Alejandro Espinosa Calderón, et al.
Ante las presiones a México y la importación de más de 12
millones de toneladas de maíz, es urgente incrementar la producción de este
grano en el país, promover y alcanzar la suficiencia alimentaria. Para ello es
muy importante la estrategia que se defina en México para el abastecimiento y
uso de variedades nativas y mejoradas, hasta ahora equivocada al propiciarse
una grave distorsión del sistema de semillas en México.
En la superficie de más de 8 millones de hectáreas de
maíz que se cultivan en México, en el 25 por ciento se emplean semillas
híbridas comerciales o mejoradas, con dominio de más del 90 por ciento del
comercio de semillas por parte de empresas privadas oligopólicas. Éstas
promueven que se autoricen las siembras de semillas transgénicas con la falsa
promesa de elevar la producción. En el 75 por ciento restantes se emplean
semillas nativas para la siembra de maíz, en más de 2.3 millones de unidades de
producción, donde cada productor tiene de una a tres variedades diferentes con
amplia diversidad genética, garantía hacia el futuro ante el cambio climático.
El paradigma que representan los transgénicos se sustenta
técnicamente en la uniformidad, los monocultivos, la erosión de suelos, el uso
excesivo de fertilizantes, la eutrofización y cambios en el marco legal
relacionados con la generación, desarrollo y registro o liberación de
variedades vegetales. Igualmente, la producción y comercialización de semillas;
dichos cambios favorecen a unas cuantas empresas privadas que lograron
controlar este insumo en semilla de híbridos, pero que propician el desabasto
en grandes superficies de semillas de otros cultivos como son frijol, trigo,
avena, arroz y variedades de polinización libre de maíz.
Una de las primeras adecuaciones a las políticas de
globalización comercial que el gobierno mexicano llevó a la práctica (aun
siendo contrarias al interés de la Nación) fueron las modificaciones a la Ley
de Semillas (LS) de 1961. La LS de 1991 aún permitía la multiplicación y
comercialización de semillas de variedades generadas por instituciones
públicas, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP) y la Productora Nacional de Semillas (Pronase), por parte de
la iniciativa privada, por la presión de organismos internacionales. Paulatinamente
se fue desmantelando la Pronase, dejando vulnerable al sector agrícola de
México. A pesar de la desaparición total de dicha institución en 2007, es loable
el esfuerzo del INIFAP por contribuir con sus materiales.
La publicación de la Ley Federal de Producción,
Certificación y Comercio de Semillas (LFPCCS) en 2007 concretó la intención de
las corporaciones oligopólicas por controlar la circulación de semillas
mejoradas y nativas, exigiendo el registro de variedades nativas como requisito
indispensable para comercializar su semilla.
Producto de la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte en 1994, México se obligó a incorporarse a la Unión
Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), lo que se
concretó en 1997, después de contar con la Ley Federal de Variedades Vegetales
(LFVV) promulgada en 1996, adhiriéndose al acta UPOV 1978. En esta acta, la
protección de variedades es sui generis; es decir, no utiliza el esquema
de patentar variedades y se privilegia la diversidad genética, permitiéndose la
“derivación esencial de variedades”, así como el uso de la semilla por parte de
los agricultores.
En la versión 1978 de esta acta, se ubican países que
como México poseen biodiversidad genética y usos similares de semilla propia
como son Ecuador, Bolivia, Chile y Brasil. En cambio, el acta UPOV 1991,
promueve que se patenten genes y variedades como esquema
para protección de los derechos de propiedad intelectual, limita el uso de las
semillas por parte de los agricultores, no permite la derivación esencial,
afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las
semillas patentadas incluso a los productos que genera.
Al acta UPOV 1991 se han adherido países
industrializados como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Suiza y Francia,
donde están instaladas las oficinas centrales de grandes corporaciones y
oligopolios de la industria semillera (consulte la lista completa de países
miembros de UPOV).
Desde hace años se ejerce presión para que México y otros
países se reubiquen como adherentes al acta UPOV 1991, que representa el
escenario jurídico ideal para el control de las semillas a nivel mundial. En
especial para favorecer las patentes de desarrollos tecnológicos por parte de
la industria multinacional de cultivos transgénicos, lo que les daría derecho
legal al cobro de regalías. Quienes pagan las regalías en los países que se
adhieren al acta UPOV 1991 son: a) los productores que voluntariamente establecen
contratos con la industria para el uso de sus productos, y b) los
productores de granos o de semillas, bajo mandato judicial, cuando la(s)
variedad(es) que siembran o comercializan hayan sido voluntaria o
involuntariamente contaminada(s) con los transgenes patentados y sujetas a
juicio.
México y otros países que son centros de origen y/o de
diversificación de especies cultivadas, experimentan presiones exógenas para
adoptar el acta UPOV 1991. En abril de 2012, en la LXI legislatura de la Cámara
de Diputados, se tenía todo listo en la Comisión de Agricultura (y en la lista
de temas en el pleno de la cámara), para aprobar la nueva Ley Federal de
Variedades Vegetales (LFVV) que ubicaba a México en el acta UPOV 1991. Con ello
llevarían al campo mexicano a un desastre anunciado.
Después del cabildeo con legisladores, afortunadamente la
modificación a la ley fue suspendida en respuesta a las explicaciones y
demandas por parte de organizaciones y científicos que exigieron ser atendidos.
La minuta de LFVV se retiró de la orden del día en el pleno de la Cámara de
Diputados.
A fines de 2016, nuevamente se iniciaron consultas con
personas a modo para que validaran este nuevo intento en algunas universidades
e instituciones nacionales. Lo que se pudo impedir en México, no ocurrió en
Colombia, ubicándose ese país en el acta UPOV 1991 en abril de 2012, con
repercusiones que llevaron a un paro agrario nacional meses después. Se terminó
cuando se suspendió la aplicación de la ley.
El camino para imponer a México en el acta UPOV 91,
irremediablemente ocurriría al ratificarse el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés), promovido inicialmente por
Estados Unidos y otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia,
Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.
Entre otras cosas, impone la desregulación
a los transgénicos y su impacto potencial sobre la soberanía y la seguridad
alimentaria, la biodiversidad y la preservación y desarrollo de las culturas
agrobiológicas, así como la obligatoriedad de ubicarse en el acta UPOV 91 (ver
Artículo 18.7.2.c. del TPP); sin embargo, Donald Trump, presidente de la
principal economía del TPP, canceló su adhesión, lo que resulta una presión
menos para México y resulta bueno para mantener la biodiversidad genética,
evitar los transgénicos y nos obliga a avanzar hacia la soberanía alimentaria.
En caso de que México se adhiera al acta UPOV 1991,
resultaría en despojo por parte de los oligopolios de las variedades nativas de
los productores, dueños inmemoriales del gran acervo genético y cultural. En
ese caso, si las semillas nativas sufrieran contaminaciones con transgénicos
estarían amparadas bajo las patentes aprobadas por la nueva LFVV.
Las empresas como Monsanto se excusan en que el uso de
sus materiales reducirá el uso de fertilizantes, herbicidas e insecticidas pues
las variedades generadas son tolerantes a sequías y ofrecen, de acuerdo a sus
investigaciones, un sinfín de bondades. Pero no hay posibilidades de cumplir
con dichos aspectos con base en lo que ha ocurrido en otros países.
La LFVV y la autorización de siembra de maíz transgénico
propiciarían la desaparición de las pequeñas y medianas empresas productoras y
comercializadora de variedades de maíces no transgénicos, pues al convivir con
aquellos que sí lo son sería imposible que las líneas parentales empleadas no
se contaminen, propiciando la acumulación irreversible de ADN transgénico.
Además, ante la ley dichas semillas nativas o variedades mejoradas contaminadas
serían consideradas “piratas”. Y si, en determinado caso llegaran a usarse,
tendrían que pagar regalías a las industrias y se verían obligadas a cerrar,
monopolizando la producción de semillas.
La contaminación de las razas nativas de maíz equivaldría
a despojar a los 62 pueblos indígenas de la Nación dueños del reservorio
genético primario del maíz. La memoria genética del maíz nativo se perdería, en
aras de una insostenible estrategia de control de las semillas por parte de las
corporaciones.
Como alternativa ante las amenazas para
México y la urgencia de producir el maíz que requerimos, es necesario
incentivar el uso de variedades mejoradas y nativas. Las primeras, producto de
la investigación de instituciones públicas; las segundas, a través del
mejoramiento autóctono de miles de años y más de 330 generaciones de
productores de maíz mexicanos. Con estos acervos nacionales se puede competir
con las grandes empresas multinacionales. Es importante realizar una gran
cruzada para uso óptimo de todos estos maíces nativos y mejorados, apoyando
empresas nacionales. No a través de MasAgro, quien indebidamente comete dumping
para atraer a empresas inicialmente apoyadas por investigadores del INIFAP, a las cuales les regala semilla con
recursos de México entregados indebidamente a CIMMYT.
Este programa pretende sustituir 1.5 millones de
hectáreas de maíces nativos por semilla de maíces híbridos de empresas privadas
con las cuales tiene convenio. La suficiencia alimentaria en maíz puede
alcanzarse con semilla mexicanas nativas y mejoradas, privilegiando la
diversidad genética, la agricultura de subsistencia tradicional y comercial a
través de un gran número de empresas mexicanas con acompañamiento en asesoría
técnica, aprovechando la experiencia de técnicos, investigadores y productores
locales.
Alejandro Espinosa Calderón*
Margarita Tadeo Robledo**
Karina Yazmine Mora García**
Antonio Turrent Fernández*
Margarita Tadeo Robledo**
Karina Yazmine Mora García**
Antonio Turrent Fernández*
_________________
*Unión de Científicos Comprometidos
con la Sociedad (UCCS)
**Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM
Correos -e: espinoale@yahoo.com.mx, tadeorobledo@yahoo.com, megaberry@hotmail.com y aturrent37@yahoo.com.mx
*Unión de Científicos Comprometidos
con la Sociedad (UCCS)
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Correos -e: espinoale@yahoo.com.mx, tadeorobledo@yahoo.com, megaberry@hotmail.com y aturrent37@yahoo.com.mx
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Fuente: La Jornada ecológica -
http://ecologica.jornada.com.mx/2017/05/26/la-libre-circulacion-de-las-semillas-y-la-agrodiversidad-estan-en-riesgo-1033.html
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