Por Silvia Ribeiro*
Un reportaje de Max de Haldevang de Bloomberg, reveló que la petrolera BP –intermediada por la ONG Pronatura México y el World Resources Institute de Estados Unidos– pagó sumas miserables para que campesinos en 59 comunidades de Veracruz entraran en un programa de mejorar sus bosques. BP se hizo así con 1.5 millones de créditos de carbono en 200 mil hectáreas, que puede vender por 4 veces o más el valor pagado a las comunidades ( https://tinyurl.com/37ttvrs4). No extraña, como titula el reportaje de Bloomberg, que estas operaciones y los mercados de carbono conexos sean la solución favorita de Wall Street para el cambio climático ( https://tinyurl.com/3hswnxcc).
Complementariamente, la secretaría del ambiente (Semarnat) se sentó en junio de 2022 con varias instituciones intermediarias de los intereses de grandes empresas contaminantes, para discutir cómo afirmar los mercados de carbono voluntarios en México. De la forma más cínica imaginable, Semarnat llamó justicia climática a esta nueva forma de colonialismo ( https://tinyurl.com/47zhnztk).
Ni esos esquemas ni los mercados de carbono han funcionado para enfrentar el cambio climático, al contrario, lo empeoran justificando que continúe y aumente la emisión de gases que lo provocan. Las trasnacionales renuevan la receta con diferentes nombres porque es un tremendo negocio: pagan un poco a comunidades y agricultores y luego revenden los bonos o créditos de carbono que teóricamente generan en esas áreas, multiplicando muchas veces la suma inicial. Sin hacer nada, aumentan sus ganancias. Además, se pintan de verde y afirman que van a la neutralidad climática, o que tienen emisiones cero netas. Conceptos que las organizaciones que realmente trabajan por la justicia climática han llamado La gran estafa, porque es la vía de los grandes contaminadores para retrasar, engañar y negar la acción climática( https://tinyurl.com/mvxymh8p).
México ha sido pionero de estos esquemas coloniales desde hace dos décadas, primero con pagos por servicios ambientales forestales e hidrológicos, financiados por sucesivos gobiernos con dinero público, luego con el programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación) y otros. El papel de los gobiernos fue y sigue siendo abrir, facilitar y subsidiar estos esquemas. El negocio corporativo es vender los bonos generados en los mercados secundarios de carbono, de emisiones, o de compensaciones por biodiversidad.
Un comentario que surge a veces es que no aportan a evitar la deforestación (o el cambio climático, o la pérdida de biodiversidad), pero al menos pagan algo a las comunidades. Pero ese pago que parecía no tener consecuencias, en realidad en muchos casos significó expropiar de hecho bosques y territorios de las comunidades, que ya no pueden decidir por sí mismas cómo usarlos, porque deben seguir lineamientos de certificadores externos para verificar los bonos supuestamente generados. Han creado abundantes conflictos dentro y con otras comunidades (Ver análisis de Ceccam https://ceccam.org/node/548 y https://www.ceccam.org/node/1653).
Nada de esto ha contribuido a frenar el cambio climático, pero además de las ganancias corporativas, también les da dinero las grandes ONGs de conservación que intermedian los proyectos, como Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Pronatura México y similares.
Hay ahora renovada expectativa de las corporaciones por los nuevos mecanismos de mercado en Naciones Unidas, donde las empresas presionan para que además de bosques, se incluyan suelos agrícolas, mares y técnicas de geoingeniería para absorber carbono. Sin esperar a los mercados formales y regulados de Naciones Unidas, ya de por sí dañinos, las empresas ya avanzan el negocio turbio, no regulado, no transparente, que no rinde cuentas y es muchísimo mayor, de los mercados voluntarios de carbono.
El avance de ese mercado voluntario es lo que la Semarnat se sentó a conversar con instituciones privadas que esperan sacar una gran tajada de estas transacciones, las verificadoras, certificadoras e intermediarias. Por ejemplo, la verificadora VERRA, que tiene entre sus asesores a las petroleras Shell y BP. También la ONG Climate Action Reserve, que tiene en su directorio a IETA, la organización internacional de las corporaciones para promover mercados de carbono. Y otras, todas las cuales comparten intereses corporativos.
El tema es muy grave tanto por los impactos y despojos a comunidades y campesinos, como por la privatización de hecho de ecosistemas, biodiversidad y ahora también suelos agrícolas. Es además una trampa letal para no actuar frente al cambio climático, que nos afecta directamente a todas y todos.
* Investigadora del Grupo ETC
Fuente: La Jornada
