¿Quienes son los causantes de la pobreza rural latinoamericana: LOSOTROS o NOSOTROS?

Polan Lacki

Huerto casero de bananos en una comunidad isla de Gunayala. Foto: Gubiler

En mis actividades como extensionista he adquirido la costumbre de formular  las siguientes dos preguntas: 

Primera pregunta: En nuestra América Latina tan privilegiada por sus extraordinarias potencialidades para producir abundantes riquezas e ingresos familiares,  ¿quienes/cuáles  son los principales causantes de la pobreza rural? Las respuestas que recibo con mayor frecuencia mencionan que los principales causantes son el colonialismo, el  imperialismo, el capitalismo, el Banco  Mundial, el FMI, la globalización de los mercados, el neoliberalismo y los subsidios y medidas proteccionistas que los países ricos proporcionan a sus agricultores. Personalmente nunca he estado de acuerdo con  esta actitud muy cómoda de atribuir a los demás la culpa o la causa  de nuestras desgracias. Prefiero tener la humildad de reconocer que nosotros mismos los latinoamericanos, y muy especialmente nosotros los educadores, somos los principales causantes de dicha pobreza y que consecuentemente nosotros mismos deberemos actuar como importantes protagonistas de su erradicación. Considero que la habitual actitud de culpar a los demás es equivocada e inocua/estéril, por las siguientes razones: en primer lugar es equivocada porque la supuesta  incidencia de estos "enemigos externos" en el fracaso económico de nuestros productores rurales es ínfima por no decir nula; y en segundo lugar es inocua porque nuestros gobiernos latinoamericanos, aunque quisiesen,  sencillamente no tendrían la más remota posibilidad de eliminar dichos "enemigos externos". Esto significa que  al insistir en este añejo diagnóstico absolutamente improductivo, por no decir inútil, estamos perdiendo tiempo y oportunidades de ofrecer reales posibilidades de desarrollo a todos los productores rurales. 

Segunda pregunta: ¿Cuáles medidas deberían ser adoptadas para eliminar dicha pobreza? Las respuestas que recibo con mayor frecuencia a esta segunda pregunta son las  siguientes: que los gobiernos latinoamericanos deberían rescindir/revocar los tratados de  libre comercio, realizar nuevamente la históricamente fracasada reforma agraria,  proporcionar a los productores rurales maquinaria y animales de producción, ampliar la oferta de  crédito rural y posteriormente  refinanciar y condonar  las deudas de los agricultores para volverlos nuevamente sujetos de créditos,  subsidiar los costos de los insumos, ofrecer garantías de precios y de comercialización de las cosechas y proporcionar a nuestros agricultores y ganaderos subsidios  y otros apoyos  similares a los que los gobiernos de los países ricos conceden a sus productores rurales. Este planteamiento paternalista es absolutamente demagógico y utópico porque nuestros debilitados gobiernos no tienen la mínima posibilidad de adoptar tales medidas en favor de todos los productores de cada país;  y adicionalmente porque esta "receta" paternalista, siempre que ha sido aplicada, ha demostrado su ineficacia, tal como lo comprueban los muchísimos, gigantescos y muy costosos programas de desarrollo rural ejecutados en América Latina, en los últimos cincuenta años, que no han sido capaces de reducir la pobreza rural.

Personalmente les confieso que estoy cada vez más sorprendido con la falta de "aterrizaje", de realismo, de objetividad y de pragmatismo en las respuestas que he recibido  a las dos preguntas anteriormente mencionadas.

Adicionalmente lo que más me sorprende, en  estos diagnósticos y propuestas de soluciones, es que en  ellos casi nunca  se menciona nuestra educación de bajísima  calidad, como la principal  causante de la pobreza y del subdesarrollo rural; y mucho menos se propone una educación de buena calidad (que deberíamos y podríamos tener) como la más imprescindible, la de menor costo  y la más eficaz eliminadora de la pobreza rural.

Necesitamos deponer estos planteamientos demagógicos, no factibles de ser llevados a la práctica  y reconocidamente ineficaces. Y en su reemplazo necesitamos empezar, inmediatamente, a mejorar la calidad de nuestra educación rural, con el propósito de que los propios productores rurales puedan mejorar su eficiencia y su rentabilidad. Pero que  puedan hacerlo, no con subsidios sino que aplicando las soluciones modernas y eficaces del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la productividad, de la eficiente administración de las fincas, de la profesionalización y organización solidaria de los productores rurales con propósitos productivos y económicos ( y no político-ideológicos ). Con el fin de que los propios productores rurales, debidamente capacitados y organizados,  puedan corregir sus actuales ineficiencias,  empezando por la adopción de aquellas muchas y muy eficaces tecnologías, de bajo o cero costo (conocidos como  insumos del conocimiento ), para  cuya aplicación no se requiere de recursos adicionales a los que ya están disponibles en las propias fincas; sino que dependen apenas de proporcionar a los habitantes rurales una educación más útil, más pragmática, más funcional/instrumental, más relevante/pertinente y más práctica  para convertirlos en productores profesionalizados; y por ende, emancipados del retórico paternalismo gubernamental. 

A propósito de esta posibilidad concreta de reemplazar el paternalismo por una educación de calidad, en mi más reciente artículo titulado "Los pequeños y medianos productores rurales PUEDEN y DEBEN volverse mucho más eficientes" demuestro lo siguiente: que la principal causa de su falta de rentabilidad reside en 10 ineficiencias, elementales y primarias, que los propios productores rurales están cometiendo; no necesariamente por falta de tierras, animales y de créditos, sino que debido a la inadecuación, insuficiencia y obsolescencia de los conocimientos que ellos poseen; conocimientos que nuestro disfuncional e ineficiente  sistema de educación rural debería haberles proporcionado pero no lo hizo y sigue no haciéndolo. Quienes deseen obtener dicho artículo, en forma gratuita, podrán solicitármelo a través del email: Polan.Lacki@onda.com.br

Todo lo anterior significa que, en definitiva, la causa más profunda de los fracasos económicos de los productores rurales pequeños, medianos y  también de los grandes  está silenciosamente instalada en nuestra disfuncional, insuficiente y desactualizada educación rural; y por lo tanto, la solución más eficaz y definitiva para erradicar la pobreza rural  debe consistir en adecuar la oferta educativa de las siguientes cuatro instituciones, a las reales y más inmediatas necesidades de los productores rurales, de sus empleados y de las familias de ambos:

a) De las escuelas fundamentales/primarias rurales, las que no deben seguir siendo rurales apenas en sus nombres/denominaciones sino que deben ser rurales en sus contenidos curriculares, en sus métodos pedagógicos y en su identificación y compromiso con el desarrollo de las comunidades aledañas.

b) De los debilitados servicios de asistencia técnica y extensión rural cuyos extensionistas deberán ser inmediatamente recapacitados para que puedan ejercer con mayor eficiencia y eficacia su noble función educativa directamente en el campo; en vez de permanecer en las oficinas dedicados a la función burocrática de ejecutar largos trámites administrativos para que los agricultores obtengan crédito rural, para refinanciar sus deudas y para condonarlas. 

c) De las excesivamente teóricas y urbanizadas facultades de ciencias agrarias las que, necesitan "desurbanizarse" y  “ruralizar” sus actividades educativas a efectos de que los estudiantes identifiquen las causas reales de la pobreza rural y que formulen y ejecuten con su propio ingenio/creatividad y sus propias manos soluciones agronómicas, veterinarias y zootécnicas, pero que no lo hagan a través de Power points en las aulas,  sino que  directamente en las fincas, comunidades y mercados rurales,  porque allá están los problemas y allá deberán ser resueltos.

d) En las facultades de educación/pedagogía, institutos de formación docente y escuelas normales que están formando, con profundas debilidades y distorsiones, los futuros, muy teóricos e ideológicamente politizados maestros de la educación básica.

Muchas gracias por la atención de ustedes. Les ruego la gentileza de reenviar este mensaje, muy especialmente, a estas  cuatro instituciones educativas recién mencionadas; porque en  ellas está instalada la causa más profunda del subdesarrollo rural; y, por lo tanto, en ellas deberán ser eliminadas dichas causas.  Ahora me despido pero les solicito dedicar unos tres minutos adicionales a leer el siguiente ofrecimiento que aparece en la pantalla:

Ofrecimiento de textos gratuitos que amplían esta mini-conferencia:   Me comprometo a enviar a quienes me lo soliciten textos gratuitos  con recomendaciones  para adecuar los programas  de las instituciones educativas recién mencionadas, a las reales y más inmediatas necesidades de los productores rurales. Los interesados en obtenerlos podrán enviarme sus solicitudes a través del e-mail Polan.Lacki@onda.com.br

A) Textos con recomendaciones concretas para adecuar los contenidos curriculares de las  escuelas fundamentales /primarias rurales a las necesidades de los agricultores:

----El fracaso de una educación, rural y urbana, que ofrece "el circo antes del pan"

----Buscando soluciones para la crisis del agro: ¿en la ventanilla del banco o en el pupitre de la escuela?

----La educación y el subdesarrollo rural:¿Jardines Colgantes de la Babilonia o huertas familiares?¿Enseñar lo exótico o lo UTIL y APLICABLE?

B) Textos con recomendaciones para mejorar el desempeño que los servicios de asistencia técnica y extensión rural:

---Qué haría yo si, 40 años después, volviese a ser extensionista?

---Una nueva capacitación para el desarrollo rural ¿Gastar en actividades o invertir en resultados? ¿Problematizar las soluciones o solucionar los problemas?

C) Textos con recomendaciones concretas para que las facultades formen agrónomos, veterinarios y zootecnistas que tengan real capacidad teórico-práctica de solucionar los problemas de los agricultores:

---La formación de profesionales paras profesionalizar a los agricultores.......... y para el difícil desafío de "producir más y mejor con menos recursos"

---Educación agrícola superior: la urgencia del cambio

D) Un texto que hace un planteamiento muy duro y crítico pero constructivo sobre las profundas debilidades  de nuestra educación urbana y rural titulado:

---El dilema de la educación en América Latina: ¿someterse a los sindicatos de profesores o inspirarse en los campeones mundiales en excelencia educativa?

Críticas a esta mini-conferencia y consultas sobre posibles conferencias presenciales del expositor serán bienvenidas a través del e-mail POLAN.LACKI@UOL.COM.BR y de los  teléfonos (55-41) 3243-2366 o  Cel. 96021239

LOS PRINCIPIOS DE PENINSULA EN ACCION: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESPLAZAMIENTO EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DE GUNAYALA

INFORME DE CAMBIO CLIMATICO

PANAMÁ - INFORME DE MISIÓN

I. RESUMEN EJECUTIVO

Del 28 marzo al 9 abril de 2014 una misión de investigación de Displacement Solutions visitó Panamá para investigar el impacto del aumento de los niveles del mar sobre el desplazamiento de comunidades en la región autónoma de Gunayala, y los planes de reubicación de dichas comunidades de las islas afectadas a la parte continental. La misión usó los Principios de Península sobre el Desplazamiento Climático como un marco orientador para la evaluación de la situación y para hacer recomendaciones en cuanto a las acciones que requieren ser adoptadas para garantizar que los derechos humanos de las comunidades afectadas o amenazadas por el desplazamiento climático sean plenamente protegidos. La misión también llevó a cabo sesiones de capacitación con las comunidades locales y sus líderes sobre los Principios para empoderarlos a adoptar un enfoque efectivo y sostenible respecto al desplazamiento climático.

LOS PRINCIPIOS DE PENÍNSULA DEL 2013 SOBRE EL DESPLAZAMIENTO CLIMÁTICO

Los Principios de la Península del 2013 son el primer instrumento jurídico internacional sobre los derechos de las personas desplazadas climáticas y las obligaciones de los Estados y la comunidad internacional hacia ellos. Proporcionan una guía comprensiva sobre la mejor manera de hacer frente al desplazamiento climático para todos los involucrados.

LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL DESPLAZAMIENTO CLIMÁTICO

Las comunidades afectadas por el aumento de los niveles del mar viven en las pequeñas y hermosas islas de coral que bordean la parte continental de Gunayala, en lo que se conoce como el archipiélago de San Blas. Las islas están habitadas por el pueblo Guna, un grupo indígena que constituye la mayoría de la población en Gunayala. Como casi todas las islas carecen de agua dulce, los asentamientos han tenido lugar en aquellas que están más cerca del continente y cerca de las desembocaduras de los ríos. Si bien estas comunidades viven en las islas y pescan en el océano circundante, muchos de ellos mantienen cultivos y acceso al agua dulce en el continente.

Una serie de desastres naturales y fenómenos meteorológicos que han venido afectando a las islas durante los últimos diez años han puesto de relieve el tema del aumento del nivel del mar y el cambio climático, y han hecho de la reubicación de las comunidades de las islas al continente una prioridad cada vez mayor. El crecimiento de la población desde hace varias décadas ha derivado también en la falta de espacio en las islas y es un factor que contribuye a la necesidad de la reubicación. Adicionalmente, ha habido presión de algunos grupos ambientalistas interesados en la protección de los arrecifes de coral que rodean las islas para que los habitantes sean reubicados.

Se estima que aproximadamente 28.000 personas eventualmente tenga que trasladarse de las islas al continente en los próximos años como consecuencia del aumento del nivel del mar y de los eventos metereológicos. También hay que señalar que se espera que unas 12.000 personas adicionales, originarias de las islas de Gunayala que se han trasladado a vivir en la ciudad de Panamá, se unan a la reubicación y regresen a su provincia de origen, con lo que el número total aumentaria a unas 40.000 personas.

La misión constató que, al igual que la situación en otras partes del mundo en donde se han producido 02 desplazamientos climáticos y reubicaciones, muchas de las comunidades de Gunayala estan luchando con la idea de la reubicación. La reubicación puede ser un factor de división dentro de una comunidad, y es una decisión muy difícil de tomar, sobre todo cuando la gente están profundamente enraizadas en el lugar donde han vivido durante siglos, e incluso si tienen la suerte de tener un lugar seguro a dónde ir. Este es particularmente el caso de las comunidades indígenas, como los Guna, que tienen una relación especial con el lugar donde viven, así como con el mar. Algunas comunidades visitadas, como la que viven en la isla de Mandi Ubgigandub, han decidido que van a esperar a ver cuánto tiempo pueden permanecer en sus hogares, y también ver cómo evoluciona la reubicación de otras comunidades que ya han decidido reubicarse, como la comunidad que vive en Gardi Sugdud.

La misión de investigación se centró principalmente en la isla de Gardi Sugdub, debido al hecho de que ésta comunidad ya ha dado los primeros pasos para iniciar el proceso de reubicación.

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Nota: Documento de interés para el pueblo guna. Su lectura y comentarios son importantes

Documento completo en:

http://www.grassrootsinitiativesconsulting.com/sites/g/files/g1112001/f/201409/Cambio%20climatico%20y%20desplazamiento%20en%20Gunayala%2C%20Panama-Informe%20de%20Misi%C3%B3n.pdf

Los amos de la biomasa en guerra por el control de la economía verde

En colaboración con la Fundación Heinrich Böll. Ahora en español

La noción de una “gran transformación tecnológica verde” que posibilitará una “economía verde” se promueve ampliamente como la clave para la supervivencia del planeta. El objetivo final, sustituir la extracción y procesamiento del petróleo por la explotación total de la biomasa. ¿Quién controlará el futuro de esta economía verde?

En este reporte conjunto, la Fundación Heinrich Böll y el Grupo ETC describen quiénes son los “amos de la biomasa” y porqué en ausencia de una gobernanza responsable, la economía verde perpeturá la economía de la avaricia.

Introducción: Volvernos verdes, de Río 1992 a Río 2012

Hacia fines del milenio comenzó a tomar forma la visión de un futuro pospetróleo amigable con el medio ambiente. La producción industrial dependería de materias primas biológicas, transformadas mediante plataformas de bioingeniería de alta tecnología: la captura y conversión de materia viva (o recientemente viva), denominada biomasa —alimentos y cultivos fibrosos, hierbas, residuos forestales, oleaginosos, algas, etc.— en químicos, plásticos, medicamentos y energía. Esta naciente economía de base biológica adquirió rápidamente un “barniz verde” y prometió resolver el problema del pico petrolero, frenar el cambio climático y marcar el comienzo de una era de desarrollo sostenible. Con motivo de la Cumbre de la Tierra (Río+20) de junio de 2012, la noción de una “gran transformación tecnológica verde” que haga posible una “economía verde” está siendo aceptada en forma amplia, aunque no universal[1].

Algunos gobiernos, empresas, inversores de riesgo y ONG también promueven las tecnologías —incluyendo la ingeniería genética, la biología sintética y la nanotecnología— que hacen (o harán) posible transformar biomasa en productos comerciales.

La búsqueda por asegurar biomasa para materia prima está creando nuevas configuraciones de poder empresarial. Ya están involucrados los principales actores de todos los sectores: los grandes de la energía (Exxon, BP, Chevron, Shell, Total) junto al ejército de Estados Unidos, los grandes de la industria farmacéutica (Roche, Merck), los grandes de los alimentos y la agricultura (Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Bunge, Procter & Gamble) y los grandes de la industria química (Dow, BASF).

La presión para una economía de base biológica viene acompañada de un pedido, originado en los mercados, de mecanismos de financiarización de los procesos naturales de la Tierra, retiquetados como ‘servicios del ecosistema’ (por ejemplo, el ciclo del carbono, los nutrientes del suelo y el agua), lo que también alienta las apropiaciones de la tierra y el agua[2]. Las empresas ya no se enfocan en forma estricta en el control del material genético que se encuentra en semillas, plantas, animales, microbios y humanos; han ampliado su rango para incluir en él la capacidad reproductiva del planeta entero.

La Cumbre de la Tierra de 1992 produjo un libro de promesas, llamado Programa 21 o Agenda 21, que incluía el combate a la desertificación, la protección de los bosques, el enfrentamiento al cambio climático y el compromiso del Norte de transferir tecnologías sustentables al Sur. Además, el Sur se hizo partícipe de un Convenio sobre Diversidad Biológica para poner fin a la pérdida de especies y la destrucción del ecosistema. Como parte de este último y más celebrado acuerdo, sin embargo, los líderes de la Cumbre acordaron que los gobiernos tendrían soberanía sobre toda la diversidad biológica dentro de sus fronteras al momento de la ratificación del acuerdo.

Documento completo en PDF:

http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/biomassbattle_US_esp_v5_4print3Sep2012.pdf

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[1] Naciones Unidas, Estudio Económico y Social Mundial 2011: La gran transformación basada en tecnologías ecológicas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 2011. Mientras la noción de “economía verde” ha recibido mucha difusión en los círculos de responsabilidad política (y de inversión) – y obtuvo un gran impulso desde el lanzamiento, en febrero de 2011, del informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza) – el concepto todavía es controvertido. El G77, en particular, ha cuestionado la pertinencia del término, haciendo notar que la “economía verde” no debe remplazar o redefinir el desarrollo sustentable y resalta la necesidad de una mejor comprensión del alcance, los beneficios, los riesgos y los costos de la economía verde.

[2] Para una explicación no crítica, pero útil, de los servicios del ecosistema, ver el sitio web del Ecosystem Services Market Project, con sede en Australia: www.ecosystemservicesproject.org

Las dos caras del cambio climático y su financiamiento

Hay dos caras sobre el cambio climático: uno radica que la economía del mundo debe romper ataduras de los combustibles fósiles, para desarrollar mecanismos más limpios y más sostenibles de la energía. Lo segundo es que el cambio del clima es crítico y una realidad, y los más pobres y vulnerables son los más afectados y por lo tanto, necesitan a corto plazo ayuda urgente.

La acción urgente que se requiere necesita de dinero. Es un asunto que se prevé en el informe de la Comisión Mundial sobre Economía y Clima[1] - “mejor crecimiento mejor clima”, el gasto de dinero para combatir el cambio climático impulsará el crecimiento económico, la creación de empleos y la prosperidad.

Los líderes del mundo en cada país deben entender que existen dos problemas que resolver, si eso resulta así sabrán asignar las finanzas como correspondan. De no ser así, seguiremos destruyendo al planeta.

Reducir la cantidad de carbono en la atmósfera no es nada barato. Billones de dólares ya están disponibles para invertir en energía, las comunicaciones y la infraestructura urbana. Entonces será fundamental que estos fondos sean utilizados en una energía más limpia y una infraestructura más resistente y no como hasta ahora se viene haciendo - extraer y quemar más carbón, petróleo y gas.

Al mismo tiempo, debemos hacer frente a los impactos irreversibles del cambio climático. Estos se están haciendo evidentes en todo el mundo, sequías e inundaciones. Porque el cambio climático no hará diferencias sociales en los países, los países más ricos como los más pobres están siendo afectados.

Los países ricos se han comprometido a proporcionar a los países en desarrollo más pobres, con US $ 50 mil millones al año a partir de 2020 para ayudarles a adaptarse, y según va el tiempo no hay tal promesa de apoyo financiero antes de esa fecha.

Para hacer frente a esta situación de apoyo financiero a corto y a largo plazo, en abril de este año los delegados de la octava Conferencia Internacional sobre Adaptación Comunitaria para el Cambio Climático adoptaron la Declaración de Katmandú sobre la financiación climática (al final se adjunta la declaración completa)[2]. En la declaración se hace tres exigencias fundamentales:

1. Todo el financiamiento global para el cambio climático debe ser dividido en partes iguales entre la mitigación y la adaptación.
2. La mitad de toda la financiación internacional para la adaptación debe ser asignado a las comunidades más vulnerables.
3. A nivel nacional, la mitad de toda la financiación para la adaptación debe ser asignado a las comunidades más vulnerables.

Tenemos todas las informaciones que científicos han indicado desde mucho tiempo – el cambio climático es quizás el desafío más importante que enfrenta la humanidad. Esta realidad crítica y llamada de atención está siendo aceptada por políticos, empresarios, economistas, religiosos y gente de todas las clases sociales.

El domingo 21 de septiembre, debemos sumarnos a la GRAN MARCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, iniciativa mundial, será una manera de sembrar semillas en las mente de millones de personas. Dos días después, en la Cumbre del Clima el Secretario General de la ONU, los jefes de gobierno harán promesas de acción para hacer frente al cambio climático. Nosotros los panameños haremos igual marcha y te invitamos a levantar tu voz contra el cambio climático.

Nuestra supervivencia está amenazada y la de todo lo que amamos. Hay que mantener el calentamiento global por debajo de los peligrosos 2 grados centígrados, reduciendo a 0 las emisiones de carbono. Para conseguirlo necesitan forjar un acuerdo realista a escala global, nacional y local que convierta nuestras sociedades y nuestras economías limpias para el año 2050. No perdamos esperanzas, aunque las cosas han sido negativas hasta ahora, sembrar conciencia es tarea fundamental de todos nosotros.

Declaración de Katmandú sobre Financiación de la Adaptación Local al Cambio Climático

Octava Conferencia Internacional de Adaptación Comunitaria al Cambio Climático

Nosotros, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, públicas, privadas, locales, regionales, agencias internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, reunidas en Katmandú, Nepal, en la Octava Conferencia Internacional de Adaptación Comunitaria al Cambio Climático, impulsamos de manera conjunta la siguiente Declaración de Katmandú sobre financiación de la adaptación local al cambio climático.

Estamos comprometidos con el financiamiento y la implementación de estrategias de adaptación comunitaria al cambio climático a nivel local (CBA, por sus siglas en inglés), debido a que los impactos del cambio climático se sienten particularmente en los países y comunidades más vulnerables, precisamente las que menos contribuyeron con la crisis actual. Reconocemos que el nivel de decisión para mitigar las emisiones y financiar las soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático es insuficiente para prevenir la interferencia antropogénica en el clima, en plazos que aseguren el desarrollo sustentable.

Reiteramos las consideraciones de todas las declaraciones internacionales anteriores relacionadas con el desarrollo sustentable y el cambio climático, incluyendo los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, el Programa de Acción de Estambul en favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-20201; el Plan de Acción de Mauritius; los principios y convenciones de Río; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo; la Declaración de los Inversores por una Economía Baja en Carbono; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; señalamos la necesidad de implementarlas de buena fe y subsecuentemente llamamos a financiar la adaptación al cambio climático desde un enfoque basado en los derechos humanos.

Reconocemos los desarrollos sobre adaptación al cambio climático de muchas comunidades que se encuentran en riesgo, aunque sabemos que no son suficientes para enfrentar los impactos del cambio climático.

Compartimos los siguientes principios para lograr la adaptación comunitaria, consistentes con nuestros respectivos objetivos, y llamamos al financiamiento para adaptación a basarse en principios de equidad, urgencia de la justicia climática, eficiencia, efectividad, adecuación, adicionalidad, transparencia, equidad de género, responsabilidad, inclusividad, participación, sustentabilidad, con estrategias flexibles que favorezcan a los que menos tienen, gestionadas localmente, de largo plazo y basadas en el conocimiento científico e indígena, los derechos humanos y los procesos democráticos, participativos e inclusivos.

• El financiamiento debe llegar a las comunidades locales más vulnerables. Financiar la adaptación local tendrá éxito mientras ésta sea liderada por los países y comunidades más vulnerables, con enfoques ajustados a cada contexto de necesidades específicas, capitalizando los valores y fortalezas comunitarias.
• Deberán ser programáticamente priorizadas las necesidades de los grupos y comunidades más vulnerables, incluyendo a los pobres, mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas y los sin tierra, cuyas capacidades deberán ser fortalecidas para acceder a los recursos destinados a la adaptación al cambio climático.
• Todos los actores interesados deberán tener acceso a la información sobre la viabilidad, envío y utilización de financiamiento para adaptación al cambio climático, que asegure la responsabilidad mutua y la transparencia, incluyendo el seguimiento de los flujos financieros en todas las etapas.
• Se requieren fuertes salvaguardas socioambientales y robustos procesos de consulta multiactorales, para asegurar que las intervenciones de adaptación no incrementen la vulnerabilidad dentro y entre las fronteras territoriales, limitando el bienestar y las posibilidades de elección de las futuras generaciones.

Fortalecer el financiamiento internacional a la adaptación local

Los gobiernos de los países desarrollados deben escalar el financiamiento público – un buen punto de partida sería el objetivo a mediano plazo señalado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus protocolos asociados. Sin un adecuado financiamiento, aumentará la vulnerabilidad y la adaptación demandará mayores recursos. La movilización y distribución del financiamiento debe acelerarse. El Fondo Verde para el Clima debe cumplir su promesa de distribuirse en partes iguales entre la adaptación y la mitigación.

Los organismos financieros internacionales, incluyendo el Fondo Verde para el Clima, deben priorizar el cambio sistemático y transformacional, canalizando fondos hacia el nivel local mediante la multiplicación de prácticas exitosas y estrategias de procesos de planeamiento e implementación. Esto supone integrarlas a la reducción del riesgo de desastres, ayuda humanitaria, conservación, desarrollo, así como desarrollar las capacidades de los países y comunidades para el acceso a fondos y su manejo.

El financiamiento debe basarse en las necesidades locales y viabilizarse mediante mecanismos de acceso directo bajo procesos equitativos, simples y transparentes, algunos de los cuales se mencionan específicamente en el instrumento de gobierno del Fondo Verde para el Clima.

El financiamiento debe enfocarse en desarrollar el capital natural, la resiliencia climática y los modos de vida, bienes comunitarios, resiliencia rural y urbana, salud, nutrición, capacidad técnica, fortalecimiento institucional, construcción de resiliencia en infraestructura de servicios básicos, sin comprometer la integridad ambiental ni la soberanía nacional.

Los requerimientos para procesos de fuerte participación multiactoral y salvaguardas socioambientales son clave para asegurar que las actividades de adaptación pertenezcan completamente a las comunidades, no solamente a nivel del gobierno nacional, asegurando la equidad e inclusión que permitan la necesaria protección social. Para ser efectiva, la financiación para adaptación debe ofrecer no solo recursos, sino también participación pública inclusiva y significativa.

Las agencias de financiamiento deben sostener una visión compartida y considerar la implementación de mecanismos para reunir fondos mediante una plataforma única que evite la duplicidad de tareas.

Vemos la necesidad de incluir y coordinar con más organizaciones para ampliar la base financiera y de conocimientos, profundizando el impacto de las actividades de CBA. Mayor incorporación de gobiernos y ONG incrementará el volumen de financiamiento y la cobertura general, incluyendo las cuestiones regionales.

Fortalecer el financiamiento nacional a la adaptación local

Los gobiernos deben ser el principal canal para el financiamiento de la adaptación y asegurar la planificación e implementación coordinada de las estrategias de adaptación, sustentabilidad y responsabilidad del sector público con las comunidades locales.

Los marcos nacionales de política sobre cambio climático y sus presupuestos, con fuerte financiamiento que articule las diferentes necesidades locales de adaptación, debe lograrse mediante el desarrollo de políticas participativas con claras normas de colocación de fondos en el nivel local.

Deben concretarse inversiones significativas en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales, para implementar su preparación antes de que accedan a fondos climáticos.

Alentamos a los países designados como autoridad del Fondo Verde para el Clima a priorizar las acciones de adaptación, en consulta con los mecanismos de coordinación sobre cambio climático, teniendo presente la importancia de generar asociaciones entre diversos actores.

Al menos un 50% de todo el financiamiento para adaptación deberá orientarse al nivel de acción local.

Sumando actores no estatales al financiamiento local

Las ONG y otras organizaciones sin fines de lucro cumplen un importante rol de apoyo al fortalecimiento de capacidades y acompañamiento ético. Los Estados nacionales tienen la responsabilidad hacia sus propios ciudadanos de asegurar que en sus países los fondos se orientan hacia las comunidades.

El financiamiento para adaptación al cambio climático del sector privado debe implementarse de acuerdo a las necesidades y deseos de las comunidades locales. Las empresas y negocios locales deben diferenciarse de los inversores privados de gran escala. Desde la perspectiva del financiamiento a la adaptación local, el sector privado debe tener como función principal apoyar a las empresas domésticas y de mediana escala, incluyendo a los pequeños agricultores.

Las empresas y negocios locales pueden ser empoderados a partir del acceso a financiamiento comercial, información, tecnologías apropiadas de bajo costo y organizaciones sociales, particularmente las relacionadas a la seguridad alimentaria, producción y soberanía. Las innovaciones domésticas en financiamiento a la adaptación deben ser promovidas.

En apoyo a la implementación de los principios y enfoques mencionados, los países desarrollados deben aportar urgentemente financiación adecuada y acorde a sus obligaciones internacionales. La adaptación comunitaria al cambio climático es vital para nuestros esfuerzos de construir un mundo justo y sustentable.

Katmandú, 26 a 30 de abril de 2014

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[1] http://newclimateeconomy.report/

[2] Declaración completa en inglés - http://pubs.iied.org/pdfs/G03787.pdff

REDD: Un mecanismo controversial

Los últimos estudios sobre calentamiento global han subido el nivel de alerta respecto a la urgencia de recortar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.  Pero la agenda de negociaciones sobre cambio climático sigue semi-estancada y en buena parte cooptada por la gran empresa, que ve en la “economía verde” una fuente de ganancias.  La edición 498 (septiembre 2014) de la revista “América Latina en Movimiento” explora estos temas y presenta algunas propuestas de alternativas. Presentamos uno de las propuestas para su lectura: “REDD: Un mecanismo controversial”

Todo el material u otros contenidos descargarlo en PDF: http://alainet.org/publica/alai498w.pdf

Gerardo Honty

Capturando carbono, Gunayala. Foto: Gubiler

Los orígenes del concepto REDD se remontan al menos a 1990, cuando la empresa energética AES desarrolló un proyecto de conservación de bosque nativo en Guatemala como forma de compensar parte de sus emisiones. Este fue el primero de una serie de proyectos similares que se realizaron durante la década de 1990 principalmente financiados por Estados Unidos, Holanda y Noruega. Costa Rica fue el primer país en vender certificados de carbono por la reducción de emisiones de la deforestación en el año 1997.

La Convención de Cambio Climático discutió largamente la incorporación de la conservación de bosques en los países en desarrollo, particularmente en los largos años de debate en torno al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, pero finalmente pero no fue aceptada.

Sin embargo, aún sin haber sido aprobado de manera oficial, muchos fondos públicos y privados se destinaron a financiar proyectos “REDD”. El Banco Mundial, el Programa UNREDD y los mercados voluntarios de carbono han transferido varios miles de millones de dólares en todo el mundo para este tipo de actividades, aún sin aprobación de la Convención.

El Marco de Varsovia

Es recién en 2005 que el tema es reintroducido para su discusión en el seno de la Convención bajo el nombre “Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en desarrollo y los enfoques para estimular la acción” (RED). Luego de varios años de debate, finalmente en diciembre de 2013 la COP 19 aprobó el “Marco de Varsovia para REDD+” que incluye no solo la reducción de emisiones de la Deforestación, sino también de la Degradación de Bosques, la Conservación, el Manejo Sostenible de los Bosques y la Mejora de los Reservorios de Carbono Forestal (de ahí que su acrónimo haya pasado de “RED” a “REDD+”).

Con esta decisión se puede decir que “oficialmente” el mecanismo REDD+ ha quedado aprobado. Como marco general, el acuerdo establece unos lineamientos básicos pero aún requiere de muchos ajustes y adoptar muchas definiciones que quedaron pendientes.

El objetivo principal de este mecanismo es – y siempre ha sido- la transferencia de recursos de los países “desarrollados” a los países “en vías de desarrollo” para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la destrucción de los bosques (adicionalmente, para la ampliación de la superficie boscosa). Sin embargo, la idea es –y siempre ha sido- bastante resistida porque incluye una serie de componentes que son de difícil resolución. Por ejemplo: cómo se considera a las poblaciones indígenas que habitan los bosques, los riesgos que implica el mercado de carbono, cómo se contabilizan los beneficios asociados a la conservación de los bosques, etc.

Financiamiento

Uno de los temas que aún tiene mucho para resolver es la forma y los medios por los que los fondos van a ser transferidos. Lo acordado puede resumirse de la siguiente manera:

1) Los países en desarrollo podrán recibir fondos para actividades REDD+ una vez que puedan demostrar los resultados obtenidos. Esto es, cuando pueda comprobarse la efectiva reducción de emisiones (o el aumento o conservación de carbono forestal) luego de haber pasado por todas las etapas de medición, notificación y verificación que se establezcan. Es decir, no habrá financiación anticipada.

2) La financiación deberá ser adicional a los fondos ya existentes bajo otros mecanismos y previsible (los países deben saber con anticipación el volumen de fondos con que se puede contar y en qué plazos los pueden obtener).

3) Los recursos financieros pueden provenir prácticamente de cualquier fuente: privada (empresas, fundaciones, etc.), pública (recursos nacionales o internacionales de los países), bilaterales (acuerdos entre dos países) o multilaterales (instituciones internacionales como la propia CMNUCC, otras agencias de ONU, Banco Mundial, etc.). Incluso se están manejando fuentes alternativas como una eventual tasa al transporte marítimo y aéreo internacional.

Varios temas quedan todavía a la espera de unas resoluciones más específicas. Particularmente, cuáles son los compromisos de financiamiento que asumen los países desarrollados y cómo estos serán transferidos. También queda por resolverse si el mercado de carbono (venta de certificados de reducción de emisiones) será un mecanismo permitido.

Requisitos

Los países que pretendan recibir apoyo financiero para estas actividades deberán cumplir una serie de requisitos. Entre otros: contar con un Sistema de Vigilancia Forestal; haber establecido sus Niveles de Referencia a partir de los cuales se van a medir sus logros; proporcionar Informes Bienales sobre estas actividades a la Convención y someter sus datos a un proceso de Análisis y Consulta Internacional.

Algunas de las mayores preocupaciones sobre las actividades REDD+ están relacionadas con los posibles impactos sociales y ambientales negativos que estas puedan tener. Por ejemplo: cómo serán respetados los derechos de las poblaciones indígenas; cómo asegurar la conservación de los bosques naturales en un marco de actividades REDD+ que pueden incluir plantaciones forestales; cómo asegurar que la deforestación que se evita en un bosque o una parte de un bosque no se realiza en otro lugar (fenómeno conocido como “fugas”); etc.

Para intentar lidiar con estos problemas, la Convención ha acordado una serie de “salvaguardias” según las cuales “deberían” promoverse y respaldarse, entre otros:

a) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

b) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales;

c) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, evitando la conversión de bosques naturales en otro tipo de bosque.

d) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión (permanencia) y reducir el desplazamiento de las emisiones (fugas)

Sin embargo, existen algunas consideraciones sobre las circunstancias nacionales de cada país que podrían debilitar la aplicación de las salvaguardias por ejemplo si estas atentan contra el objetivo de “la reducción de la pobreza”, los “objetivos de desarrollo sostenible” del país, o no le fueron proporcionados los fondos necesarios para ejecutarlas.

Es decir, los países que realicen actividades de REDD+ deben informar sobre cómo están abordando las salvaguardias, aunque en ningún caso hay exigencias (al menos hasta ahora) que los obligue a abordarlos de una manera particular. Y además, estas pueden ser dejadas de lado si el país entiende que sus “circunstancias nacionales” no se lo permiten.

La importancia de la decisión nacional

Más allá de los acuerdos que finalmente se alcancen en el seno de la Convención (e incluso independientemente de ellos) hay varios temas vinculados a REDD+ que serán de decisión exclusiva de los gobiernos nacionales. De hecho, como se dijo anteriormente, ya existen proyectos REDD en todo el mundo, financiados con recursos internacionales antes de haber tenido ninguna resolución en Naciones Unidas.

Algunos de estos temas son los siguientes:

1) La participación en actividades de REDD+ que generen unidades transferibles de reducción de emisiones (certificados de carbono transables). El país puede optar por no realizar proyectos bajo esta modalidad y solo focalizarse en aquellas opciones no basadas en el mercado y no hay ninguna decisión que pueda adoptar la CMNUCC que obligue a un país a aceptar esta clase de proyectos si no lo desea.

2) La decisión sobre las actividades que serán permitidas. El país puede decidir cuál o cuáles de los cinco tipos de actividades admitidas por REDD+ quiere desarrollar. Por ejemplo puede realizar actividades de Conservación de bosques pero no aceptar las de Manejo Forestal Sostenible.

3) Definición de “bosque”. Para Naciones Unidas, la definición de bosque no distingue entre bosque natural y plantación. Sin embargo, cada país puede adoptar la definición de bosque que considere más apropiada para incluir en sus planes. Por ejemplo, podría dejar las plantaciones mono-específicas fuera de esta definición.

4) Las salvaguardias sociales. El Marco de Varsovia deja en manos de los gobiernos nacionales la forma cómo serán consideradas las poblaciones indígenas, los asuntos relativos a la tenencia de la tierra, las cuestiones de género, la participación de las poblaciones locales, etc. Por lo tanto, la forma de gobernanza, los mecanismos de participación y consulta, los repartos de los beneficios y otros temas relacionados, son de exclusiva decisión nacional.

5) Otra decisión que el Marco de Varsovia deja a criterio de cada país es la forma cómo se abordarán en sus planes o estrategias los factores impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esto incluye las actividades de minería, construcción de carreteras, expansión ganadera, entre otros.

Conclusiones

El Marco de Varsovia para REDD+ ha establecido unos lineamientos generales para comenzar a operar pero hay muchos temas de suma importancia que aún están para resolver, como por ejemplo, el volumen de recursos que aportarán los países desarrollados y cómo se canalizarán. Sin embargo es muy importante no perder de vista que varios de los asuntos que son de preocupación para muchos actores de la sociedad civil y gobiernos, serán de decisión exclusiva de los gobiernos nacionales por lo que buena parte de la batalla para evitar los problemas no deseados de REDD+ se darán dentro de cada país. Por ejemplo, la participación en el mercado de carbono (en caso que finalmente esto se apruebe), la forma en que se considera la cuestión indígena, la tenencia de la tierra, las causas subyacentes de la deforestación, etc. Es importante destacar esto, pues muchas veces la atención sobre REDD se ha focalizado en los escenarios internacionales de decisión, lo cual es importante pero, como se ha visto, insuficiente.

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Gerardo Honty es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Fuente: En: Frenar el calentamiento global. América Latina en Movimiento, no. 498, septiembre2014, año XXXVIII, II época. ALAI (edición digital). pp. 16-18.