7 de abril de 2017

Mujeres: Su rol en la soberanía y seguridad alimentarias, desde los saberes y la identidad cultural

La investigación de la organización CARE, realizada junto con el equipo investigativo del Instituto de Estudios Ecuatorianos, tiene como propósito analizar el rol de las mujeres campesinas indígenas, afroecuatorianas y mestizas, en la defensa de la seguridad y soberanía alimentarias. Se trata de una investigación que explora las condiciones sociales y productivas de mujeres campesinas en cinco cantones de la zona norte del Ecuador, para identificar las oportunidades y limitaciones que enfrentan estos grupos de mujeres en la presente coyuntura política económica, marcada por las reformas constitucionales que incluyeron a la soberanía alimentaria como principio y derecho.

Resulta determinante comprender el contexto en el que se enmarca la investigación, el cual tiene que ver con la implementación de una política pública que corresponde a un modelo de desarrollo que consolida la matriz primaria exportadora instaurada desde la época neoliberal. Esto se materializa en la intensificación agrícola, por parte del MAGAP –entidad responsable de la agricultura, la ganadería y la pesca ante el pueblo ecuatoriano– basada en la expansión de monocultivo, en las intervenciones homogéneas y verticales en contextos locales distintos, en la deificación de la tecnología agraria, y en la despolitización de la planificación y la toma de decisiones. Tomar en consideración este contexto, que también está marcado por una estructura histórica de desigualdad socioeconómica y étnica, entre territorios y espacios rurales-urbanos, permite comprender la razón por la cual las contribuciones potenciales de las mujeres rurales suelen verse limitadas.

En esta investigación se evidencia la inviabilidad del modelo de desarrollo del Estado pues, por un lado, prioriza criterios de productividad a través de entrega paquetes productivos, capacitación y tecnología, requisitos de crédito excluyentes; mientras que, por otro lado, se propone garantizar la soberanía alimentaria para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente (Art. 281). La coexistencia de estos modelos antagónicos es palpable en los estudios de caso. El agronegocio potenciado desde el Estado convive con iniciativas de soberanía alimentaria promovidas por las organizaciones de las mujeres rurales. Se trata de una convivencia que lejos de llevarse a cabo desde la complementariedad, se desarrolla desde la subordinación de la una hacia la otra; y desde la resistencia de la una frente a la otra.

En términos concretos, los estudios de casos dan cuenta de que la economía familiar campesina ha optado por la pluriactividad como un método de subsistencia ante la falta de rentabilidad del trabajo campesino, provocada por la estructura histórica de desigualdad que mencionamos, la cual termina consolidando la división sexual del trabajo que, a su vez, configura el escenario de un campo feminizado y envejecido. La mujer asume la carga reproductiva y productiva; mientras que, el hombre campesino, en su búsqueda por mejorar el sustento familiar, se convierte en proletario del campo ajeno, de la construcción, o de cualquier otro trabajo que le represente una fuente de ingresos.

Esto sucede al mismo tiempo que aumentan los índices de migración a las ciudades de las poblaciones juveniles que van en busca de oportunidades de estudio y de trabajo desvinculados con las prácticas campesinas.

Cada uno de los estudios de caso describe las iniciativas que las organizaciones de las mujeres rurales construyen en favor de la soberanía y la seguridad alimentarias. Algunas de las prácticas que encontramos tienen que ver con intercambio de semillas y productos, ferias de comercialización, producción diversificada, restitución de prácticas culturales en la dinámica productiva y en los sistemas de producción, creación de artesanías locales, fomento de autonomía económica, fortalecimiento organizativo desde el bienestar colectivo.

Sin embargo, a la par de estas iniciativas, la investigación vislumbra expresiones de una realidad paralela basada en un modelo de desarrollo moderno primario exportador que afecta, de manera más o menos visible, la viabilidad de las iniciativas consolidadas por las mujeres: en Pedro Moncayo está presente el agronegocio de florícolas, avícolas y ganado; en Cotacachi está presente el agronegocio de florícolas, café y uvilla, a la vez que la estimulación de producción de cebada por parte de la Cervecería Nacional a partir la agricultura bajo contrato; en Putumayo está presente el agronegocio de café, cacao, palma africana y banano, a la vez que están presentes actividades extractivas de petróleo y de basalto; en San Lorenzo está presente el agronegocio de palma africana, plátano, café, cacao y banano; en Mira está presente el agronegocio de tomate riñón, fréjol y caña de azúcar.

Al retomar la voz de las mujeres rurales entrevistadas, nos encontramos con preocupaciones en varios ámbitos. En el plano de lo productivo, mencionan que la agroecología no siempre resulta rentable por lo que hay quienes todavía dependen de productos químicos, reconocen que se requiere apoyo en el trabajo en el campo y apoyo institucional para el fomento de la producción agroecológica, comentan que padecen el limitado acceso al agua y a la tierra, señalan la falta de condiciones para la reproducción de semillas de algunas especies genera dependencia institucional. En el plano de lo económico, perciben que la competencia con el mercado convencional es avasalladora, y padecen la desvaloración de la calidad de productos por parte de las personas consumidoras. En el plano de lo cultural, reconocen que la asimilación de valores occidentales fomenta el desarraigo cultural que se materializa en la pérdida de identidad gastronómica, la pérdida de idiomas ancestrales, la migración de las juventudes en búsqueda de trabajo y estudios fuera del campo, la pérdida de lo colectivo en la individualización de la propiedad de la tierra.

Esta realidad compleja nos permite comprender que la coexistencia antagónica entre estos dos modelos agrarios, lejos de proveer un espacio político, económico y cultural en el que ambos modelos convivan de manera paralela y equitativa, termina socavando una en detrimento de la otra. Así, dentro del vasto ámbito de las capacidades sociales humanas y los múltiples modos en que la vida social podría ser vivida, las actividades del Estado, de manera más o menos coercitiva, “alientan” algunas mientras suprimen, marginan, corroen o socavan otras (Corrigan y Sayer, 2007: 45).

Pese a estas circunstancias, pese a las adversidades plasmadas por una estructura histórica de poder de injusticia y desigualdad, pese a un Estado legitimador de un modelo de desarrollo ilegítimo para las diversidades rurales, pese a la institucionalización de una soberanía alimentaria teórica, discursiva y manipulada, la investigación nos ofrece un destello de luz para demostrar que la soberanía y la seguridad alimentarias se pueden construir desde lo colectivo y desde las raíces de identidades culturales mil veces violentadas, pero mil veces resucitadas. Habrá que ir detrás de estas luces en las páginas del libro, y aceptar la invitación que las autoras nos hacen de profundizar aún más en la búsqueda de rastros de autonomía, soberanía y esperanza.

Descargue el libro haciendo clic a continuación:


IEE / Reseña realizada por Stephanie Andrade Vinueza

Fuente: OCARU

3 de abril de 2017

Floriberto Díaz: comunalidad, anticapitalismo y revolución

MARXISMO
Creador del concepto de “comunalidad”, su pensamiento vivo es interesante para pensar una sociedad post capitalista.


 
Floriberto Díaz (1951-1995) fue el más importante intelectual indígena de la cultura mixe de Oaxaca. Creador del concepto de “comunalidad”, su pensamiento vivo es interesante para pensar una sociedad post capitalista.

En un escenario nacional convulsivo, con importantes luchas obreras como la de la Tendencia Democrática del STERM, encabezada por Úrsulo Galván, y la huelga de Spicer, con los grupos guerrilleros y la “guerra sucia” del Estado en el sur para combatirlos, desarrolló su pensamiento Floriberto Díaz.

El 68 mexicano caló hondo. Un nuevo ciclo de la lucha de clases conmocionó al país: del norte al sur, de Chihuahua a Oaxaca. Un estudiante mixe en la Ciudad de México leía libros de marxismo disfrazados de Biblia antes de volver cada tanto a su comunidad. En la sierra de Santa María Tlahuitlotepec de la lejana Oaxaca, un joven dirigente, Floriberto, encabezó un potente movimiento de los pueblos mixes para detener el despojo de tierras comunales de Jayacaxtepec, que la Constructora Nacional se quería apropiar para extraer oro, plata y bronce. Los mixes, con cierto orgullo nacional, se dicen a sí mismos “los nunca conquistados”: según su cosmogonía, su dios Condoy derrotó a los españoles en el siglo XVI.

El 68 produjo un efecto en el grueso de las comunidades del sur de Oaxaca. Un fuerte movimiento social, con muchos actores involucrados: maestros que fundarían la CNTE, comunidades indígenas, organizaciones de Derechos Humanos y otros, confrontó con el poder de los caciques del PRI y promovió una participación comunitaria que cuestionó el corporativismo del Estado.

Tras la represión gubernamental de los años 80’, el repliegue de las movilizaciones para detener los decretos, la cooptación de dirigentes y la represión al Consejo Mixe, Floriberto Díaz comenzó a elaborar una nueva teoría, un nuevo concepto, para comprender la forma de organización de los pueblos indígenas del sur: “la comunalidad”.

En medio de la represión gubernamental de los años 80’ que golpeó al Consejo Mixe y provocó el repliegue de las movilizaciones para detener los decretos expropiatorios, Floriberto Díaz comenzó a elaborar una nueva teoría, un nuevo concepto, para comprender la forma de organización de los pueblos indígenas del sur: “la comunalidad”.

El concepto de Floriberto

Oaxaca tiene una peculiar formación geográfica: costa, sierra, istmo, mixteca culminando con la Sierra Madre Oriental y un eje volcánico. Una diversidad étnica incomparable desde tiempos ancestrales, con mixes, zapotecos, mixtecos, shatinos, amuzgos, chinantecos, cluitlatecos y otros, llegó a un momento de esplendor con la formación de la urbe de Monte Albán en lo que López Austin llamó el periodo clásico. En Oaxaca, la comunidad agraria de subsistencia, de cultivo de maíz, calabaza y café moldeó una forma de organización comunitaria particular.

Pueblos tributarios en el periodo posclásico fueron colonizados y oprimidos en la sociedad novohispana; sufrieron el despojo de caciques y terratenientes luego de la independencia; para ser condenados a la marginación, la represión y el corporativismo durante el periodo post revolucionario.

Oaxaca es el estado más fragmentado en municipios del país: 570. Más del 40% habla alguna lengua indígena. La forma de propiedad preponderante es la comunal. Y legalmente, y como medida para evitar la extensión del alzamiento zapatista, se gobierna con “usos y costumbres”. Este complejo legal convive y en algunas ocasiones ayuda a los caciques del PRI. La ley tenía claros tintes para evitar la extensión del conflicto armado de Chiapas a Oaxaca.

Publicado por la UNAM el libro Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe en pleno siglo XXI adquiere relevancia para pensar una sociedad post capitalista. En él Díaz resume que la comunalidad es una expresión ancestral, una expresión de vida de las organizaciones indígenas. Las resume en 5 puntos: la Tierra, como Madre y como territorio, el consenso en asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito, como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo, como un acto de recreación y los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal.

En un país racista, con fuerte discriminación es importante poner atención el pensamiento de izquierda en las zonas indígenas. Para Floriberto, en las comunidades zapotecas, shatinas, mixtecas, mixes, etc existe una forma de organización asamblearia, en el que la política no es idéntica a la representación democrático burguesa (electoral), existe una relación comunitaria de la propiedad (bien común) existe el “tequío” como forma de servicio a la comunidad y una forma no destructiva de la naturaleza. Ante las formas de organización de la vida urbana en el que prima el individualismo, la competencia y lo privado en las zonas indígenas existen formas que permiten pensar una sociedad alternativa: más libre, más justa, democrática y sin explotación. De ahí que este concepto, la comunalidad, haya sido discutido en un coloquio internacional en Puebla en 2015 como una alternativa de transición post capitalista.

Mariátegui, comunalidad

Mariátegui, el marxista peruano, concitó un importante debate sobre la cuestión indígena en el marxismo y en la Internacional Comunista. Su tesis, arriesgada, detallaba que las tradiciones indígenas no representaban un problema para la revolución socialista en el Perú: al contrario, era un punto a su favor. Bajo la misma concepción de Marx sobre la comunidad rural en Rusia, Mariátegui planteó que las formas de organización indígenas aceleran las condiciones para una revolución social. Su hipótesis le llevó una serie de críticas de los marxistas estalinistas de la URSS y declararon que era “un indianista”.

En una de las ideas más controvertidas de Mariátegui, para los estalinistas, el Amauta sostenía “Nosotros creemos que, entre las poblaciones “atrasadas” ninguna, como la población indígena, reúne las condiciones tan favorables para que el comunismo agrario primitivo, subsistente en estructuras concretas y en un hondo espíritu colectivista, se transforme, bajo la hegemonía de la clase proletaria, en una de las bases más sólidas de la sociedad colectivista preconizada por el comunismo marxista”.

Por la alianza entre trabajadores y pueblos originarios

Los trabajadores, en las zonas de alto desarrollo industrial, tienen como aliados a los indígenas mixes, zapotecos, shatinos, mixtecos, nahuas. Pero también a wirras, mayas y tarahumaras. Al mismo tiempo que las organizaciones obreras deben retomar la cuestión indígena deben movilizarse en contra del despojo territorial que sufren los pueblos.

Los trabajadores de base de la Unión Nacional de Trabajadores, de la Nueva Central, los de San Quintín, los maquiladores del norte que se enfrentaron a la CTM, los maestros de la CNTE contra la Reforma Educativa tienen como aliados a los pueblos indígenas del país. Al mismo tiempo los diversos pueblos y organizaciones indígenas que resisten en todo el país contra los megaproyectos y el despojo capitalista deben ver como un aliado central, estratégico, para conseguir sus demandas a la clase trabajadora.

Los pueblos indígenas deben llamar a sus aliados de la ciudad, a los trabajadores de los principales gremios, a respaldar la lucha que enfrentan contra el despojo y los megaproyectos. A diferencia de algunas organizaciones indigenistas que no consideran a los trabajadores como un aliado y que luchan por una autonomía local, los socialistas opinamos que la unidad de los sindicatos combativos e independientes, junto a los pueblos indígenas es una alianza estratégica junto a los campesinos pobres para conseguir nuestros reclamos. Y es que la conquista de pequeños “poderes” alternos en medio del mar del capitalismo no es una alternativa estratégica para derrotar este sistema de explotación y miseria.

En los próximos años el territorio oaxaqueño será un escenario de luchas y conflictos. La implementación de las zonas económicas especiales apunta al despojo y al desarrollo del modelo extractivista de las tierras comunales indígenas.

1 de abril de 2017

Nada dura para siempre. Neo-extractivismo tras el boom de las materias primas

Autor | H. Burchardt, R. Domínguez, C. Larrea y S. Peters   | 27 marzo 2017

"Con base en los trabajos empíricos y reflexiones teóricas, los artículos reunidos en el presente libro ofrecen una versión amplia sobre el tema del extractivismo en América Latina con especial énfasis en el Ecuador y en los efectos del extractivismo sobre las relaciones laborales y las dificultades para consolidar un cambio estructural que permita transitar hacia modelos de sociedades post-extractivas."

La crisis ha vuelto a América Latina. Las economías de la región muestran cada vez más señales de estancamiento, los indicadores sociales ya no van mejorando y se vive un giro político hacia la derecha. Estos aspectos pueden resumirse como fin de un ciclo de un bienestar relativo que estuvo acompañado por esperanzas de un cambio estructural para terminar con 500 años de colonización y dependencia de Abya Yala.

Entre 2002 y 2014 la región mostró altas tasas relativas de crecimiento económico, mejoras considerables de los indicadores sociales y un cambio político que no solamente llevó a diferentes fuerzas políticas progresistas al Gobierno, sino que también abrió el espacio para una gran cantidad de reformas políticas innovadoras que rompieron con el mainstream del mercado libre y la democracia liberal-representativa. Este ciclo progresista se basó en un nuevo modelo del desarrollo: el neo-extractivismo. Después del fracaso económico y de la catastrofe social del neoliberalismo, así como del balance socio-económico poco alentador del Post-Consenso de Washington, al inicio del siglo XXI el neo-extractivismo se convirtió en la “nueva normalidad” de la economía política suramericana.

El extractivismo consiste en la intensificación de la extracción de los recursos naturales y su comercialización en el mercado global. Pero mientras que algunos gobiernos como Colombia, Paraguay o Perú se limitaron a la promoción de la extracción de los recursos naturales por compañías transnacionales, varios gobiernos de diferente índole progresista combinaron la intensificación de la extracción (extractivismo) con un novedoso aumento del papel del Estado en la extracción y/o en la apropiación de las rentas de la exportación de los commodities, así como con una expansión de las políticas sociales (neo-extractivismo). Con el boom de los recursos naturales estas políticas permitieron avances importantes en términos de desarrollo económico y social, fortaleciendo el apoyo a los gobiernos progresistas. En este contexto se consolidó un “Consenso de los commodities” (Svampa 2013) que adentraba amplios sectores de la población y que estableció nuevas coaliciones extractivas que muchas veces incluían los sindicatos que esperaban la creación de empleo y aumentos salariales, las compañías transnacionales en búsqueda de nuevas opciones de acumulación y los gobiernos progresistas que necesitaban los ingresos de las rentas para mantener los programas sociales que fundamentaban su fuerte apoyo electoral.

Mientras que en la fase neoliberal de la década de 1980 la entonces primera ministra del Reino Unido, Margret Thatcher, afirmaba que no había alternativa (“There is no alternative”, TINA) al libre mercado, la reducción del Estado y a la desregularización de la economía, al inicio del siglo XXI la extracción de recursos naturales parece haberse convertido en el nuevo TINA para América Latina. No obstante, frente a la fuerte caída que sufrieron los precios de los commodities en el mercado global desde 2013/2014, los alcances económicos, sociales y políticos del neo-extractivismo se ven cada vez más limitados. En este contexto se evidencia una de las deudas centrales de la época del último boom: no se ha logrado aprovechar los altos ingresos de los commodities para consolidar un cambio de las estructuras económicas hacia una mayor diversificación de la producción. Al contrario, para América Latina puede observarse una tendencia hacia la reprimarización de las economías y sobre todo de la matriz exportadora. Como consecuencia de esta profundización de la dependencia de las materias primas, los avances económicos y sociales de los primeros años del siglo XXI tienen poca resilencia frente a la actual caída de los precios primarios. Esta nueva coyuntura abre grietas en el “Consenso de los commodities” y, por tanto, subraya la necesidad de atender a nuevas perspectivas para un cambio de la matriz productiva que permita un crecimiento económico más diversificado, incluyente e intensivo en términos de empleo, y ambientalmente menos agresivo con la naturaleza. Para lograr este objetivo es preciso ampliar el debate sobre las alternativas para el cambio estructural y los caminos hacia el post-extractivismo.

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