por Admin
Pablo Solón
En marzo de 2025 el oro superó
por primera vez en la historia los 3.000 dólares por onza troy. Muchos
gobiernos y empresas buscan refugio en el oro ante la guerra comercial y las
disputas geopolíticas desatadas por Trump. La demanda de oro crece en todo el
mundo, menos en unos municipios y territorios indígenas de la Amazonía
boliviana que están decididos a ponerle freno al avance de la minería del oro
para preservar su producción agroecológica, sus emprendimientos ecoturísticos,
y sus sistemas de vida.
La fiebre del oro
En Bolivia existen mas de mil
trescientas cooperativas del oro asentadas abrumadoramente en los ríos de la
Amazonía. La mayoría de estas cooperativas mineras operan de manera ilegal y se
concentran sobre todo en los municipios de Apolo, Teoponte, Tipuani, Mapiri y
Guanay próximos a los municipios agroecológicos de Alto Beni y Palos Blancos.
Bolivia está entre los
principales importadores de mercurio del mundo. Este elemento químico se
utiliza para separar y concentrar el oro que se encuentra en ríos de la
Amazonía. Una vez que el mercurio se libera, ciertas bacterias lo transforman
en su versión orgánica más tóxica: el metilmercurio que ingresa a la cadena
alimentaria de plantas, peces, aves, animales y seres humanos. Un estudio
reciente indica que los pueblos indígenas Esse Ejjas, Tsimanes y Mosetenes, que
están aguas abajo de las explotaciones mineras del oro, tienen hasta siete
veces más mercurio de lo que considera aceptable por la Organización Mundial de
la Salud. La exposición al mercurio tiene el potencial de causar daños
irreversibles en el desarrollo infantil, y los sistemas nervioso, digestivo,
renal y cardiovascular de los adultos.
Pero la fiebre que provoca la
explotación del oro va mucho mas allá del mercurio. Allí donde operan las
cooperativas mineras se remueven miles de toneladas de tierra y roca
deforestando y alterando los meandros de los ríos que agravan las inundaciones
que afectan a las propias poblaciones mineras. A esto se suman los
avasallamientos a territorios indígenas y áreas protegidas, las condiciones
infrahumanas de trabajo en la minería del oro y la proliferación de la
prostitución, el alcoholismo, las drogas, la violencia y los conflictos.
Los que verdaderamente se
benefician de la actividad minera son unos pocos inversionistas colombianos,
chinos, rusos y bolivianos que proveen de maquinaria y capital a las
cooperativas a cambio de la entrega de su producción. El Estado boliviano
apenas recibe el 2,5% del valor de todas las exportaciones de oro. Sin embargo,
todos los gobiernos son bastante permisivos frente a los cooperativistas
mineros por su capacidad de movilización y la masa electoral que representan.
La muralla agroecológica
La producción agroecológica en
los municipios de Alto Beni y Palos Blancos tiene sus raíces en la central de
cooperativas El Ceibo que se fundó en 1977 para producir cacao orgánico. Las
cooperativas formadas por campesinos migrantes de tierras altas exportaron por
primera vez cacao con certificación orgánica a los Estados Unidos en 1987. En
la actualidad, El Ceibo cuenta con 49 cooperativas, 1.300 socios agricultores,
una planta de procesamiento de cacao y chocolates en la ciudad de El Alto, y
exporta el 40% de su producción con certificación orgánica a diferentes países.
El cacao se cultiva en pequeñas
parcelas de 3 o 4 hectáreas sin el uso de agroquímicos u organismos
genéticamente modificados. Los agricultores recolectan el cacao y lo ponen a
secar al sol mientras producen compost con los restos para aumentar el rendimiento
del suelo. Con los años, ambos municipios han incursionado en sistemas
agroforestales de producción de cítricos, papaya, banano, copoazú, maracuyá y
otros productos.
Los dos municipios están
separados por el rio Alto Beni y por su territorio pasan varios cursos de agua
que dan vida a su producción agroecológica. Sin embargo, durante la última
década casi todos estos ríos han sido solicitados para explotaciones de oro a
la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia. Como se
puede apreciar en el siguiente mapa del municipio de Alto Beni no hay un pedazo
de río que no esté cuadriculado y en trámite de adjudicación minera.
Solicitudes de derechos mineros en el municipio de
Alto Beni
Elaboración propia por la Fundación Solón en base a datos de la AJAM 2022
Municipios libres de minería
Desde 2017, varias
organizaciones de la región, incluido El Ceibo, emitieron pronunciamientos
contra la explotación aurífera en ambos municipios. A principios de 2021 la
Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), que tiene gran parte de su
territorio en el municipio de Palos Blancos, rechazó rotundamente 17 trámites
mineros por los que pretendían concesionarse 848 cuadrículas dentro de su
territorio. También en 2021, ambos municipios aprobaron leyes de declaratoria
de municipios agroecológicos libres de actividad y contaminación minera. La
aprobación de estas leyes municipales afirmó la determinación agroecológica y
no minera de Palos Blancos y Alto Beni, pero no puso fin a los avasallamientos
de cooperativistas mineros ni a las solicitudes de trámites ante la AJAM.
En junio de 2023, la Defensoría
del Pueblo interpuso una acción legal ante el juzgado de Palos Blancos para
revertir una resolución de la AJAM que autorizaba realizar una consulta para la
otorgación de un derecho minero. El juez dejó sin efecto la resolución de la
AJAM y exhortó a los municipios de Alto Beni y Palos Blancos a hacer conocer a
la AJAM “las áreas geográficas superficiales libres de explotación minera para
su restricción”.
En 2024 ambos municipios
consiguieron una ley de Asamblea Legislativa Departamental de La Paz que
refrendaba su vocación agroecológica libre de minería, y procedieron a entregar
los planos de sus municipios para que la AJAM restrinja toda solicitud minera.
Ese mismo año, la
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezada por David
Choquehuanca, interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un
conflicto de competencias contra la ley municipal de Alto Beni con el argumento
de que la regulación de los derechos mineros es una “competencia exclusiva” del
gobierno nacional y no así del municipio. Esta acción legal fue un balde de
agua fría para las organizaciones agroecológicas. Mas del 80% de la población
de ambos municipios había votado por el MAS y su vicepresidente Choquehuanca en
las elecciones nacionales de 2020.
Las organizaciones y autoridades
de ambos municipios viajaron varias veces a La Paz para explicar al
vicepresidente y sus técnicos que ellos no querían arrebatar ninguna
competencia al gobierno nacional, que en sus municipios no había actividad
minera, y que de existir minería aurífera perderían su condición de municipios
agroecológicos. Para comprobar esta realidad, invitaron a Alto Beni al
vicepresidente y a autoridades de la AJAM. En agosto de 2024 frente a la
presencia imponente de trescientos representantes de organizaciones
agroecológicas campesinas, indígenas y de mujeres de los municipios de Alto
Beni y Palos Blancos, el vicepresidente y las autoridades de gobierno se
tuvieron que poner la camiseta verde de los municipios libres de minería.
El director departamental de la
AJAM firmó un acta en la que suspendía todo trámite de derecho minero en ambos
municipios, pero días después aclaró que dicha suspensión era sólo temporal
hasta que el TCP revisará la resolución del juzgado de Palos Blancos y se
conociera el resultado del conflicto de competencias planteado por la
vicepresidencia contra el municipio de Alto Beni.
Después de una complementación
de forma a la ley municipal de Alto Beni, la vicepresidencia retiró por fin el
conflicto de competencias en diciembre de 2024. Casi al mismo tiempo se hizo
pública la sentencia del TCP que mantenía en firme lo determinado por el juez
de Palos Blancos y ampliaba su falló señalando que la actividad minera vulnera
no sólo los derechos de las personas sino también los derechos del río Beni.
Con estas dos determinaciones
judiciales, ahora las organizaciones de Alto Beni y Palos Blancos exigen a la
AJAM la suspensión permanente en la otorgación de derechos mineros en ambos
municipios. Así mismo, han presentado un proyecto de ley a la Asamblea
Legislativa Nacional para que se garantice su vocación agroecológica y se
amplíe esta protección a otros “municipios y territorios indígenas originarios
y campesinos con vocación ecoturística y productiva agroecológica”.
Territorios libres
La resistencia contra el avance
de la minería del oro no sólo se ha dado a nivel legal y judicial. En muchas
ocasiones las organizaciones campesinas e indígenas se han movilizado para
expulsar a empresas mineras que se estaban asentando en sus territorios.
Desde la realización en la
Amazonía boliviana del XI Foro Social Panamazónico en junio de 2024, el ejemplo
de estos municipios y organizaciones agroecológicas se ha ido extendido a otras
regiones. En febrero de 2025 se realizó el “Primer encuentro de municipios y
territorios indígenas agroecológicos y ecoturísticos” que sumó a los municipios
de Rurrenabaque y San Buenaventura e incorporó de manera protagónica a
territorios indígenas del norte de La Paz.
El Consejo Regional Tsimane
Mosetén del área protegida del Pilón Lajas rechaza la “consulta previa” que
realizan las cooperativas mineras con autorización de la AJAM porque sólo busca
el aval a través de algunas dádivas, y no toma en cuenta a todas las comunidades
indígenas que son afectadas por la actividad minera. En esa medida, un
territorio indígena que se ha declarado libre de minería debe ser respetado en
toda su integridad y no fraccionado a través de consultas amañadas.
El concepto de territorios
libres ha ido cobrando cada vez más profundidad y fuerza. Así lo muestra el
ejemplo del Yasuní donde la mayoría del pueblo ecuatoriano votó para dejar el
petróleo bajo el suelo. La lucha por territorios libres de extractivismo es la
lucha por la autodeterminación desde abajo frente a gobiernos cada vez más
capturados por lógicas de poder ecocidas.
La experiencia de Alto Beni y
Palos Blancos muestra que es posible frenar el extractivismo del oro
fortaleciendo y expandiendo las alternativas agroecológicas, sostenibles y
democráticas que se construyen desde lo local.
Fuente: https://fundacionsolon.org/2025/03/31/la-agroecologia-frena-la-mineria-del-oro/
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