Portada: playa de
Satuyé en La Ceiba, Atlántida. Foto Jorge Burgos/Criterio.hn
Río Jilamito donde los pobladores han logrado frenar un proyecto hidroeléctrico
Tegucigalpa. - En
teoría es una propuesta positiva, pero su aplicación abre un abismo en la protección
de los derechos de los pueblos indígenas, aseguran organizaciones defensoras de
derechos humanos.
Se trata de la
Propuesta 30×30, un plan que pretende convertir el 30% de los océanos y el 30%
de las zonas terrestres y agua continentales en “áreas protegidas” para el
2030.
Convertir el 30%
del planeta en áreas protegidas para el año 2030. Esa es la ambiciosa propuesta
que se discutió en la Cumbre sobre Biodiversidad, el pasado 30 de septiembre,
en el marco del 75 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
¿Nada mal, no?
Excepto que “también supone un riesgo grave para los derechos de los pueblos
indígenas y comunidades locales”, según planteó Amnistía
Internacional en sus recomendaciones a los Estados antes de la COP15
(Convenio sobre la Diversidad Biológica), que se celebrará entre 7 al 19 de
diciembre en Montreal, Cánada.
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indígenas
La organización
señaló que una investigación realizada en áreas protegidas existentes en Camboya,
Kenia, Nepal, Tanzania y Uganda, reveló violaciones de derechos humanos en gran
escala.
Entre estas
violaciones destacan: desalojos forzosos de tierras ancestrales; la destrucción
de prácticas culturales; detenciones arbitrarias de miembros de comunidades que
protestaban bajo la figura de “ocupación ilegal” de sus tierras ancestrales; la
negación del derecho a los medios de subsistencia, la salud y la educación; la
falta de obtención de consentimiento libre, previo e informado, así como
asesinatos contra grupos indígenas a manos de guardas de los parques y soldados
del ejército.
ÁREAS PROTEGIDAS EN HONDURAS
Para conocer de
primera mano no es necesario viajar lejos. Esta realidad la han vivido y
resistido el pueblo garífuna de Honduras, desde hace varias décadas con
desalojos de sus tierras ancestrales en las comunidades de Cayos Cochinos y la
Bahía de Tela. Las cuales pasan a ser convertidos en zonas protegidas, que
posteriormente pasan a manos de fundaciones que las mercantilizan.
La Organización
Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) ha denunciado este tipo de propuestas,
especialmente este año cuando se declaró como sitio de importancia para la Vida
Silvestre a Iriona y Limón, ubicado en el área marina de los municipios
homónimos, en el departamento de Colón, con una extensión de más de 145 mil
hectáreas.
Sobre el tema,
manifestaron: “El proyecto en cuestión [Iriona y Limón] forma parte del 30X30
(30% del planeta convertido en areas protegidas para el 2030), el que esta
convirtiéndose en una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas del
planeta”.
Lea también: Minería y pesca contrarían declaratoria de Iriona, Limón como sitio de
importancia para la vida silvestre
En marzo de 2022,
Ofraneh publicó desde sus redes sociales que el plan “30×30 sin reconocimiento
real del derecho a la consulta previa, libre e informada, supuesta conservación
se convierte en despojo y violaciones a derechos humanos. Tal como ha sucedido
en el caso de Cayos Cochinos, donde desde 1993 se viene impulsando la expulsión
de garífunas”.
Río y montaña del Boquerón en Olancho, donde existen varias parques y reservas forestales que no son respetadas. foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
La organización
incluso identifica a Cayos Cochinos, en el Caribe hondureño, como un “experimento
de conservación de fortaleza a inicios de la década de los 90’s”, en el que se
intentó relocalizar a la población indígena con apoyo de instituciones
conservadoras y empresarios.
Además, señalan que “la militarización es parte esencial de la conservación de fortaleza, la que incluye la expulsión de las comunidades”. Un ejemplo de este particular es la represión contra los pescadores garífunas en el archipiélago de Cayos Cochinos.
¿QUÉ ES LA CONSERVACIÓN DE FORTALEZA?
Para definir la
conservación de fortaleza, Amnistía Internacional cita el Informe de la
relatora especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los
pueblos indígenas en el que se especificó que este modelo incluye “el desalojo
forzoso de los pueblos indígenas y las comunidades locales de las áreas
protegidas, y el uso de la fuerza militar para impedir su regreso”.
Agregando, que el
objetivo primordial de la conservación de fortaleza es “preservar estrictamente
la naturaleza haciendo hincapié en la conservación de la diversidad biológica y
que para gestionarlas era necesario que estuvieran deshabitadas o que sus
recursos naturales no fueran utilizados por las personas. En sus peores formas,
se consideraba que era legítimo y estaba moralmente justificado utilizar la
fuerza para expulsar a pueblos que residían en ellas y proteger la diversidad
biológica”.
Conozca más: No se puede resolver problemática ambiental del Río Plátano sin tomar en
cuenta a pueblos originarios
En sus
conclusiones, Amnistía Internacional señala que la propuesta 30×30 puede
constituir un paso importante para proteger la biodiversidad del planeta y
contribuir en la lucha contra el cambio climático.
Pero, también
supone un riesgo grave para los derechos de los pueblos indígenas y comunidades
locales, contribuyendo a una situación en la que quienes ostentan la propiedad
legitimas de las tierras puedan ser desalojadas, pese a mantener una relación
mucho más sostenible con esas tierras que en zonas industrializadas.
Río y montaña del
Boquerón en Olancho, donde existen varias parques y
reservas forestales que no son respetadas. foto: Jorge
Burgos/Criterio.hn
“En su peor
modalidad, la ‘conservación de fortaleza’ — financiada y en algunos casos
implementada directamente por los donantes y las ONG conservacionistas de los
países más prósperos del mundo— transfiere la carga de ‘solucionar’ la crisis
climática desde los países más ricos, y principales responsables de causarla, a
algunos de los pueblos y comunidades más pobres y marginados del mundo en
desarrollo”, concluye Amnistía Internacional.
Frente a este
panorama, Amnistía Internacional junto a las organizaciones Survival
International, Minority Rights Group International (MRG) y Rainforest
Foundation UK (RFUK) piden a los Estados
que reconsideren urgentemente su compromiso de declarar el 30% del planeta como
‘Áreas protegidas’, que se adoptará en la 15.ª Conferencia de Partes (COP) del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre en Montreal.
Periodista, Criterio HN
Amante de la historia y la lectura, en permanente
búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las
contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está
sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de
una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el
modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos
ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general.
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