Remedios Sánchez
Octubre 2013
La persistencia y recrudecimiento
de varios problemas sociales, económicos, ambientales y culturales, evidencian
que el planeta atraviesa en la actualidad una crisis que amenaza no solo la estabilidad
política de varios países, sino que pone en tela de duda los supuestos sobre
los que se ha levantado la llamada modernidad. Obsesionados por vivir “mejor”,
en términos de tener cada vez más posesiones materiales y supuestos
satisfactores, los seres humanos no hemos tenido empacho en echar mano de todo
lo que nos rodea bajo la creencia de que la tecnología suplirá los daños que
provocamos al planeta y nos permitirá resarcir, posteriormente, la pérdida de
ecosistemas, biodiversidad y especies. Poco ha importado que en esta
desenfrenada voracidad por vivir mejor, grandes contingentes de seres humanos
hayan quedado relegados de la consecución de sus más elementales derechos, o
que hayamos olvidado que somos parte de un sistema mayor en el que cada uno de
sus componentes tiene una función que alimenta la trama de la vida. Menos
importancia hemos dado a la erosión y pérdida de culturas, de lenguas y saberes
milenarios, de los que con mayor humildad y una menor devoción a la “verdad” de
occidente, podríamos aprender –o haber aprendido- nuevas formas de
relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.
En esta lógica de crecimiento
económico ilimitado, con un gran simplismo confundimos los medios con los
fines, y otorgamos al mercado y al dinero un papel decisivo en la definición
del rumbo por el que debería transitar la humanidad (Leff 2006). No hemos
concedido oidos a lo señalado un siglo atrás por el economista húngaro Polanyi al
advertir la falacia de considerar como mercancías a la naturaleza y a la fuerza
de trabajo (Alimonda 2011).
Las astronómicas cifras
económicas en términos de producción interna bruta de los países, deuda
externa, flujos financieros internacionales, no han podido paliar un
descontento social cada vez más amplio respecto a la forma en cómo el mundo
está organizado. Los problemas ambientales contemporáneos como los impactos
generados por el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono, el
achicamiento de la masa polar, las crecientes dificultades en el acceso a agua
y merma significativa de su calidad, la pérdida de especies y bosques, erosión
y pérdida de suelos, contaminación atmosférica, constituyen motivos de alerta
para pensar que la carrera por el crecimiento económico continuo es claramente
insostenible y que no podemos mantener los mismos patrones de producción y
consumo, menos aún reproducir la forma de vida de las economías más ricas del
planera. Hay sobradas evidencias para afirmar que el “perfil metabólico”[1] (Fischer-Kowalski
y Haberl 2000) -
los flujos de energía y materiales que utilizan estos países para satisfacer
sus estilos de vida- no alcanzan para todos y que es imperativo comenzar a
tomar en serio los límites finitos de la tierra, la escasez de recursos y las
restricciones en sus funciones de absorción de residuos y ritmo de reposición
natural de los recursos no renovables.
En medio de este panorama
complejo, si algo positivo puede desprenderse de la crisis contemporánea que
atravesamos es el llamado de atención a la necesidad de reubicar el centro de
nuestras motivaciones y a considerar que la complejidad de los problemas
actuales demanda respuestas integrales, innovadoras y contundentes, que den
sentido a la vida, que doten nuevamente a la naturaleza de su significado
propio, independientemente de la economía, y que identifiquen puntos de
encuentro entre lo natural y lo social, la ecología y la cultura, lo material y
lo simbólico (Leff 2006). Entre los inmensos cambios que debemos introducir,
resulta ineludible el desafío de proponer una nueva epistemología que interpele
el discurso occidental homogenizante y aportar en lo que hoy se denomina como
“pensamiento de frontera”, “que cuestiona la modernidad (…) y se interroga
sobre caminos y lógicas alternativas” (Alimonda 2011: 26). Para decirlo en palabras
de Escobar, “la habilidad de la modernidad para proveer soluciones a los
problemas modernos es cada vez más estrecha, haciendo (…) factible una
discusión sobre una transición más allá de la modernidad” (2011: 83).
En este contexto, y recogiendo el conocimiento
milenario de los pueblos ancestrales, en los últimos años ha comenzado a
configurarse un nuevo paradigma que contradice la noción del progreso sin fin:
la noción del Buen Vivir, inspirada en el “Sumak Kawsay” o “Suma Qamaña” de los
pueblos indígenas de los andes ecuatorianos y del altiplano boliviano,
respectivamente, y que puede equiparse al "Utz
K'aslemal" de los pueblos Mayas. Aunque no existe una definición
única y compartida del Buen Vivir (lo que desde otra perspectiva también podría
ser entendido como una poderosa potencialidad de este concepto en ciernes),
resulta interesante discutir algunos de sus fundamentos sobre los que parecería
identificarse cierto consenso alrededor de su acepción y alcance.
La noción del Buen Vivir busca la consecución de un
equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, propone
romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al
servicio de los seres humanos y la ha convertido en su objeto de manipulación,
dominio y apropiación. Al llamar a modificar nuestra actitud frente a la naturaleza,
el Buen Vivir parte del principio de que todo forma parte de una sola unidad y
que la alteración de un elemento fractura la estabilidad del flujo vital. Apela
por tanto a recrear una forma de co-existencia con la naturaleza que en lugar
de asentarse sobre la explotación de los recursos hasta su agotamiento,
promueva su optimización para el bienestar colectivo.
Pero, lejos de ser una postura que únicamente aboga
por las causas ecológicas, el Buen Vivir reconoce la necesidad de garantizar
una vida plena para las comunidades humanas, desligada de la mercantilización a
la que inevitablemente nos ha conducido el capital y un proceso de acumulación
sin fin que ha desdibujado el sentido mismo de la existencia. De ahí que el
Buen Vivir ponga énfasis, en la reciprocidad como principio fundacional de la
convivencia humana y en la complementariedad según la que cada ámbito, sector o
dimensión de la realidad se corresponden de manera armoniosa con otro ámbito,
sector o dimensión del mundo. En la búsqueda de una
vida plena, el Buen Vivir está íntimamente ligado a la interculturalidad y a la
plurinacionalidad y en esa medida sugiere, por un lado, la necesidad de repensar
nuevas formas de organización social y política de la mano con un nuevo modelo
económico y aboga por otro lado, el encuentro
entre saberes ancestrales, prácticas basadas en el lugar –para usar el lenguaje
propuesto por Arturo Escobar (2011)- y lo mejor del pensamiento occidental y de
los logros alcanzados en el mundo contemporáneo.
El Buen Vivir atraviesa la Constitución del Ecuador
y consta como un derecho en la Constitución de Bolivia gracias a la lucha de
movimientos sociales –principalmente de los pueblos indígenas- de ambos países
y de una correlación de fuerzas que facilitó, en su momento, canales de
interlocución y diálogo social. La construcción y concreción de sus postulados
y principios está sin embargo aún pendiente. No basta que la incorporación del
Buen Vivir conste en los más importantes cuerpos legales nacionales. Esta
aparente conquista puede ser al mismo tiempo su mayor debilidad debido a los
riesgos de institucionalizar su sentido.
La institucionalización del Buen Vivir y su consiguiente
tecnocratización podría coartar y desviar la dimensión contestataria al orden
establecido que está implícita en la génesis de esta noción pues con demasiada
frecuencia el tradicional concepto de desarrollo, ese ideal de progreso
(acumulación) incesante que promueve el capitalismo, es suplantado
indiscriminada y acríticamente por el Buen Vivir. En última instancia, al ser
cooptado por la institucionalización, el Buen Vivir es solo el ropaje bajo el
que, con un aparentemente nuevo léxico, continúa un modelo de crecimiento
económico fundamentalmente orientado a satisfacer la demanda externa, una
democracia de baja intensidad y un manejo centralizado del poder político. Esta
afirmación no es lamentablemente lejana al caso ecuatoriano en donde, antes que
cambios estructurales, procesos de redistribución serios y sostenidos y
rupturas profundas, bajo el régimen del Buen Vivir impulsado por el gobierno de
la Revolución Ciudadana, hay cada vez más cercanía con una política de
desarrollo basada en las denominadas ventajas competitivas –patrimonio natural-
del que dispone el país y con un estilo de gestión política poco propenso a la
participación y el diálogo.
Aunque
podría argumentarse que en consideración del lapso transcurrido desde la
aprobación de la Constitución ecuatoriana vigente (2008) a la actualidad es aún
prematuro plantear una suerte de regresión en el alcance del concepto del Buen
Vivir que instrumenta la institucionalidad del poder, algunos elementos de la
coyuntura permiten corroborar tal afirmación. En efecto, es poco probable
pensar que las excepcionales condiciones con las que ha contado el gobierno
–importante respaldo social, control de todos los poderes del Estado, elevados
ingresos producto de los altos precios del petróleo- puedan redituarse en los
siguientes años a fin de introducir los cambios que aspiraba el país para
transitar hacia el Buen Vivir y que posibilitaron el ascenso al poder del
Presidente Correa. Estos cambios no se han producido en la magnitud y la forma
que se esperaban; más bien se ha acentuado una orientación de la gestión
pública distinta a la volcada en el primer plan de campaña y que ha provocado
el distanciamiento con sus iniciales aliados: indígenas, ambientalistas y
sectores de izquierda.
El proceso de institucionalización del Buen Vivir en
el Ecuador ha dado poco espacio al diálogo intercultural, al juego democrático
y a una real descentralización de la gestión pública, menos aún ha sentado las
bases para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional. La
participación se circunscribe actualmente, como en el pasado, a los procesos
electorales; sin diálogo ni espacios para procesar diferencias. El disenso es sinónimo
de traición y no en pocos casos ha significado la criminalización de la
protesta social.
En el plano económico, pese a la disponibilidad de
un régimen de Buen Vivir y del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de
derechos[2],
el énfasis de las actuales políticas públicas descansa aún en el extractivismo –que
en el corto plazo se pretende extender hacia regiones relativamente alejadas de
la dinámica del mercado- y en una concepción según la que es necesario inyectar importantes recursos económicos
para avanzar en la superación de la
pobreza y corregir las asimetrías sociales que soporta el Ecuador. En esta
carrera hacia el progreso siguen pendientes políticas para modificar la
estructura de propiedad de la tierra, una de las más inequitativas en la
región, y disminuyen cada vez más las expectativas sobre los prometidos cambios
para modificar la matriz productiva e iniciar la transición hacia una economía
post-extractiva.
La propuesta más difundida al respecto, la
Iniciativa ITT-Yasuní que proponía mantener en tierra las reservas petroleras
de los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (estimadas en 920 millones de
barriles) localizadas al interior del Parque Nacional Yasuní, a cambio de una
compensación internacional equivalente al 50% de los ingresos netos de las
potenciales exportaciones de dichas reservas (estimadas en 7,2 millones de
dólares), fue unilateralmente abandonada por el gobierno a mediados de agosto
del 2013. A cambio de esta compensación, Ecuador se comprometía a no emitir 420
millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera del planeta (cantidad
equiparable a lo que cada año emiten Francia o Brasil).
Tal iniciativa constituía una oportunidad
excepcional para sentar las bases de una nuevo pacto civilizatorio entre seres
humanos y naturaleza, incorporaba el criterio de responsabilidades comunes y
diferenciadas, abría las puertas para otro tipo de cooperación y para el
reclamo de la deuda ecológica, protegía diversidad biológica única contenida en
el Parque Yasuní y la vida de pueblos en aislamiento voluntario; constituía una
respuesta efectiva para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático.
Así lo entendieron pueblos indígenas, jóvenes y diversos sectores sociales que se
identificaron con la Iniciativa Yasuní-ITT y que, a raíz de la decisión
gubernamental, presionan por la realización de una consulta ciudadana que
decida su futuro.
El abandono de la Iniciativa Yasuní ITT por parte
del gobierno ecuatoriano es solo el corolario de una tendencia que comenzó a
manifestarse con más claridad hacia mediados de su segundo mandato (2009-2013)
y sobre la que el Presidente Correa no ha tenido empacho en reiterar su
adhesión: una economía sustentada en las riquezas hidrocarburíferas y minerales
del país, una constante minimización de los impactos ambientales y sociales
bajo el argumento de las bondades tecnológicas y una división de la sociedad
entre supuestos defensores y detractores del progreso.
En este contexto, la posibilidad de mantener la
noción del Buen Vivir como una “ilusión movilizadora”, como una postura
política que confronte la racionalidad dominante, que haga eco de otras y
diversas visiones e identidades y que reivindique los saberes plurales (Leff
2006; Escobar 2011), no puede supeditarse a lo que haga o deje de hacer el
poder. El hecho de que el Buen Vivir siga siendo parte de una epistemología
alternativa –y de una ecología política renovada- dependerá en gran
medida de la correlación de fuerzas existente en cada sociedad, de la capacidad
de organización y propuesta de los sectores sociales, de la necesaria
reapropiación política de los conceptos, de la profundización de una democracia
participativa y con espacios para la resolución de conflictos y disensos.
Ventajosamente, el Sur global presenta evidencias de la construcción de una
voluntad social cada vez más grande para iniciar
una reconciliación entre los seres humanos y la Tierra y para establecer el
cimiento de un nuevo pacto civilizatorio. Disputemos entonces el verdadero
sentido del Buen Vivir.
BIBLIOGRAFÍA
CONSULTADA:
Acosta,
Alberto y Esperanza Martínez (comp.). El
Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Ediciones Abya-Ayala. Quito, 2009.
Alimonda,
Héctor. La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología
política latinoamericana. En: La
naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina.
Alimonda, Héctor (coord.). Colección Grupos de Trabajo. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-987-1543-84.7
Escobar, Arturo.
Ecología política de la globalidad y la diferencia. En: La
naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina.
Alimonda, Héctor (coord.). Colección Grupos de Trabajo. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2011. ISBN: 978-987-1543-84.7
Fischer-Kowalski,
Marina y Helmut Haberl. El metabolismo socioeconómico. En: Ecología Política.
No. 19. Cuadernos de Debate Internacional. Fundación Hogar del Empleado. Icaria
Editorial. Barcelona, 2000. ISBN: 1138-6738.
Leff, Enrique. La
ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En publicación: Los
tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana.
Alimonda, Héctor. CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos
Aires, 2006. ISBN: 987-1183-37-2
Santos,
Boaventura de Sousa. Refundación del
Estado en América Latina. Perspectivas
desde una epistemología del Sur. Ediciones Abya-Ayala. Quito, 2010.
Otros documentos
consultados:
República del Ecuador. Constitución del Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. Montecristi, 2008.
República del Ecuador. Documento base de
posición nacional. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible Río+20. Martha Moncada (coord.). Ministerio Coordinador de
Patrimonio. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quito. 2012.
SENPLADES. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Quito, 2009.
SENPLADES. Evaluación. Plan Nacional para el Buen Vivir. Secretaría Nacional de Planificación. Quito, 2012.
Notas:
[1]
Según
algunas estimaciones, las necesidades materiales totales –que incluye los
insumos materiales directos y los denominados flujos ocultos- de los países
industrializados ascienden a más de 80 toneladas por persona al año (Fischer-Kowalski y Haberl 2000:25).
[2] El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos consta por
primera vez a nivel mundial en la Constitución ecuatoriana del 2008.
