proyecto), medición y monitoreo de existencias de carbono, y
evaluación de fuga, entre otros elementos de gran exigencia técnica. El Estándar
Verificado de Carbono (EVC), el más ampliamente utilizado, incluye un rango de
metodologías aplicables a casos específicos, de donde un vendedor prospectivo
debe elegir. Otros estándares proporcionan mayor o menor flexibilidad que
permite a los promotores del desarrollo conformar sus propias metodologías sujetas
a revisión técnica y aprobación por parte de auditores. Para demostrar que el
proyecto planeado responde tanto al estándar como a la metodología, el vendedor
debe producir un “Documento del Proyecto” (DP) detallado. Un auditor acreditado
debe estudiar el documento, realizar una visita en el terreno para confirmar las
actividades descritas y emitir una opinión para “convalidar” el proyecto —pagado
por el proponente. El Grupo Ecológico Sierra Gorda, ONG mexicana que trabaja
con agricultores del estado de Querétaro, necesitó tres años para obtener la
convalidación en virtud de EVC y, para los cobeneficios sociales y ambientales,
en virtud de los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB). La
convalidación habilita a un proyecto a ser inscrito en un registro central, lo
que provee una plataforma legal para el intercambio entre comprador y vendedor.
¡Pero aun no terminó! En virtud de ciertos
estándares, la producción real de crédito de carbono debe ser “verificada” a
través de “MRV,” o un constante monitorear, reportar y verificar interno, y
luego una auditoría que incluye la visita a una localidad aproximadamente cada
cinco años mientras dure el proyecto. Los protocolos propuestos para el mercado
de cumplimiento exigen 100 años de monitoreo luego del período en el cual
los créditos fueron emitidos. Los estándares para los mercados voluntarios
típicamente requieren que MRV dure entre 30 y 50 años. Además del carbono,
algunos compradores desean que los cobeneficios sean convalidados y
verificados, como en el caso de Sierra Gorda y pagan un extra por la
documentación adicional y las MRV en curso.
Todo esto y más llevó al Munden
Project, grupo que ha analizado ampliamente el desarrollo de los mercados de
carbono, a la conclusión de que “el comercio de carbono forestal es
impracticable del modo en que actualmente está construido” y que “el enfoque
basado en el producto está en desacuerdo con los beneficios de desarrollo que
se prevé que REDD genere”. Incluso cuando el mercado funciona, a las
comunidades que capturan pequeños volúmenes de carbono les irá igual que a los
productores que venden pequeñas cantidades de cualquier producto agrícola en
mercados dominados por intermediarios. Reciben una porción minúscula del precio
final, y poco queda para invertir en el desarrollo comunitario.
Entonces, ¿cómo le ha sido posible a
una pequeña ONG como SAO sobrevivir frente a esta complejidad? Gracias a haber
estado a la vanguardia de la experimentación con métodos y arreglos
institucionales conducentes a la creación de un mercado voluntario en México, y
desvaneciendo la línea entre la conservación y el desarrollo comunitario
tradicionales y proyectos centrados en compensaciones de carbono forestal.
Andar en este camino le ha permitido a SAO, por lo menos por ahora, evitar la
paralizante y onerosa complejidad de los mercados internacionales que bien
podrían ser etiquetados como “sitio en construcción”. En el diseño de su inventario
inicial, por ejemplo, usa un método que J. Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, que
ahora trabaja para la ONG Pronatura México, derivó de estándares desarrollados por
el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) (como son las mayoría de
los estándares). “Me tomó cinco años desarrollar el modelo”, Ordóñez explicaba recientemente,
“pero entonces nos dimos cuenta que era muy difícil para la persona promedio.
Entonces lo adapté como una simple planilla de Excel. Ahora un miembro de la
comunidad puede medir el diámetro, la altura y el contenido de carbono de los
árboles, y si conoce el crecimiento por hectárea puede calcular la captura de
carbono. Las tablas de cálculo son muy simples y la capacitación se lleva a
cabo en la lengua indígena de la comunidad”. El método de Ordóñez no ha sido aún
convalidado o verificado por una autoridad independiente como lo requieren los
estándares internacionales. Su único reconocimiento proviene de CONAFOR, que
está muy consciente del conflicto planteado por su interés en el éxito de SAO.
Así que por ahora un mecanismo más flexible y rápido ha sido creado, pero que aún
no está listo para los mercados internacionales.
Sin embargo, con trabajo de Ordoñez y
Pronatura, el método fue lo suficientemente válido para su aceptación en la
apertura del mercado voluntario mexicano para los productores de carbono de
SAO. Luego de que SAO y Pronatura cortejaran asiduamente al sector empresarial en
2008 y 2009, tres grandes corporaciones —Televisa, Gamesa (una panadería
grande) y Laboratorios Farmacéuticos Chinoin— así como la Oficina del Presidente
de México y varios individuos, compraron bonos de carbono. La primera gran
venta de SAO, en mayo de 2008, movilizó más de 15.000 toneladas métricas a
US$10 la tonelada, (cuando la tasa promediaba los unos US$3,80 la tonelada).
Para fines de 2011, SAO había vendido 104.842 toneladas métricas de carbono por
un total de casi US$647.000. SAO y Pronatura retienen cada uno el 10 por ciento
del ingreso, que no cubre gastos operativos, mientras las comunidades reciben 80
por ciento. Por razones fiscales, las empresas mexicanas compran solo el
volumen de un año de carbono por vez, aunque informalmente se han comprometido por
períodos más prolongados. Así, la práctica actual no obliga a las comunidades a
proteger los bosques por más allá de un año. Entonces, ¿cuál es el riesgo de
que ellos simplemente los talen en los años siguientes si necesitan la tierra
para el maíz?
En enero visité la comunidad de San
Bartolomé Loxicha, una socia de SAO en la Sierra Sur de Oaxaca, a pocas horas de
la ciudad de Oaxaca, para explorar esta cuestión. Prescindí de la carretera
principal, viajando por difíciles rutas no pavimentadas hacia la costa del Pacífico
a través de un escarpado paisaje de montaña con anchas franjas de tierras
agrícolas degradadas donde agrobosques de café proporcionan mucho de la cobertura
sobreviviente. San Bartolomé es una comunidad indígena zapoteca de unos 2.500
habitantes, cuyo título de la tierra data de 1712 y cuya posesión se remonta
siglos antes de ello. Casi todos en la comunidad se ganan la vida con mucho
esfuerzo, cultivando maíz y café. Frecuentemente las cosechas no alcanzan a
brindar sostén para un año completo, por lo que los ingresos de miembros de la
familia que han emigrado al norte mexicano y a EE.UU. compensan el déficit.
A pesar de su pobreza material, San
Bartolomé es rico en comunidad y territorio. Los miembros de la comunidad están
inmensamente orgullosos de sus cerca de 17.000 hectáreas de valles fluviales,
amplias laderas y cimas de cordillera, y muy conscientes de siglos de
ocupación. Tradiciones indígenas ancestrales se combinan con instituciones
regidoras establecidas en virtud de la ley mexicana de reforma agraria para hacer
de la asamblea de todos los residentes legales de San Bartolomé un poderoso
vehículo de cohesión. Ésta puede exigir un estricto acatamiento de las normas y
de nuevos reglamentos a cambio de derechos individuales sobre recursos del territorio.
Otra institución sólida es el tequio, al que anteriormente se hizo
referencia, el cual, de acuerdo con un documento de planificación de 2005, “nos
fortalece, nos conecta socialmente y es la expresión de la voluntad de ser
parte de nuestra comunidad”.
Cuando realicé mi visita, Amadeo Cruz
Antonio, jefe del Consejo de Vigilancia, una de las entidades de gobierno
elegidas por la asamblea de San Bartolomé, se reunió con nosotros con
tradicional cortesía en la modesta oficina de la dirigencia comunitaria. Posteriormente,
ese día y el siguiente, él y otros nos condujeron en una gira por las 830,4
hectáreas de bosques y cafetales que ahora están siendo manejados para acumular
carbono. Él explicó cómo una nueva atención hacia los bosques y fincas fue
estimulada por las ventas de carbono. “Después que el huracán Paulina derribó
la mayor parte del bosque”, explicó Amadeo, refiriéndose a la devastación
desatada en 1997, “el pino volvió pero también replantamos, y esto está todo protegido
ahora. El bosque nos da vida, nos da oxígeno y limpia la contaminación de las
fábricas. SAO nos ha ayudado a comprender esto y nosotros se lo explicamos a
nuestra gente. Pero incluso si no estuviéramos haciendo esto con SAO, éste es
nuestro bosque comunal, y de acuerdo con nuestros reglamentos, nosotros no podemos
talarlo”.
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Anuncio de la venta de créditos
de carbono de Café Mileno a
Gamesa, una gran panadería mexicana. |
Mientras visitábamos varias parcelas
bajo gestión para la captura de carbono, Amadeo explicaba el modo en que la
comunidad ha utilizado su ingreso de la venta de carbono: 70 por ciento es
reinvertido en el bosque, 20 por ciento es invertido en proyectos comunitarios y
10 por ciento sufraga los gastos incurridos por las autoridades comunitarias.
Pero aquí nada es gratis. El proyecto del carbono depende del tequio normalmente
no pagado para el considerable trabajo de plantación y mantenimiento del bosque
requerido para asegurar la acumulación más rápida de biomasa. Para la
substancial mano de obra adicional requerida, los miembros de la comunidad
reciben US$12 por día, el jornal corriente para trabajo de finca, un ingreso
modesto que permite que algunos permanezcan en San Bartolomé en lugar de
emigrar. Hay rotación en la tarea de modo que cada uno de los 500 miembros
legales de la comunidad tenga la oportunidad de trabajar y ser compensado en
efectivo algunas semanas por año.
Prácticas diferentes son necesarias en
los cafetales. Los líderes de la organización de caficultores, ostentosamente llamada
Café Milenio, nos llevaron a visitar los sitios donde sus miembros producen
café certificado como orgánico y ahora también árboles que capturan carbono.
“Zonas de conservación” es como Israel Cruz García, de 37 años, presidente de
Café Milenio orgullosamente llama a las áreas que comprenden las parcelas
plantadas de árboles de sombra, importantes para la biodiversidad, en paisajes
de otro modo caracterizados por parches aislados de bosque. “Antes, en el tiempo
de nuestros abuelos, ellos tenían reglas”, explicaba él mientras se paraba
junto a uno de los nuevos viveros de árboles de la organización. “Luego ellos
pararon, quemaron en cualquier parte, talaron árboles por todos lados. Pero con
SAO nosotros recuperamos esas reglas y formulamos nuestros reglamentos
comunales. Ahora tenemos una cultura de conservación. Nadie puede entrar a una parcela
para cazar o remover un árbol vivo. Incluso se requiere permiso para sacar madera
muerta para leña. Nos viene bien porque ahora tenemos una cultura orgánica.
Hacemos esto porque amamos a nuestros hijos. Los niños sufrirán si hacemos mal
las cosas y acabamos con el venado, los pájaros, el bosque. Mañana no lloverá y
no habrá agua. Nosotros ya no estaremos, ¿y quién sufrirá sino nuestros niños? Es
por eso que cuidamos nuestras parcelas de cafeto y el bosque”.
SAO tiene muchos admiradores. “Pienso
que el trabajo de SAO es excelente”, comentaba David Ross, un asesor del Grupo
Ecológico Sierra Gorda, después de su primera visita. “Me impresionó mucho la
forma en que trabaja con comunidades enteras, la forma en que sus técnicos
vienen de esas comunidades indígenas, y que las organizaciones comunitarias
existentes se hacen cargo del proyecto”. La nueva cultura de conservación
promovida por SAO asegura una permanencia que trasciende aquella que sería
exigida en los contratos para mercados internacionales para carbono forestal.
Los compradores mexicanos están convencidos de que las comunidades no estarán
talando los bosques para el maíz, y están dispuestos a invertir en los “cobeneficios”
de tal cultura. SAO debe aún encontrar su camino a través de un matorral de
complicaciones para sobrevivir, para continuar apoyando sus 10 comunidades colaboradoras,
y para ampliar su influencia. Hasta ahora, los mercados mexicanos han
funcionado en base a un alto grado de confianza. Representantes de clientes empresariales
mexicanos de SAO han visitado SAO y sus comunidades, han visto los bosques y
los árboles de sombra en los cafetales, y han sido testigos de los múltiples cobeneficios
de su inversión. Los actuales tratos de CONAFOR con Pronatura México y SAO
también han avanzado en una atmósfera de confianza.
Pero para que el mercado mexicano
crezca, su estructura no debe depender solo de la confianza. Aspectos de esta
fase experimental desencadenarían conflictos de intereses en mercados
internacionales, y estos deben ser resueltos y aclarados. CONAFOR está trabajando
actualmente en un marco para la convalidación y verificación para el mercado
mexicano que podría también ser internacionalmente aceptable, así como un
registro nacional transparente. También está adaptando estándares internacionales
para un mercado nacional de “solidaridad” caracterizado por la flexibilidad y
la confianza. El propio papel de SAO en el mercado debe ser mejor definido.
Actualmente actúa como el vendedor de créditos de carbono, al tiempo que
prescinde la “propiedad”. Hay planes para organizar a las comunidades socias de
SAO en una sola entidad que pueda vender legalmente los créditos de carbono,
con SAO en el papel de verificador para el mercado mexicano.
Con considerable mesura, el Ecosystem
Marketplace ha señalado que “la futura forma, tamaño y alcance del mercado
global de carbono forestal siguen siendo muy inciertos”. Dada esta
incertidumbre, el informe nota “una tendencia de que las regiones compren créditos
de sus propios patios traseros”. Es en ese patio trasero que SAO ha estado
tanteando sobre cómo los mercados de carbono pueden servir al desarrollo de la comunidad.
Al tratar de conectar la conservación y el desarrollo comunitarios y las
exigencias de los mercados internacionales de carbono, SAO ha agudizado el enfoque
de la discusión sobre cómo pueden los mercados del carbono servir a los pobres.
Como pequeña ONG se ha convertido, junto con el Grupo Ecológico Sierra Gorda,
en pionera del desarrollo de un mercado mexicano que puede convertirse en un
modelo importante para otras naciones en desarrollo con sectores privados substanciales,
tales como Brasil y China. Los planes REDD+ que están siendo desarrollados en
foros mundiales están enfocados en el cumplimiento estricto de protocolos y
asumen que los mercados solos pueden reducir la deforestación y canalizar los
beneficios a comunidades pobres. La experiencia de SAO sugiere que mercados
también pueden ser localizados y construidos sobre compromisos de los sectores
público y privado mexicanos para el desarrollo rural compatible con el uso
responsable de los bosques. No obstante, SAO no ha capitulado en cuanto a
mercados internacionales. “Estamos trabajando en ambas líneas, desarrollando mercados
mexicanos e internacionales”, afirmó Pérez González, coordinador de SAO. “Nuestro
proyecto es sobre el carbono, pero para nosotros el carbono está originando
desarrollo comunitario”.
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David Barton Bray fue
representante de la IAF y es profesor del Departamento de Tierra y Ambiente de
la Florida International University. Él agradece a Leticia Gutiérrez Lorandi, Bryan
Foster, J. Antonio Benjamín Ordoñez Díaz y David Ross por sus contribuciones
para este artículo.
