Muubilli (océano), caribe de
Gunayala. Isla y mar se confunden. Foto: Gubiler, 2026
Resumen
Las comunidades costeras de todo el mundo se
enfrentan a crecientes cargas medioambientales y de derechos humanos debido a
la creciente economía oceánica. Sin embargo, los defensores del océano que se
movilizan para defender el medio marino, sus territorios y sus derechos a
menudo sufren represión, intimidación y violencia. La sociedad tiene el deber
moral y legal de proteger a los derechos humanos y a los defensores del océano.
Los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los financiadores,
las instituciones de derechos humanos y la comunidad internacional de
gobernanza oceánica deben movilizarse con urgencia para apoyar y proteger a los
defensores de los océanos.
Abstract
Coastal communities worldwide face growing environmental
and human rights burdens from the expanding ocean economy. Yet ocean defenders
who mobilize to defend the marine environment, their territories, and their
rights often experience repression, intimidation, and violence. Society has a
moral and legal duty to protect human rights and ocean defenders. Governments,
the private sector, civil society organizations, funders, human rights
institutions, and the international ocean governance community must mobilize
urgently to support and safeguard ocean defenders.
Introducción
En todo el mundo, las poblaciones y
comunidades costeras están lastradas por el crecimiento exponencial y la
regulación insuficiente de la economía oceánica, lo que puede amenazar el
entorno marino y los recursos de los que dependen las personas, la integridad
de sus territorios marinos y costeros, y sus derechos humanos 1,2,3. Comprensiblemente, la población local se
organiza y moviliza en oposición a estas actividades de desarrollo amenazantes,
convirtiéndose en defensores medioambientales, defensores de derechos humanos o
'defensores del océano'1,4,5,6. Los defensores del océano son las personas,
grupos y colectivos que abogan por la protección del medio marino y los
derechos de sus comunidades frente a amenazas existenciales mediante diversas
formas de protesta pública7. Las movilizaciones sociales de defensores
oceánicos son catalizadores esenciales para una conservación sostenible del
océano y el mar.2,7,8,9,10,11. Sin embargo, hay cada vez más pruebas de
que, cuando alzan la voz, los defensores del océano están experimentando
diversas formas de represión, intimidación y persecución, así como ataques no
letales y letales1,11 .
La sociedad tiene un deber moral urgente y una responsabilidad legal
bajo el derecho internacional de proteger los derechos y las vidas de los
defensores del océano1,5,12,13. Esta perspectiva lanza un llamamiento
urgente a la acción para todos los sectores de la sociedad —gobiernos, sector
privado y sociedad civil— para apoyar y proteger a los defensores oceánicos a
nivel mundial.
Derechos
humanos, economía oceánica y la difícil situación de los defensores
Todas las personas tienen derechos humanos
inherentes según el derecho internacional14, 15, 16. Los derechos humanos incluyen derechos
sustantivos como el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda, el
trabajo, un nivel de vida adecuado, seguridad y vida, así como el derecho a un
entorno limpio, saludable y sostenible14,15,16,17,18. También
incluyen derechos procesales como: el derecho a: reunirse, organizarse y
expresarse de forma segura; estar informado y participar en la toma de
decisiones relacionadas con el medio ambiente; protestar pacíficamente en
defensa de los derechos humanos y del derecho humano a un entorno saludable; y
poder acceder a la justicia y a remedios efectivos cuando se vulneran los
derechos5,7,12,19,20,21. Las mujeres, los niños y otros grupos
sujetos a discriminación tienen derechos específicos y únicos que garantizan su
igualdad sustantiva y procesal22, 23, 24, 25. Los pueblos indígenas y otras comunidades
tradicionales, incluidos los pescadores a pequeña escala, poseen derechos
distintos y diferenciados —incluyendo derechos de tenencia y acceso, y el
derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC)— reflejando su
conexión histórica y dependencia directa continua de los recursos y territorios
para los medios de vida, la seguridad alimentaria y la continuidad cultural26,27,28,29,30. Todos los miembros y sectores de la sociedad
—gobiernos, empresas y sociedad civil— tienen responsabilidades y obligaciones
en cuanto a promover, respetar y proteger el conjunto completo de derechos
humanos1,7,13,31,32. Además, existen todos los derechos humanos y
las responsabilidades relacionadas se aplican en el contexto del océano, desde
los márgenes costeros hasta la alta mar en áreas fuera de la jurisdicción
nacional1,18,32,33.
Sin embargo, el deterioro de la salud oceánica y el rápido crecimiento de la economía oceánica están afectando negativamente a los derechos humanos de las poblaciones dependientes del océano1,32 . Un océano sano, abundante y no tóxico aporta beneficios críticos a la humanidad que sustentan los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida razonable y a la salud1,32 . Esto es especialmente cierto para las comunidades costeras y los pescadores a pequeña escala, muchos de los cuales también pueden ser pueblos indígenas, que dependen del océano para su subsistencia, medios de vida y cultura34, 35, 36. A nivel mundial, la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación marina están afectando a los derechos humanos de las poblaciones costeras a un océano saludable37, 38, 39. Al mismo tiempo, el aumento de las inversiones en la economía oceánica —que incluye sectores como el petróleo y gas marino, la pesca y la acuicultura, el desarrollo marítimo y portuario, el turismo marino y la bioprospección— está conduciendo a un rápido crecimiento, expansión a nuevas áreas y profundidades del océano, y al aprovechamiento de nuevas tecnologías para extraer recursos aún intactos40,41,42,43,44.
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