Propuestas
políticas de las mujeres rurales colombianas para avanzar en igualdad hacia la
paz y el desarrollo
OXFAM[1]
Con su tesón, visión
estratégica y acciones de influencia, las mujeres rurales han logrado en
Colombia importantes avances en el reconocimiento formal de sus derechos, sin embargo,
las medidas concretas de política púbica son aún escasas.
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Capacitándose las mujeres
de Digir y Wargandub. Foto: Gubiler
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En
Colombia viven más de cinco millones de mujeres rurales, la mitad de las cuales
subsisten en condiciones de pobreza. Son mujeres campesinas, indígenas y
afrodescendientes, que con su esfuerzo diario sostienen sus hogares y aportan a
las frágiles economías campesinas. Ellas son las primeras en levantarse y las
últimas en acostarse. En su interminable jornada de trabajo atienden los
huertos y animales de patio, se ocupan del hogar, recogen y cargan la leña y el
agua, cuidan de niños y mayores y asisten a reuniones comunales. También asumen
tareas clave en la actividad agrícola familiar, como la siembra, la producción
de abono, el control de plagas y malezas, la cosecha o la elaboración de
harinas, quesos y conservas; además acuden a vender al mercado y a menudo
complementan los ingresos familiares con otras ocupaciones (casi siempre
informales) fuera del hogar.
Las
actividades del cuidado ocupan gran parte de su tiempo y limitan sus
posibilidades de formarse o acceder a un empleo remunerado. Relegadas al ámbito
del hogar, incluso cuando se ocupan de tareas agrícolas con alto valor
económico, su trabajo se considera una extensión de las labores domésticas y no
es reconocido como actividad laboral. Y aun siendo esenciales para la
sobrevivencia familiar, la cohesión social y el bienestar comunitario, todas
estas funciones quedan invisibilizadas en las estadísticas nacionales que
sistemáticamente subestiman su participación en el empleo, su aporte a los
ingresos familiares y su papel en la economía[2].
Lo que
proponen las mujeres rurales
La
agenda de incidencia de las mujeres rurales colombianas se ha mantenido a lo
largo de los últimos años en torno a una serie de demandas compartidas por el
colectivo de mujeres y construidas a partir de amplios procesos participativos.
Pese al importante logro de haber llegado a influir sobre el Plan Nacional de
Desarrollo, la mayoría de sus propuestas aún siguen pendientes de ser
atendidas.
La
desigualdad estructural y la exclusión que limitan su acceso a recursos, su
autonomía económica y la posibilidad de participar en la vida pública se
asienta sobre tres dimensiones que deben ser abordadas conjuntamente: la
cultural, por medio del reconocimiento; la económica, por medio de la redistribución
y la reducción de la carga de trabajo no remunerado; y la política, por medio
de la participación. Por ello las mujeres rurales colombianas proponen
soluciones en estos tres ámbitos, con medidas afirmativas y transformadoras
articuladas en seis esferas de acción.
1. Cambio climático y degradación
ambiental
Las
poblaciones campesinas son especialmente vulnerables a los impactos del cambio
climático. Su subsistencia depende estrechamente de los recursos naturales,
pues sus pequeñas explotaciones carecen de sistemas de riego y suelen
encontrarse en zonas de ladera, en altitudes elevadas o en zonas inundables,
donde ya se dejan sentir los efectos de las alteraciones ambientales. Las
mujeres rurales más pobres –cerca de dos millones y medio de mujeres
colombianas– son las más expuestas, pues son las responsables de suministrar
los alimentos y el agua en sus hogares.
Los
cambios extremos en temperaturas y precipitaciones agravarán los problemas de
sequía y desertificación, puesto que se ha alterado el equilibrio de los
ecosistemas, se ha reducido la disponibilidad de agua y aumentado las
afectaciones por plagas y enfermedades. Todo ello incrementa los costes de
producción y pone en riesgo la sostenibilidad de los frágiles medios de vida de
los pequeños productores y productoras. De seguir así las tendencias, se prevé
que para el año 2050 se habrán perdido el 80 % de los cultivos y más del 60 %
del área cultivada del país[3].
A
los efectos del cambio climático se suman la minería, la agroindustria y los
megaproyectos que incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las
comunidades, provocan desplazamientos de la población, contaminan el aire y las
fuentes de agua y destruyen la biodiversidad. Entre los años 2000 y 2014 se
multiplicaron por seis las exportaciones de minerales e hidrocarburos, y su
peso en las exportaciones totales pasó un 43 % a un 65 %[4],
profundizándose un modelo extractivista e insostenible. Las concesiones mineras
a menudo se otorgan sin respetar el obligado proceso de consulta a las
comunidades afectadas, ni siquiera en el caso de los pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes, los cuales tienen derecho a una consulta previa,
libre e informada según el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)[5].
Pese
a algunos avances en la formulación de políticas públicas sobre cambio
climático, su nivel de implementación ha sido bajo por falta de recursos y por
la escasa voluntad política estatal para asumir los desafíos[6].
Por
ejemplo, se calcula que si se promoviese la adopción de prácticas
agroecológicas podría duplicarse la producción de alimentos en una década,
mejorando así los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria en regiones
extensas.
¿Qué proponen las mujeres rurales para hacer frente al
cambio climático y la degradación ambiental?
- Que se regule la explotación de minerales e hidrocarburos
con perspectiva de sostenibilidad ambiental y sin causar perjuicio a las
comunidades locales, respetando su derecho a una consulta previa, libre,
informada y vinculante.
- Que se fortalezca la institucionalidad para que garantice
el cumplimiento de las normas ambientales y cuente con poder sancionatorio.
- Que se pongan en marcha programas que impulsen la
agricultura sostenible y las prácticas agroecológicas, así como la conservación
de bosques y cuencas hidrográficas. Y que se reconozcan los aportes de la
producción campesina y ancestral a la conservación de los recursos naturales y
la sostenibilidad ambiental.
2. Acceso a tierras
La
concentración de la propiedad de la tierra está en la raíz del conflicto armado
colombiano y es uno de los puntos clave aún por resolver en el camino hacia la
paz. El Censo Nacional Agropecuario 2015 –el primero después de 45 años–
constata el reparto extremadamente desigual de la propiedad de la tierra,
agravado por la expansión de la agricultura industrial a gran escala, los
proyectos energéticos y la extracción minera. Los datos revelan que el 0,4 % de
los propietarios acaparan el 65 % de la tierra en propiedades de más de 500
hectáreas en el área rural dispersa, mientras que el 71 % de los pequeños
productores y productoras (con fincas inferiores a cinco hectáreas) apenas
manejan el 2,4 % del área total y la mayoría no cuenta con seguridad jurídica[7].
De cada diez hogares rurales, seis no tienen ningún acceso a la tierra[8].
La
violencia en el marco del conflicto armado ha expulsado de sus tierras a casi
seis millones de personas, principalmente familias campesinas, indígenas y
afrodescendientes[9]. Como
resultado, se calcula que en los últimos veinte años resultaron despojadas al
menos 6,6 millones de hectáreas (equivalentes al 13 % de la superficie
agropecuaria nacional), agudizando “el histórico atesoramiento de la tierra en
manos de terratenientes, narcotraficantes, paramilitares y grandes empresarios”[10].
Las
mujeres manejan explotaciones significativamente más pequeñas que los hombres.
El 74 % de las unidades productivas dirigidas por mujeres son inferiores a 5
hectáreas, frente a un 62 % en el caso de las explotaciones que manejan los
hombres. Tanto mujeres como hombres acceden a la tierra principalmente a través
de la propiedad (un 74 % de las explotaciones en el caso de las mujeres y un 75
% en el caso de los hombres)[11].
Las
causas de la brecha de género en el acceso a la tierra son diversas. Por un
lado, en la adjudicación de tierras estatales las mujeres han sido
sistemáticamente marginadas: el 60 % de los terrenos baldíos se han entregado a
hogares encabezados por un hombre, frente a un 40 % de hogares encabezados por
una mujer[12]. Por
otro, las prácticas patriarcales hacen que los trámites de compra-venta o
arriendo de tierras los realicen los hombres, por lo que es muy común que las
mujeres no figuren en los títulos o registros de propiedad: en 2013 apenas el
27% de los títulos se emitieron a nombre de mujeres. Esta falta de control
sobre la propiedad de la tierra impide a las mujeres decidir libremente qué y
cómo producir, socava su autonomía económica y además restringe su acceso al
crédito y la asistencia técnica. En el caso de mujeres retornadas, quienes no
aparecen en los títulos de propiedad quedan excluidas de los procesos de
restitución de tierras.
¿Qué proponen las mujeres rurales para mejorar su acceso a
la tierra?
- Que el 50 % de las tierras que adjudique el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (o la entidad que asuma sus funciones) se
entreguen a mujeres rurales.
- Que en la formalización de la propiedad de la tierra se dé
prioridad a mujeres cabezas de hogar, mujeres en condiciones de vulnerabilidad
y pobreza o mujeres víctimas del desplazamiento.
- Que en la política de ordenamiento territorial se
preserven las zonas de producción de la economía campesina.
3. Acceso a financiación: el fondo de
fomento para las mujeres rurales
Acceder
al capital es imprescindible para que las mujeres puedan desarrollar su
potencial y alcanzar la autonomía económica. Existe una brecha de género en el
acceso a medios de producción, tales como la maquinaria, pues apenas el 13 % de
las explotaciones manejadas por mujeres en áreas rurales dispersas disponen de
maquinaria (menos de la mitad que los hombres)[13].
Pero
las oportunidades de obtener un crédito, ya de por sí escasas para los pequeños
productores (sólo el 5,2 % de los hogares rurales tienen acceso al crédito
agropecuario[14]) son
casi nulas en el caso de las mujeres. Entre 2005 y 2011 se dieron cerca de
140.000 operaciones de crédito a pequeños productores, de las cuales apenas el
0,5 % se orientaron a mujeres rurales[15].
Además del escaso presupuesto asignado, existen barreras que impiden a las
mujeres acceder al crédito institucional, entre ellas los excesivos requisitos,
el coste de los trámites, el limitado tiempo para su cumplimiento y el hecho de
no tener en cuenta las particulares condiciones del medio rural.
El
Estado colombiano no asigna suficientes recursos para atender las necesidades
de las mujeres rurales y la cobertura de los programas es muy deficitaria. Por
citar un ejemplo, el Programa Mujer Rural del MADR entre 2011 y 2013 apenas
brindó asistencia al 0,18 % de las mujeres rurales en situación de pobreza[16].
Para dar respuesta a la necesidad de acceso a financiación, en 2002 fue creado
el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR) como una cuenta especial
del MADR. Su objetivo consiste en apoyar programas, planes y proyectos que
consoliden la participación social y económica de las mujeres rurales y sus
organizaciones[17]. Pero
doce años después de creado este fondo, todavía no ha comenzado a operar.
¿Qué proponen las mujeres rurales para ampliar su acceso al
crédito?
- Que al menos el 10 % del presupuesto de inversión del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se destine al FOMMUR,
específicamente a capital semilla, fortalecimiento organizativo y capacitación.
- Que se cree un fondo de rescate para las mujeres rurales
que han quedado endeudadas debido a situaciones de despojo, desplazamiento o
afectaciones por fenómenos climáticos.
4. Economía del cuidado
Las
mujeres rurales colombianas asumen una triple jornada de trabajo que incluye
actividades de cuidado del hogar, actividades laborales fuera del hogar y
participación en asociaciones comunales y vecinales. En promedio dedican más de
ocho horas al día a actividades no remuneradas (una hora más que las mujeres
urbanas) frente a las tres horas que dedican los hombres[18].
Un
estudio realizado por Oxfam en el área rural muestra cómo las mujeres rurales
dedican el doble de horas que los hombres a las tareas del cuidado y trabajan
más horas al día cuando se incluyen las labores del cuidado y el trabajo
remunerado fuera del hogar[19].
Pese a tratarse de un bien social imprescindible, las cuentas nacionales no
reconocen el valor económico de las actividades del cuidado, un trabajo que, de
ser remunerado, equivaldría al 19,3 % del PIB nacional, superando a las
exportaciones (que representan un 16,3 % del PIB)[20].
En
el caso de hogares sin acceso adecuado a energía, agua potable o alcantarillado
–una situación frecuente en el ámbito rural– estas tareas demandan mucho más
tiempo y esfuerzo y suponen una sobrecarga de trabajo que limita las
posibilidades de acceder a un empleo, estudiar o descansar. También tienen
consecuencias para la salud, como las afecciones respiratorias que aquejan a
las mujeres que utilizan cocinas de leña.
¿Qué proponen las mujeres rurales sobre la economía del
cuidado?
- Que los Ministerios de Ambiente y Vivienda garanticen la
cobertura de servicios de electrificación, agua potable y acueductos, para
reducir el esfuerzo y el tiempo que invierten las mujeres rurales en
actividades de cuidado.
- Que las entidades del sector agrario y el SENA adecúen su
oferta a la carga de cuidado de las mujeres rurales, con horarios flexibles y
servicios complementarios como guarderías y centros de cuidado de personas
mayores y en situación de discapacidad.
5. Institucionalidad y participación
La
participación de las mujeres en la política y los espacios públicos de toma de
decisiones sigue siendo muy desigual respecto a los hombres. Pese a que desde
el año 2000 la ley establece un mínimo de participación femenina del 30 % en
los órganos de decisión del poder público[21],
esta cuota se incumple sistemáticamente a nivel territorial. Las mujeres están
ausentes en las estructuras donde se decide acerca de las políticas, planes,
programas y proyectos que las afectan directamente. Y cuando se las invita a
participar no suelen tener una función decisoria sino meramente testimonial.
El
ámbito rural no es una excepción. La institución rectora de los asuntos
agrarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no ha logrado
incorporar satisfactoriamente la perspectiva de género en su accionar, lo que
ha significado una atención poco acertada de las demandas y necesidades de las
mujeres rurales. La mayoría de los funcionarios y funcionarias desconocen la
normativa que protege los derechos de las mujeres rurales y no han sido
sensibilizados ni capacitados al respecto.
Por
otro lado, este ministerio no cuenta con un sistema de información y rendición
de cuentas que permita conocer cuál es la situación de las mujeres rurales en
materia de acceso a la tierra y otros activos productivos, su participación en
las actividades agrícolas o su acceso a sistemas de extensión o servicios de
crédito. Los datos no se presentan desagregados por sexo, están fragmentados,
son escasos y desactualizados.
Distintos
factores institucionales, culturales y políticos dificultan la inclusión y el
reconocimiento de las mujeres y se manifiestan, entre otras cosas, en la
ausencia de programas con perspectiva de género, la falta de presupuesto
público orientado a sus necesidades, la insuficiente normativa que garantice la
adecuada representación de las mujeres y las prácticas clientelares en las
instituciones. Por ejemplo, el Programa Mujer Rural fue diseñado y planificado
sin tener en cuenta las visiones y propuestas de las mujeres rurales ni de sus
organizaciones en los territorios.
¿Qué proponen las mujeres rurales para mejorar la
participación y el funcionamiento de las instituciones?
- Que el MADR desagregue la información sobre ejecución de
recursos por tipo de productor (pequeño, mediano y grande) y por sexo, para
garantizar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a
las mujeres rurales.
- Que se cree la Dirección de Mujer Rural y se dote de
presupuesto, metas, capacidad técnica y de decisión[22],
y que se establezca un Sistema de Información sobre la Mujer Rural.
- Que las mujeres rurales estén representadas en las Juntas
Directivas y espacios de decisión de las siguientes instituciones: Incoder o la
entidad que haga sus veces, Finagro, la Comisión Nacional de Crédito, las
Corporaciones Autónomas Regionales, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, las entidades encargadas de la investigación y transferencia de
tecnología, como, por ejemplo: Corpoica, SENA y Conciencias, entre otras.
- Que los informes de rendición de cuentas de estas
entidades incluyan los resultados, metas y presupuesto de los programas
dirigidos a las mujeres rurales.
Aprendizajes y retos del proceso de articulación e
incidencia de las mujeres rurales
La
movilización en torno a objetivos comunes ha permitido a las mujeres rurales
influir sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, introduciendo el
inciso (h) del artículo 107 y el artículo 232, los cuales obligan al Estado
colombiano a crear una Dirección de la Mujer Rural, desarrollar una política
pública integral de forma participativa, y adoptar las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la Ley 731 de 2002 o Ley de las Mujeres Rurales. Este
importante logro ha sido el resultado de un esfuerzo de largo plazo, en el cual
las mujeres rurales han fortalecido sus capacidades para participar activamente
en los espacios de decisión y situar sus demandas en la agenda política.
Algunos
factores clave que lo han hecho posible son:
- La capacidad de alcanzar consensos superando las diferencias
inevitables entre organizaciones de mujeres y mixtas con necesidades muy
diversas, pero que comparten una visión y objetivos comunes.
- El esfuerzo por llegar a formular propuestas concretas a
partir del planteamiento general hacia una mayor igualdad de derechos y
oportunidades, lo cual ha sido clave para avanzar paso a paso en la
interlocución con el Gobierno.
- El desarrollo de una interlocución con las mujeres
congresistas, obteniendo el apoyo generalizado de la bancada de mujeres por
encima de las diferencias partidistas, un apoyo fundamental en la inclusión del
inciso (h) del artículo 107 y el artículo 232 en el Plan Nacional de Desarrollo
aprobado por el Congreso.
- La puesta en marcha de una estrategia comunicativa para
hacer llegar su voz, visibilizar la problemática y obtener mayor reconocimiento
social y empatía hacia las demandas de las mujeres rurales. Para ello se
desarrollaron mensajes breves y efectivos, se fortalecieron las capacidades en
comunicación, se recurrió a los medios masivos y las redes sociales, y se
llevaron a cabo acciones novedosas para atraer la atención de la opinión
pública y tomadores de decisión.
Se
trata de un proceso en desarrollo, a lo largo del cual han ido madurando las
propuestas y se han ido tejiendo las alianzas en base a objetivos de incidencia
muy específicos. Uno de los principales retos consiste en generar un consenso
aún mayor, manteniendo la diversidad al tiempo que se construyen
territorialmente propuestas más específicas que atiendan las particularidades
sociales y étnicas de cada colectivo.
Otro
reto es lograr que la igualdad legal se traduzca en una igualdad real, pues
hasta ahora la existencia de leyes y documentos de políticas no ha garantizado
su cumplimiento. Se requiere que las mujeres rurales ejerzan una presencia
mayor en los espacios de control político y presupuestario, para forzar a que
el Estado ponga en marcha acciones efectivas y asigne la necesaria dotación
presupuestaria, fundamentalmente, en los consejos departamentales de planeación
y en el comité interinstitucional que se ocupa de dar seguimiento a la
reglamentación y desarrollo de la Ley 731, y en el cual participan
organizaciones de mujeres rurales a través de las mesas temáticas de
seguimiento a la aplicación de la Ley.
En
definitiva, se trata de que las mujeres rurales puedan vivir en el campo
dignamente. Se ha dado un paso muy importante al influir sobre el Plan Nacional
de Desarrollo, y ahora lo que toca es hacerlo realidad. Para ello se necesita
una articulación de las mujeres rurales que se mantenga activa, fuerte y
amplia, que sea capaz de hacerse oír y exigir al gobierno colombiano que cumpla
con sus obligaciones para avanzar en igualdad hacia la paz y el desarrollo.
Fuente:
Revista Semillas N° 65/66 - Diciembre de 2016. 41-47 pp.
[1]
Documento elaborado para Oxfam por Arantxa Guereña a partir de las propuestas
del espacio de articulación de las mujeres rurales y los aportes de Gloria
Montoya. Programa Igualdad y Desarrollo Territorial de las Mujeres Rurales.
C.e: lgomez@oxfam.org.co - gmontoya@oxfam.org.co
[2]
Por ejemplo, según el documento CONPES Social 161, Equidad de Género para las
Mujeres, la participación de las mujeres colombianas en la agricultura, la
ganadería y la pesca es apenas del 16 %.
[3]
Agricultura Colombiana: Adaptación al Cambio Climático. Charlotte Lau, Andy
Jarvis y Julina Ramirez. En CIAT: Políticas en Síntesis No. 1, mayo de 2011.
[4]
Cálculos propios basados en datos de exportaciones disponibles en UN Comtrade
Datábase (http://comtrade.un.org/data/)
consultado el 12 de octubre de 2015.
[5] Convenido
169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales, 1989.
[6] Carlos
Salgado, Estado del arte políticas públicas cambio climático, 2014.
[7]
Datos del Censo Agropecuario 2014, disponibles en http://www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co/content/bolet%C3%ADn-no-1
(consultado en octubre de 2015).
[8] Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (2012) Atlas de la distribución de la propiedad
rural en Colombia.
[9] Centro
Nacional de Memoria Histórica (2013) ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y
dignidad.
[10] Cifras
de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento
Forzado, citado en FAO (2011). Pg. 156.
[11] Censo
Nacional Agropecuario 2014: Mujeres en el área rural dispersa colombiana.
Resultados entrega 7 – 13 octubre 2015.
[12] Incoder
(2012) número de familias por jefatura de hogar, adjudicatarias de baldíos.
Total, Nacional. 2003 – 2012. Datos a 31 de agosto de 2012.
[13] Censo
Nacional Agropecuario 2014: Mujeres en el área rural dispersa colombiana.
Resultados entrega 7 – 13 octubre 2015.
[14] DANE
2011.
[15] PNUD
(2011) Op cit.
[16] Programa
Mujer Rural, Avances, Obstáculos y Desafíos: documento elaborado para Oxfam por
Carlos Vargas y Norma Villarreal.
[17]
Los recursos de FOMMUR pueden ser utilizados para “la divulgación y
capacitación sobre el acceso al crédito, la promoción y la formación de planes,
programas y proyectos a favor de las mujeres rurales, así como, para la
asistencia técnica, comercial y gerencial de los mismos”. Artículo 10 de la Ley
731 de 2002.
[18]
Según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2013, citados en
el IV Informe de seguimiento al CONPES Social 161 “Equidad de Género para las
Mujeres”, Bogotá D.C. marzo de 2015, pg. 12.
[19] Diagnóstico
sobre economía del cuidado en Boyacá, Oxfam, 2015.
[20] Estudio
realizado por Ximena Peña y Camila Uribe, Universidad de los Andes, 2013.
[21]
Ley 581 de 2000 (mayo 31) por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y
órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.
[22]
La obligación de crear la Dirección de Mujer Rural, establecida en la Ley 1753
de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018,
supone un importante logro del movimiento de mujeres rurales. Éstas han
desarrollado propuestas en cuanto a cuáles deberían ser sus objetivos,
estructura y funcionamiento.
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