Resumen, para sus comentarios el informe que recién fue puesto en público sobre
pueblos indígenas en el siglo XXI.
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Resumen
La
primera década
del milenio probablemente será
recordada en América
Latina por el crecimiento económico
y la reducción
sin precedente de la desigualdad[1].
Más
de 70 millones de personas lograron salir de la pobreza gracias a una combinación de vientos a favor en la economía y la implementación
de importantes políticas
redistributivas. En este periodo de crecimiento y prosperidad, que algunos ya
denominan la “década
dorada”, la experiencia de los indígenas latinoamericanos fue diferente, con resultados desiguales y,
con frecuencia, contrapuestos.
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| Futuros agricultores de Mandiyala, estableciendo curvas a nivel con el aparato "A". Foto: Gubiler |
La
década
coincidió
con el fin del Primer Decenio Internacional de Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas
del Mundo (1995–2004) y gran parte del segundo (2005–2014), durante los cuales se fortaleció la posición
de los pueblos indígenas
como actores importantes en la vida política
y social de la región.
De los 22 países
que han ratificado el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 están en América
Latina y, gracias a la tenacidad de sus movimientos sociales, muchos países han sancionado leyes y reglamentaciones especiales para
proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Si bien, en la práctica,
muchos de estos marcos normativos aun están
en una etapa de ensayo y error, las señales
son ciertamente alentadoras.
La
concertación
de tratados internacionales y declaraciones que reafirman las aspiraciones de
los pueblos indígenas
en materia de autodeterminación
han estado acompañadas
por su creciente participación
en la vida política
de la región.
En la actualidad, la participación
política
de los pueblos indígenas
tiene lugar a nivel de los parlamentos locales o nacionales, en los municipios
e, incluso, en los niveles más
altos del poder estatal, y sus líderes
tienen una activa participación
en partidos políticos
nacionales o han creado sus propios partidos. Hoy existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador y, en menor proporción, en Venezuela, Colombia y Nicaragua. La participación por la vía
electoral permite a los pueblos indígenas
elevar sus agendas a los debates centrales del desarrollo, incrementando con
esto su incidencia dentro de los Estados. De igual modo, estas olas de reforma
han reforzado la implementación
de instrumentos que promueven la participación y la toma de decisiones a nivel local, como el Consentimiento
Libre, Previo e Informado. En la región,
ya no es relevante preguntarse si los pueblos indígenas deben ser involucrados en la toma de decisiones sobre
cuestiones que inciden directa o indirectamente en sus vidas y bienestar, las
preguntas relevantes son como y cuando.
También se han registrado mejoras socioeconómicas. La región
ha realizado avances en términos
de reducción
de la pobreza que beneficiaron a los pueblos indígenas. El porcentaje de hogares indígenas que vive en la pobreza disminuyo en Perú y Bolivia, mientras que la proporción de los que viven en pobreza extrema se redujo en Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador y Perú.
La brecha salarial disminuyo en las zonas urbanas de Bolivia y Perú, aunque subsisten grandes diferencias en las zonas rurales y
dentro de los hogares indígenas,
si se toman en cuenta cuestiones de género,
por ejemplo. La educación
primaria ha alcanzado la mayor parte de los territorios indígenas, lo que probablemente constituye uno de los logros más importantes y claros de las ultimas décadas; de hecho, en algunos países —Ecuador, México, Nicaragua— la brecha entre niñas y niños
indígenas
y no indígenas
se ha cerrado. De igual modo, el acceso a electricidad, agua corriente y
servicios de saneamiento ha mejorado, en diverso grado, en toda la región. Por lo tanto, es evidente que el contexto económico favorable, combinado con las políticas correctas, ha generado beneficios económicos y cambios positivos.
No
obstante, estas mejoras no se han distribuido de manera uniforme en toda la región, ni tampoco dentro de los países. En general, los pueblos indígenas se han beneficiado menos que los no indígenas en la mayoría
de los aspectos, lo que ha contribuido a la persistencia—y
en algunos casos, al aumento—de brechas importantes. El
número
de indígenas
que vive en la pobreza ha disminuido, pero la brecha que los separa de otros
latinoamericanos se ha estancado o se ha ampliado. En efecto, la pobreza afecta
al 43% de los hogares indígenas
de la región—más
del doble de la proporción
de no indígenas—y el 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más frecuentemente que la proporción de hogares no indígenas.
Asimismo,
el hecho de nacer de padres indígenas
aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre, lo que impide
el pleno desarrollo de los niños
indígenas
y los ancla a la pobreza. En Ecuador, por ejemplo, la probabilidad de que un hogar
sea pobre aumenta un 13% si el jefe de familia pertenece a un grupo indígena, independientemente de su nivel de educación, genero, lugar de residencia (urbana/rural) o el número de personas a su cargo. En Bolivia y México, la probabilidad aumenta en 11% y 9% respectivamente. De
igual modo, a pesar de la ampliación
general en el acceso a los servicios básicos,
el acceso de los pueblos indígenas
a servicios de saneamiento y electricidad es 18% y 15% menor, respectivamente,
que el de otros latinoamericanos[2].
Estas
brechas constituyen un problema no solo porque reflejan un patrón excluyente en la distribución
de la riqueza en periodos de crecimiento, sino porque además incrementan la vulnerabilidad de los pueblos indígenas mientras la región
avanza hacia un escenario económico
global menos favorable. Esta situación
demanda una profunda reflexión
sobre la necesidad de elaborar una agenda de desarrollo post 2015 que permita
superar las barreras estructurales y los obstáculos invisibles que impiden cerrar las brechas entre los pueblos indígenas y la mayoría
de la sociedad, independientemente del contexto, y al mismo tiempo mantener y
reforzar los avances sociales y políticos
que se lograron durante los últimos
20 años.
El
presente reporte contiene un examen crítico
de los datos disponibles y de los principales desafíos que afrontan los indígenas
latinoamericanos con el objetivo de contribuir a estas deliberaciones. El
estudio se basa en micro datos extraídos
de censos de 16 países
y de encuestas de hogar en nueve países,
así
como en un análisis
de datos secundarios, marcos regulatorios y experiencias regionales. Si bien
existen limitaciones respecto de los datos regionales disponibles sobre población indígena,
que son inherentes a las discrepancias tanto culturales como metodológicas entre los contextos indígenas
y la mayoría
de la sociedad, los datos presentados aquí
han sido revisados para garantizar su precisión y consistencia.
Los
datos de los censos y de las encuestas de hogar reciben un trato diferente en
el informe. Los datos de los censos se utilizan para resaltar patrones observables
en la distribución
de los servicios, las características
demográficas,
aumentos en cobertura y cuestiones similares, sin ahondar en explicaciones sobre
su causalidad. En términos
generales, estos datos indican deficiencias persistentes en el acceso a muchos
servicios en toda la región.
Los datos de hogar, por otra parte, se utilizan principalmente en un análisis econométrico
que tiene por objeto entender si estas brechas observables son reforzadas por condiciones
que afectan a los pueblos indígenas,
en particular, o a los pobres en general. El análisis de pobreza arroja pruebas inequívocas de que la situación
de los pueblos indígenas
en la mayoría
de los aspectos es mucho peor que la de otras personas no indígenas con características
similares, como el mismo nivel de educación,
edad, lugar de residencia rural o urbana, tipo de trabajo y las tipologías de hogar, lo que apunta a que existen barreras que los afectan
de manera diferenciada y excluyente.
La
persistencia de muchas brechas en el marco de una ola excepcionalmente
favorable de políticas
incluyentes y crecimiento económico,
sugiere que es necesario revisar algunas de las políticas orientadas a abordar la situación de los pueblos indígenas,
así
como el enfoque que se adopta para implementar el desarrollo en sus territorios.
Aunque el desarrollo suele asociarse al logro de objetivos políticos, económicos
y sociales específicos,
en el presente informe se reconoce que los pueblos indígenas tienen, en general, nociones más complejas y matizadas sobre lo que es el desarrollo y por qué es importante. Para que estos pueblos asuman el papel clave que
les corresponde en la agenda de desarrollo post 2015, es necesario que sus voces
y visiones alternativas sean tomadas en cuenta. Esto entraña examinar no solo los procedimientos que se utilizan para
implementar el desarrollo sino también
la manera como se establecen los objetivos de desarrollo y los mecanismos que
se emplean para medir los avances hacia ellos.
La
definición
de quienes son y quienes no son indígenas
ha adquirido creciente importancia y genera cada vez más controversia en la región,
pues tras la concertación
de un nuevo conjunto de marcos jurídicos,
pactos y acuerdos internacionales que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, estos suelen depender de su reconocimiento oficial para
estar protegidos y ser incluidos en la toma de decisiones de aspectos que podrían afectar sus condiciones de vida, sus bienes y sus culturas. Si
bien se pone el acento en las brechas que separan a los actores indígenas de los no indígenas,
en este informe se subraya la complejidad de la labor de identificar a los
pueblos indígenas
en toda la región
y se argumenta que la condición
de indignidad varia en el tiempo y, en algunos casos, depende del contexto y el
país
en cuestión.
Sobre
la base de los datos de los últimos
censos disponibles en la región,
en 2010 había
alrededor de 42 millones de indígenas
en América
Latina, que representaban cerca del 8% de la población total. México,
Guatemala, Perú
y Bolivia tenían
las poblaciones más
extensas, tanto en términos
absolutos como proporcionales, representando más del 80% (34 millones) del total regional. Es difícil calcular aumentos de población indígena
a nivel regional, debido a las disparidades en la manera como se recaban los
datos entre un censo y otro y de un país
al otro. No obstante, Bolivia es el único
país
que reporto una disminución
de su población
indígena
en la última
década
y esto obedece, probablemente, a discrepancias en la manera como se recabaron los
datos en los últimos
dos censos, más
que a una tendencia real de crecimiento negativo.
Aunque
los territorios tradicionales han sido uno de los principales puntos de referencia
en materia de continuidad histórica,
identidad y autodeterminación
de los pueblos indígenas,
en el informe se señala
que el 49% de los habitantes indígenas
de América
Latina vive actualmente en zonas urbanas. La migración de zonas rurales a urbanas obedece a un conjunto de factores y
genera diversos resultados y expectativas. En los espacios urbanos, la cantidad
y la calidad de los servicios es mayor, el acceso a servicios de salud y educación es más
amplio y existen más
oportunidades económicas.
A nivel regional, los indígenas
que viven en entornos urbanos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que sus contrapartes rurales. Asimismo,
la culminación
de la educación
primaria entre indígenas
urbanos es 1,6 veces mayor que en zonas rurales, la educación secundaria es 3,6 veces mayor y la terciaria 7,7 veces mayor.
Por otra parte, el espacio urbano puede ser un medio para reducir la discriminación de género
y promover nuevas formas de participación
política
y expresión
cultural. Si bien la migración
rural/urbano no afecta únicamente
a los pueblos indígenas,
los distingue el alto grado en el que las disparidades entre ambos medios los
afectan. En Perú,
por ejemplo, un hogar indígena
tiene 37% menos probabilidades de ser pobre y 26% menos probabilidades de ser extremadamente
pobre si reside en una zona urbana, independientemente de otros factores, como
el género
y el nivel de educación
del jefe del hogar o el número
de personas a su cargo.
No
obstante, los entornos urbanos también
se caracterizan por grandes disparidades entre los habitantes indígenas y los no indígenas
en términos
del acceso a los servicios públicos
y las oportunidades económicas.
Las poblaciones indígenas
urbanas son aun altamente vulnerables en comparación con otros habitantes urbanos, y están expuestas a nuevas dimensiones de exclusión. El porcentaje de indígenas
que vive en barrios pobres o favelas es casi el doble de la proporción de habitantes urbanos no indígenas. El 36% de todos los indígenas urbanos vive en lugares inseguros, insalubres y
contaminados. En zonas urbanas de México,
los hogares indígenas
tienen menos de la mitad del acceso a electricidad y agua potable que otros
hogares, un quinto del acceso a servicios de saneamiento y triplican la
proporción
de hogares con piso de tierra. La migración
urbana también
interrumpe las redes de seguridad social y los sistemas de tenencia tradicional
de la tierra, exponiéndolos
a una mayor marginación.
En Bolivia, por ejemplo, mientras que en las zonas rurales el 90% de los indígenas tiene vivienda propia, en las ciudades la cifra se reduce a
tan solo el 61%.
En
términos
mas generales, la creciente desigualdad económica entre indígenas
y no indígenas
de América
Latina está
asociada a una desventajosa inclusión
al mercado. En las ciudades, los indígenas
acceden principalmente a empleos precarios y mal remunerados. En países con grandes poblaciones indígenas, como Perú,
Ecuador, Bolivia y México,
el porcentaje de indígenas
que tiene un empleo calificado y estable es entre dos y tres veces menor que el
porcentaje de no indígenas.
Asimismo, en muchos países
la probabilidad de trabajar en el sector informal ha aumentado o se ha estancado
durante toda la “década
dorada” para los trabajadores indígenas. En Ecuador y Guatemala, la probabilidad de trabajar en el
sector informal aumenta un 12% y un 8%, respectivamente, si la persona pertenece
a un grupo indígena,
independientemente de su nivel de educación,
su género,
el número
de personas a su cargo o su lugar de residencia. Por esto, la probabilidad de
que los trabajadores indígenas
reciban beneficios tales como seguridad social, seguro de salud, jubilación y otras prestaciones obligatorias es menor que en el caso de los
trabajadores no indígenas.
Incluso,
si un indígena
completa la educación
terciaria tiende a ganar mucho menos que una persona no indígena con las mismas calificaciones. Los datos de hogar indican
que, independientemente de los antecedentes académicos, el género,
la edad, el número
de personas a su cargo y el lugar de residencia, un indígena suele ganar un 12% menos que una no indígena en las zonas urbanas de México, y alrededor del 14% menos en las zonas rurales. En Bolivia,
un indígena
tiene una probabilidad de ganar 9% menos en los entornos urbanos y 13% menos en
las zonas rurales; en Perú
y Guatemala gana alrededor de 6% menos. No obstante, en Perú y Bolivia la brecha salarial entre indígenas urbanos se redujo durante el decenio—en
Perú
disminuyo casi un tercio desde el inicio de la década. En el caso de las mujeres indígenas, sin embargo, la brecha salarial es mucho mayor que para los
hombres indígenas.
Las indígenas
bolivianas ganan alrededor de 60% menos que las mujeres no indígenas por el mismo tipo de trabajos. Al mismo tiempo, la brecha en
educación
entre hombres y mujeres indígenas
aumento, lo que sugiere que una mayor inversión en educación
podría
mejorar considerablemente su inclusión
al mercado.
El
acceso de los hogares indígenas
a varios servicios públicos
ha aumentado en términos
absolutos, pero esta expansión
no siempre ha estado acompañada
de un cambio cualitativo que ayude verdaderamente a que los pueblos indígenas alcancen sus propias metas de desarrollo. Por ejemplo, la ampliación de la educación,
en particular la primaria, ha sido uno de los logros más significativos de los últimos
10 anos, pues ha permitido cerrar o reducir al mínimo una brecha que durante muchas décadas había
excluido a los niños
y niñas
indígenas.
No obstante, la ampliación
del sistema escolar no ha estado acompañada
por una mejora significativa de la calidad
o una adaptación que les permita a los niños indígenas desarrollar su pleno potencial, ni como ciudadanos del Estado ni
como miembros de su cultura. A pesar la existencia
generalizada de leyes y reglamentaciones que protegen
los idiomas y las culturas indígenas, junto con el reconocimiento de la importancia de
impartir educación intercultural bilingüe (EIB) a niños y niñas indígenas, la educación formal está fuertemente asociada a la
perdida de idiomas nativos y conocimiento tradicional.
Existen abundantes pruebas de que la EIB podría revertir esta tendencia, pero debe
implementarse en forma correcta, lo que no sucede
con frecuencia.
Asimismo, los pueblos indígenas no se han beneficiado en la
misma medida del aumento exponencial y la democratización de las nuevas tecnologías. Mientras que América Latina se ha convertido en el segundo mercado de
crecimiento a nivel mundial en telefonía móvil, los indígenas tienen la mitad de probabilidad de poseer un teléfono celular que los no indígenas. También están rezagados en cuanto a acceso a Internet
y posesión de computadoras. La brecha digital refuerza formas
preexistentes de exclusión, pues el acceso a nuevas tecnologías se ha convertido en un aspecto fundamental del
capital social en sociedades latinoamericanas cada vez más globalizadas.
A raíz de este persistente patrón de exclusión social, los pueblos indígenas representan en la actualidad alrededor
del 14% del total de las personas viviendo en condiciones de pobreza y el 17%
de las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en América Latina, a pesar de constituir menos del 8% de la población. Indudablemente, la reducción de algunas brechas y la ampliación de los marcos jurídicos en la última década mejoraron las condiciones de vida y los derechos de
los pueblos indígenas, pero queda mucho por hacer. La exclusión de los pueblos indígenas no solo les impide percibir
los beneficios potenciales del crecimiento económico de la región, sino que es costosa y perjudicial para las economías latinoamericanas.
En síntesis, la primera década del milenio dejo a los pueblos
indígenas de la región con dos historias contrastantes:
una de obtención de beneficios importantes, como la ampliación sin precedentes de su capacidad para expresar y
decidir qué tipo de futuro desean colectivamente, y otra de
persistente exclusión, que todavía limita su capacidad para
contribuir y beneficiarse del Estado sin renunciar a sus culturas e identidades.
La región, sin embargo, ha acumulado un caudal significativo de
conocimientos y experiencias para afrontar muchos de los desafíos que plantea esta contradicción. Las medidas para impulsar la inclusión de los pueblos indígenas, además de importantes en sí mismas, como un medio para construir
una sociedad más equitativa, justa y prospera, constituyen una necesidad
colectiva, pues es improbable que América Latina ponga fin a la pobreza
y logre un desarrollo sostenible sin la participación de las sociedades indígenas. Este informe tiene por
objeto profundizar los conocimientos sobre las múltiples facetas del desarrollo con
identidad, adelantando algunas sugerencias para avanzar en la consecución de sus objetivos.
__________________
Fuente: Banco Mundial. 2015. Latinoamérica
Indígena en el Siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Mundial. Licencia: Creative
Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO. 115 p.
[1]
Banco Mundial, Oficina del Economista Jefe Regional, América Latina y el Caribe sin vientos a favor: En
busca de un crecimiento mayor (2013).
[2]
Los promedios ponderados regionales del acceso a electricidad
ascienden al 82% para indígenas y el 97% para personas no indígenas, mientras
que los promedios
ponderados del acceso a alcantarillado ascienden al 57% y el 75% (según
cálculos de los autores a partir de datos de censos regionales).
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