Ollantay Itzamná
A una década de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, y a casi
tres décadas de la aprobación del Convenio 169º de la OIT sobre el tema, el 9
de agosto (Día Internacional de los Pueblos Indígenas), es ocasión para
reflexionar hacia dónde vamos los pueblos indígenas en América Latina.
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Foto: Gubiler
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Los diferentes
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas (derecho a la
autodeterminación, a tierra y territorio, a la consulta previa y libre, a la
identidad cultural, etc.) ya tienen mayoría de edad como normas jurídicas
vigentes a nivel internacional y nacional.
Pero, las condiciones
de vida y oportunidades no han mejorado para la gran mayoría de los pueblos
indígenas. Los informes oficiales sobre condiciones de vida, tanto de entidades
nacionales, como internacionales, en la región, muestran signos positivos a
nivel global. Pero, en los diferentes países de la región, las poblaciones
indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento.
Es más, en países con
mayoría demográfica indígena como Guatemala, Perú o Bolivia, las familias
indígenas, en la actualidad, subsisten en peores condiciones que en épocas de
la Colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de
fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neoesclavitudes en
las que jornalean en los monocultivos agrícolas de la región
¿Qué pasó con los derechos declarados entonces?
Los derechos
declarados, mientras no haya sujetos que la ejerza y defiendan, y autoridades
que garantice su cumplimiento, no cambia casi en nada la realidad cotidiana de
los pueblos.
Si bien, en los
últimos años, la autodefinición de personas como indígenas cobró fuerza en
segmentos demográficos crecientes de países multiculturales, en especial. Sin
embargo, esa conciencia identitaria no necesariamente significó una clara
conciencia política de “ser indígena” en países racializados. Y, en consecuencia,
la emotiva autodefinición de las personas como indígenas no necesariamente
implicó el ejercicio individual y/o colectivo de los derechos sociopolíticos
indígenas. Somos sujetos “culturales” sí, pero aún siervos “apolíticos”.
A nivel general, en
países multiculturales como Guatemala o Perú, la “lucha” de la gran mayoría de
actores indígenas no ha superado el culturalismo folclórico “apolítico”.
Permitido y aceptado por el hegemónico sistema neoliberal.
Peor aún, en países
como Perú, los aborígenes no se autodefinen como indígenas, sino como
campesinos (una categoría social ideológicamente construida para implantar el
mestizaje rural).
En países como
Bolivia, Ecuador, México, algunos movimientos indígenas y/o núcleos organizados
con conciencia política están o han dado saltos significativos del ejercicio de
los derechos culturales al ejercicio de los derechos sociopolíticos. Pero, incluso
en dichos países los resultados evidentes para cambiar las condiciones de
colonialidad y de dominación de los pueblos indígenas son aún insipientes.
En países como
Nicaragua o Bolivia, los actuales gobiernos progresistas han logrado titular
grandes extensiones de tierras para indígenas, bajo propiedad colectiva. Es
más, en el caso de Nicaragua, el 33% del total del territorio nacional está
legalmente reconocida como territorio autónomo indígena (con tierras
tituladas), con sistemas de autogobierno propio. Pero, justamente son estas
zonas autonómicas las más empobrecidas y marginadas del país. Entonces, al
parecer, las autonomías indígenas tampoco son panaceas per se,
para avanzar hacia el Buen Vivir.
Los derechos
individuales y colectivos para las y los indígenas están reconocidos y
declarados. Pero, hace falta que las y los indígenas organizados o no, demos el
salto de la cómoda autodefinición indígena (que incluso nos da algunos
privilegios en un mundo amante de lo exótico) hacia el ejercicio de los derechos
sociopolíticos indígenas, de manera coherente.
Los bicentenarios
estados criollos o mestizos no van a implementar más leyes a favor de pueblos
indígenas. Es más, como en el caso de Guatemala o Perú, el derecho a la
consulta previa ya fue manipulado para que las comunidades digan sí a las
empresas (pero son pocos los indígenas que protestan).
Transitar del
culturalismo al ejercicio de derechos políticos implica constituirnos en
sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados
para todos/as. Estados plurinacionales lo llaman.
Esto implica que los
movimientos y pueblos indígenas construyamos nuestros propios instrumentos
políticos (organización política) incluyentes para disputar el poder
electoralmente a los poderes oficiales, e impulsar procesos de asambleas
constituyentes plurinacionales. Pero, con métodos y contenidos que superen el
individualismo metodológico y el capitalismo suicida.
Los derechos de los
pueblos indígenas tienen que ser el fundamento, argumento y horizonte que haga
realidad las postergadas transformaciones estructurales en beneficio de los
pueblos. No puede ser únicamente el vehículo discursivo o laboral para el
ascenso socioeconómico de unos pocos indígenas. Y, en esto, la responsabilidad
mayor lo tenemos las y los indígenas que fuimos formados o malformados en la
academia occidental, y todos cuantos ocupan responsabilidades en las academias
y en las ventanillas de los estados y de la cooperación internacional.
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