REDES-AT, Uruguay
Las vías de entrada del capital transnacional en la agricultura
son diversas y han presionado para consolidar diferentes tendencias. Por un
lado, la privatización y mercantilización de las semillas vía la reglamentación
de derechos de propiedad intelectual. Por otro, la financiarización de la
naturaleza ha llevado a que los alimentos pasen a ser activos financieros y
como tal, receptores de importantes inversiones, comercializables en el mercado
financiero y sujetos de especulación.
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| Don Alfredo Tun Cuxim y don Juan Yeh, del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Quintana Roo, México. Foto: Henry Picado |
La expansión del régimen de libre comercio, mediante la
proliferación de tratados, facilita violentos procesos de acaparamiento de
tierra, y ésta en sí misma pasó a ser un bien valorado por su valor de cambio y
no por su valor de uso.
Evolución del régimen de comercio e
inversiones. Desde mediados del
siglo XX, importantes cambios ocurren a nivel mundial en
el régimen de comercio e inversiones.
En la época del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT por sus siglas en inglés) se crea la Organización Mundial
del Comercio, institución que ha tenido gran influencia
en las formas de negociación del comercio y las inversiones. La
Ronda Uruguay, que crea la OMC, inaugura una etapa donde
las materias a negociar incluyen inversiones, regulación de
la competencia, compras públicas, propiedad intelectual, y otros
aspectos.
Con el estancamiento de la Ronda Doha de la OMC, ante la
evidencia de la poca vocación “para el desarrollo” de la agenda multilateral,
se intensifica la atomización de la agenda de la OMC con estrategias
bilateralistas de negociación promovidas por los países desarrollados vía
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC).
La agenda de los Acuerdos Mega- regionales. Los avances en las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que permitieron “redes de producción y
abastecimiento de tipo Norte-Sur” dieron
lugar a nuevos instrumentos “de acumulación capitalista” que
encapsulan el comercio en el marco de estas redes de producción (o
cadenas de valor).
La ofensiva de los acuerdos mega-regionales tensa la capacidad de
los Estados para dirigir políticas públicas según un programa de gobierno
refrendado en elecciones democráticas y lo hace de forma mucho más violenta que
la OMC. Los principales son: el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e
Inversiones o TTIP (UE, EUA, 29 países); el Acuerdo de Asociación Transpacífica
o TPP (en proceso, 12 países); el Acuerdo de Comercio de Servicios o TISA, 23
países); y el Acuerdo Económico y Comercial Global o CETA (entre Canadá y la
UE).
La estrategia estadounidense es clave en promover nuevas
dinámicas de negociación: multilateralismo para el norte, bilateralismo y ahora
mega-regionalismo. Esta tendencia parecía verse frenada por el giro que marca
la política de Trump. La no ratificación del TPP, el estancamiento del TTIP o
un cambio de estrategia en las negociaciones TISA no significan frenar la
agenda ofensiva. Es, por el contrario, un recrudecimiento. La re-negociación
del TLCAN es muestra de ello.
Agricultura y comercio. El Acuerdo de Agricultura (AA) de la OMC generaba
fuertes controversias, al afectar directamente el derecho a la alimentación y
la soberanía alimentaria. Sentó las bases para la negociación de bienes
agrícolas en tres aspectos: acceso a mercados, ayuda interna y subsidios a la
exportación. El objetivo del AA fue explícito en orientar las políticas agrícolas
al mercado facilitando el desembarco de grandes inversiones y empresas
transnacionales (ETN).
En las negociaciones bilaterales y mega-regionales, se han
exacerbado todos los aspectos señalados como riesgosos para el derecho a la
alimentación y para los pequeños productores de alimentos.
Tratados mega-regionales y derecho a la
alimentación. La estrategia mega-regionalista
promueve la convergencia de normas y reglas, en
un sentido pro-mercado, que debilite la capacidad estatal de restringir
u obstaculizar el potencial del lucro privado. Si la OMC ya
establecía disposiciones con importantes restricciones para los
países en términos de soberanía alimentaria, los acuerdos mega-regionales
intentan subir la línea base de las negociaciones al futuro:
más desregulación en lo que ataña a los derechos de los pueblos
y nuevas regulaciones en beneficio de las ETN, más liberalización, más
privatización.
Convergencia de Propiedad Intelectual: el capítulo de Propiedad Intelectual
del TPP establece una convergencia explícita de regulaciones
ya existentes a nivel internacional. Además de adherir a
convenios y tratados internacionales de cooperación en materia de
patentes obliga a que los miembros adhieran o ratifiquen varios
tratados, destacando el Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991).
En el TiSA no se conoce la existencia de un capítulo específico
en la materia. Aun así, el secretismo que rodea estos acuerdos predispone a
creer que muchas disposiciones pueden estar vinculadas a propiedad intelectual
de forma indirecta y que la convergencia de reglas en la materia pueda ser un objetivo
encubierto del TISA.
¿Qué representa UPOV 91?: Existen empresas transnacionales líderes en el
comercio de semillas y en la cadena agroalimentaria que presionan fuerte a los
gobiernos para incorporar más regulación traducida a un sistema de protección de
los derechos de los “obtentores” de variedades de plantas y vegetales mucho más
rígido, que prohíbe la reproducción de semillas “protegidas”, incluso para uso
propio. UPOV impone reglas de certificación de semillas, regula la
comercialización, los regímenes de seguridad en alimentos, y contiene
indicaciones geográficas que, en conjunto, restringen la producción, reproducción
y conservación de semillas en manos de agricultores a pequeña escala.
* Con
UPOV 91 los derechos de los obtentores aplican sobre la semilla, pero también
sobre la cosecha de la variedad: de esta manera, “los obtentores pueden controlar
directamente el comercio de alimentos elaborados, plantas
ornamentales y otros artículos muy valiosos.”
* UPOV
91 restringe la posibilidad de mejorar las variedades utilizando materiales
protegidos. Sus reglas extorsionan la posibilidad de innovación tecnológica y
de investigación pública de los países al mediar siempre y de forma compulsiva el
pago de regalías.
* Agricultores y saberes quedan rehenes de monopolios pues las
reglas de UPOV 91 no permiten que los agricultores conserven semillas de su
cosecha para una futura siembra. La reproducción de las semillas constituye un
proceso esencial en la agricultura y parte de los saberes propios de los
agricultores y agricultoras.
El TPP va más allá de la OMC al subrayar que los regímenes de propiedad
intelectual son relevantes para proteger el conocimiento tradicional de plantas
y animales. Con el TPP los gobiernos se ven presionados a “codificar” tales
saberes tradicionales locales en bases de datos que pueden ser utilizados para
revisar las aplicaciones de las patentes.
Desmantelamiento de políticas públicas. La estrategia mega-regional apunta
a desregular las reglamentaciones o regulaciones internas
o nacionales entendidas como las “nuevas barreras al comercio”. Apunta
a aprobar nuevos instrumentos para la apropiación de
valor por quienes dominan las cadenas de producción además
de rebajar aranceles a la importación de bienes y servicios.
Los alcances que las cláusulas de Nación Más Favorecida o Trato Nacional
tienen en estos acuerdos no son sólo más amplias, son transversales a todos los
sectores y anexos de negociación.
Las metodologías de negociación cobran en estos acuerdos nuevas
dimensiones. Se pasa de las listas positivas para negociar el acceso a mercados
a listas negativas que no sólo complejizan la capacidad de negociar de los países
en desarrollo, sino que introducen una lógica de que cualquier sector,
tecnología (en materia energética, por ejemplo), servicio y oficina pública
puede llegar a quedar incluido en la liberalización.
Análisis de riesgo. Los acuerdos mega-regionales en negociación presentan
una multiplicidad de riesgos e impactos reales y potenciales.
Para la justicia económica:
* Afectan la soberanía del Estado en
la implementación de planes de gobierno.
* Enfrían regulaciones o penalizan la regulación interna por las
amenazas y demandas de las ETN cuando ven afectados sus intereses.
* Profundizan la división internacional del trabajo en términos de
“centro-periferia”.
* Desregulan y privatizan servicios públicos esenciales al
incluirlos dentro de las negociaciones.
* Promueven mordaza a los Estados asociados para que no
implementen políticas dirigidas al interés público. Las políticas de compras
públicas dirigidas a la agricultura campesina y familiar son “heridas de
muerte” con la firma de este tipo de acuerdos.
Para la justicia ambiental y la soberanía
alimentaria:
* Debilitan las políticas de protección ambiental vía la
incidencia de los capítulos o anexos de reglamentación nacional y coherencia
regulatoria, a través de la incorporación de anexos como servicios medioambientales.
* Disputan el territorio/pérdida de biodiversidad, saberes y
conocimiento local vía la exigencia de adhesión a Convenios como UPOV 91.
* Concentran y extranjerizan la tierra/ y hay pérdida de actores
locales —sujetos políticos del cambio de modelo.
* Profundizan los efectos del cambio climático al no permitir discriminación
de parte de los Estados en el uso y acceso a energías limpias e impulsar la
agricultura industrial y el agronegocio.
Para la justicia social:
* Aumentan la desigualdad vía las restricciones para el
desarrollo de políticas públicas que beneficien directa o indirectamente a la
población vulnerable (servicios públicos como agua, saneamiento, educación,
otros).
* Ponen obstáculos para instalar políticas de salud y
alimentarias de carácter universal.
* Criminalizan más y más la protesta social y violan DDHH adhiriendo
a normas establecidas en UPOV 91. Los agricultores y agricultoras pasan a ser
dirigidos por una lógica de mercado.
* La versión completa de Agricultura y Libre Comercio La
liberalización de la agricultura en los tratados de libre comercio: de Natalia
Carrau, REDES-AT, puede encontrarse en la página de Redes-AT con referencias
Fuente: BIODIVERSIDAD, SUSTENTO Y CULTURAS. Número 94, octubre 2017. pp.
29-31
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