Anriette
Esterhuysen
¿Avances
en un enfoque de derechos para las políticas de internet?
El reconocimiento de internet como
“medio de comunicación vital para que las personas puedan ejercer su derecho a
la libertad de expresión o el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, como se garantiza en
los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” fue establecido expresamente por
primera vez en el informe de julio de 2011 de Frank la Rue, el Relator Especial
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para la promoción y protección
del derecho de libertad de opinión y expresión. Él plantea además que:
El derecho a la libertad de opinión y de expresión es
un derecho fundamental en sí mismo, a la vez que factor coadyuvante de otros
derechos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, como el
derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural y gozar de
los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, así como los derechos
civiles y políticos, como los derechos de libertad de asociación y reunión. Así
pues, al funcionar como catalizador del derecho personal a la libertad de
opinión y de expresión, internet también facilita el ejercicio de otros
derechos humanos diversos[1].
Para mediados de 2012 quedaba claro que otros
Relatores Especiales de Naciones Unidas estaban tomando el tema de los derechos
humanos e internet muy seriamente –incluyendo el Relator Especial sobre el
derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación[2];
él de derechos culturales[3];
violencia contra las mujeres; y racismo, discriminación racial, xenofobia e
intolerancia-[4].
El 5 de julio de 2012, 85 países firmaron la resolución del CDH liderada por
Suecia afirmando el simple hecho de que los mismos derechos que las personas
tienen fuera de línea deben ser protegidos en línea[5].
Desde esta resolución clave del 2012, el
CDH ahora toma en consideración una resolución relativa a internet cada dos
años, que han ido del reconocimiento básico de la aplicabilidad de los derechos
humanos en el entorno en línea, a cubrir temas críticos como buscar soluciones
para la brecha digital de género, los ataques a las personas por ejercer sus
derechos en línea y terminar con las interrupciones intencionales de acceso a
internet. La resolución de julio de 2016 relaciona los derechos humanos en
línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[6].
Por lo tanto, parece que más gobiernos
están comprometiéndose seriamente con concretar las libertades en internet,
utilizando el discurso de derechos humanos y sus mecanismos para lograrlo. Podemos
encontrar mayor evidencia de ello en el lanzamiento de la Freedom Online Coalition
de gobiernos en diciembre del 2011[7]
y una mayor participación y aceptación de los derechos humanos como un tema
legítimo a tratar en el Foro de Gobernanza de Internet (FGI)[8].
Ambivalencia
Pero ¿cuán profundo es el compromiso de
los gobiernos en realidad? Los grupos de la sociedad civil desconfían,
particularmente cuando, gracias a las revelaciones de Snowden, miembros de la Freedom
Online Coalition como Estados Unidos y Gran Bretaña salieron a la luz como
violadores de los derechos de privacidad. Tres años más tarde, la situación aún
continúa luciendo bastante desalentadora.
El bloqueo y filtrado de contenidos[9]
son comunes: en algunos países la práctica es endémica[10].
El gobierno ruso aprobó en 2013 una ley que le permite bloquear selectivamente contenidos
que considere dañinos para los niños. Los activistas de derechos humanos
consideran que la ley de protección infantil está diseñada como “una fisura que
posibilita una censura más amplia en internet”. A mediados de 2013 el gobierno
británico ha introducido el uso obligatorio de filtros de pornografía infantil.
Muchos países en desarrollo, particularmente en África, Asia y Medio Oriente también
practican activamente la censura online[11].
Aún los gobiernos comprometidos en general con la libertad de expresión están tomando
acciones para limitarla en línea, tal como la decisión de Ecuador de junio de
2013 de establecer una “política de nombre real” que prohíbe la opinión anónima
en línea[12].
Y las interrupciones de acceso a internet se están volviendo frecuentes en África
y parte de Asia, particularmente durante las elecciones o protestas políticas[13].
Polarización
Norte-Sur
Muchos gobiernos de los países en
desarrollo continúan siendo ambivalentes[14].
Se resisten a apoyar activamente las libertades en internet porque a) les
preocupa la “seguridad” y la amenaza del cibercrimen y del “terrorismo”; b)
consideran que el crecimiento y desarrollo económico son más importantes; c) no
ven (o no le convencen los argumentos a favor de) la relación entre los
derechos humanos y el desarrollo; y d) ven a la agenda de libertades en
internet como parte de las políticas exteriores y libre comercio manejadas por
EEUU como “líder del mundo libre” a la vez que ayuda a las empresas norteamericanas
a acceder a nuevos mercados y hacer negocios sin pagar impuestos ni contribuir
a las inversiones extranjeras directas[15].
La cultura política también contribuye a
que los países respondan de manera diferente a internet. Algunos gobiernos,
particularmente en África, desconfían de internet y de su impacto en los valores
tradicionales, la cultura y la identidad. Algunos simplemente sofocan la
libertad de expresión y asociación como un medio de control y retención de
poder. Esto es particularmente evidente en países con instituciones estatales
débiles y altos niveles de corrupción. Los funcionarios del Estado y los
políticos temen las consecuencias de que los ciudadanos tengan la capacidad de
expresarse y participar de la esfera pública.
Brechas
en la investigación, el análisis, el discurso, la defensa y la creación de
redes
Estas respuestas ambivalentes y
polarizadas a las políticas y la regulación de internet pueden atribuirse, al menos
en parte, a brechas en la investigación, el conocimiento y el discurso en materia
de derechos humanos y de políticas de internet. Estos vacíos son los
siguientes:
A)
Brecha en el encuadre: Se supone que
todos los derechos humanos –incluidos los derechos civiles y políticos y
económicos, sociales y culturales– son “indivisibles”. Sin embargo, prácticamente
todo el encuadre en el discurso de la libertad de internet se ha hecho desde la
perspectiva de los derechos civiles y políticos[16].
B)
Brecha en la participación: La gran
mayoría de los participantes en el discurso de la “libertad de internet”
provienen de países desarrollados. Pocos tienen experiencia o conocimientos en
teoría, políticas o prácticas de desarrollo.
C)
Brecha conceptual: Internet se
describe a menudo como ubicuo e integral a la vida social, política y económica
contemporánea. Pero no existe una conceptualización coherente de internet desde
la perspectiva de cómo el derecho, la política y la regulación deberían tratarla.
Muchos gobiernos quieren un mayor control sobre internet, mientras que las
empresas, la comunidad técnica y la sociedad civil tienden a resistirse a esto,
aunque no siempre por las mismas razones.
D)
Brecha de investigación: Se ha
investigado muy poco a internet a través del prisma de los derechos económicos,
sociales y culturales, que es distinto al enfoque de los “TIC para el desarrollo”
(tecnologías de información y comunicación). Incluso dentro de la perspectiva
de los derechos civiles y políticos, la documentación está fuertemente
orientada hacia una estrecha gama de derechos civiles (libertad de expresión,
privacidad y libertad de asociación).
E)
Brecha de principios: La mayoría de
las declaraciones de principios para las políticas, regulación y gobernanza de
internet se centran en la privacidad, la libertad de expresión y asociación, y
la protección contra la censura[17].
No sabemos de ningún conjunto coherente de principios diseñados para la
consideración efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales.
F)
Brecha de activismo y redes: las
organizaciones de derechos humanos del Sur global enfocadas al desarrollo rara
vez se centran en los derechos relacionados con internet. El resultado es una
brecha en cómo los grupos de derechos humanos conceptualizan la relación entre
internet y los derechos económicos, sociales y culturales y cómo éstos se relacionan
con el desarrollo.
Las implicaciones son claras: si
queremos ampliar el discurso sobre un enfoque de la gobernanza de internet
basada en derechos, debemos ampliar el discurso para incluir todos los derechos,
incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. No hacerlo sirve para
reforzar las divisiones geopolíticas que condujeron a la creación de dos
instrumentos de derechos separados desde su origen –cuando un único instrumento
hubiera sido mucho más fácil de implementar y monitorear– y afecta negativamente
la creación de espacios de configuración y definición de políticas como el Foro
de Gobernanza de Internet. (Traducción APC y ALAI).
_______________
Anrie tte Esterhuysen, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
(APC) www.apc.org
Fuente: Internet y derechos económicos, sociales y
culturales. América Latina en Movimiento. 521, febrero 2017. ALAI (coedición
con APC). pp. 2-5
[1] La
Rue, F. (2011). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión (A/HRC/17/27) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/27&referer=https://www.google.com/&Lang=S
[2] APC. (2012, 28 junio).
Internet: APC sees progress in the full recognition of the freedom of association
and assembly. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14676
[3] Shaheed, F. (2012). Report of
the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed (A/HRC/20/26).
https://daccess-ods.un.org/TMP/5280131.69765472.html
[4] Ruteere, M. (2012). Report of
the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance, Mutuma Ruteere (A/HRC/20/33). www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A.HRC.20.33_en.pdf
[5] APC. (2012, 6 julio). The UN
recognises freedom of expression on the internet as a human right. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14772
[6] APC. (2016). APC welcomes
Human Rights Council resolution on the internet and human rights. https://www.apc.org/en/pubs/apc-welcomes-human-rights-council-resolution-inter
[7] La
coalición tuvo su sexta reunión en Costa Rica en Octubre de 2016. Para mayor
información ver: https://www.freedomonlinecoalition.com
[10] La
Rue, F. (2011). Op. cit.
[11] El
reporte de Freedom House’s Freedom on the Net 2012 considera a solo dos de los
seis países de África subsahariana como “libres”. Ver www.freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20Summary%20of%20Findings.pdf
[12] APC. (2012, 15 agosto). New
regulation threatens anonymity on the internet in Ecuador. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14993
[13] Vernon, M. (2016, 6 junio).
Pushing Back Against Internet Shutdowns. CIPESA. www.cipesa.org/2016/06/pushing-back-against-internet-shutdowns
and Endalk. (2016, 11 octubre). Ethiopian Authorities Shut Down Mobile Internet
and Major Social Media Sites. Global Voices. https://advox.globalvoices.org/2016/10/12/ethiopian-authorities-shut-down-mobile-internetand-major-social-media-sites
[14] Ver
por ejemplo el reporte de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos,
Resumen del Panel de Expertos del Consejo de Derechos Humanos en libertad de
expresión y la internet, Ginebra, 2012.
[15] Esto
se refleja en la atención centrada en la ciberseguridad en la Comisión de la
Unión Africana y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un foro donde
los países en desarrollo son en general participantes activos, así como en las
negociaciones relacionadas con la revisión del Reglamento Internacional de
Telecomunicaciones en la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones
Internacionales en diciembre de 2012.
[16] Hawtin, D. (2011). Internet
charters and principles: Trends and insights. In Finlay, A. (Ed.), Global Information
Society Watch 2011: Internet rights and democratisation. APC e
Hivos. https://giswatch.org/mapping-democracy/internet-rights/internetcharters-and-principles-trends-and-insights-0
[17] Hawtin,
D. (2011). Op. cit. Ver como ejemplo el Charter de Derechos y Principios de
Internet de la coalición dinámica de derechos y principios de internet (2011):
internetrightsandprinciples.org/site; la Carta de derechos en internet de APC
(2006): https://www.apc.org/en/node/5677;
y el Bill of Privacy Rights (2010) de la Electronic Frontier Foundation: https://www.eff.org/deeplinks/2010/05/billprivacy-rights-social-network-users
