18 de febrero de 2016

Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI. Primera década

Resumen, para sus comentarios el informe que recién fue puesto en público sobre pueblos indígenas en el siglo XXI.
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Resumen

La primera década del milenio probablemente será recordada en América Latina por el crecimiento económico y la reducción sin precedente de la desigualdad[1]. Más de 70 millones de personas lograron salir de la pobreza gracias a una combinación de vientos a favor en la economía y la implementación de importantes políticas redistributivas. En este periodo de crecimiento y prosperidad, que algunos ya denominan la década dorada, la experiencia de los indígenas latinoamericanos fue diferente, con resultados desiguales y, con frecuencia, contrapuestos.
 
Futuros agricultores de Mandiyala, estableciendo curvas a nivel con el aparato "A". Foto: Gubiler
La década coincidió con el fin del Primer Decenio Internacional de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo (19952004) y gran parte del segundo (20052014), durante los cuales se fortaleció la posición de los pueblos indígenas como actores importantes en la vida política y social de la región. De los 22 países que han ratificado el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 están en América Latina y, gracias a la tenacidad de sus movimientos sociales, muchos países han sancionado leyes y reglamentaciones especiales para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Si bien, en la práctica, muchos de estos marcos normativos aun están en una etapa de ensayo y error, las señales son ciertamente alentadoras.

La concertación de tratados internacionales y declaraciones que reafirman las aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de autodeterminación han estado acompañadas por su creciente participación en la vida política de la región. En la actualidad, la participación política de los pueblos indígenas tiene lugar a nivel de los parlamentos locales o nacionales, en los municipios e, incluso, en los niveles más altos del poder estatal, y sus líderes tienen una activa participación en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Hoy existen partidos indígenas muy influyentes en Bolivia y Ecuador y, en menor proporción, en Venezuela, Colombia y Nicaragua. La participación por la vía electoral permite a los pueblos indígenas elevar sus agendas a los debates centrales del desarrollo, incrementando con esto su incidencia dentro de los Estados. De igual modo, estas olas de reforma han reforzado la implementación de instrumentos que promueven la participación y la toma de decisiones a nivel local, como el Consentimiento Libre, Previo e Informado. En la región, ya no es relevante preguntarse si los pueblos indígenas deben ser involucrados en la toma de decisiones sobre cuestiones que inciden directa o indirectamente en sus vidas y bienestar, las preguntas relevantes son como y cuando.

También se han registrado mejoras socioeconómicas. La región ha realizado avances en términos de reducción de la pobreza que beneficiaron a los pueblos indígenas. El porcentaje de hogares indígenas que vive en la pobreza disminuyo en Perú y Bolivia, mientras que la proporción de los que viven en pobreza extrema se redujo en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. La brecha salarial disminuyo en las zonas urbanas de Bolivia y Perú, aunque subsisten grandes diferencias en las zonas rurales y dentro de los hogares indígenas, si se toman en cuenta cuestiones de género, por ejemplo. La educación primaria ha alcanzado la mayor parte de los territorios indígenas, lo que probablemente constituye uno de los logros más importantes y claros de las ultimas décadas; de hecho, en algunos países Ecuador, México, Nicaragua la brecha entre niñas y niños indígenas y no indígenas se ha cerrado. De igual modo, el acceso a electricidad, agua corriente y servicios de saneamiento ha mejorado, en diverso grado, en toda la región. Por lo tanto, es evidente que el contexto económico favorable, combinado con las políticas correctas, ha generado beneficios económicos y cambios positivos.

No obstante, estas mejoras no se han distribuido de manera uniforme en toda la región, ni tampoco dentro de los países. En general, los pueblos indígenas se han beneficiado menos que los no indígenas en la mayoría de los aspectos, lo que ha contribuido a la persistenciay en algunos casos, al aumentode brechas importantes. El número de indígenas que vive en la pobreza ha disminuido, pero la brecha que los separa de otros latinoamericanos se ha estancado o se ha ampliado. En efecto, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas de la regiónmás del doble de la proporción de no indígenasy el 24% de todos los hogares indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más frecuentemente que la proporción de hogares no indígenas.

Asimismo, el hecho de nacer de padres indígenas aumenta marcadamente la probabilidad de crecer en un hogar pobre, lo que impide el pleno desarrollo de los niños indígenas y los ancla a la pobreza. En Ecuador, por ejemplo, la probabilidad de que un hogar sea pobre aumenta un 13% si el jefe de familia pertenece a un grupo indígena, independientemente de su nivel de educación, genero, lugar de residencia (urbana/rural) o el número de personas a su cargo. En Bolivia y México, la probabilidad aumenta en 11% y 9% respectivamente. De igual modo, a pesar de la ampliación general en el acceso a los servicios básicos, el acceso de los pueblos indígenas a servicios de saneamiento y electricidad es 18% y 15% menor, respectivamente, que el de otros latinoamericanos[2].

Estas brechas constituyen un problema no solo porque reflejan un patrón excluyente en la distribución de la riqueza en periodos de crecimiento, sino porque además incrementan la vulnerabilidad de los pueblos indígenas mientras la región avanza hacia un escenario económico global menos favorable. Esta situación demanda una profunda reflexión sobre la necesidad de elaborar una agenda de desarrollo post 2015 que permita superar las barreras estructurales y los obstáculos invisibles que impiden cerrar las brechas entre los pueblos indígenas y la mayoría de la sociedad, independientemente del contexto, y al mismo tiempo mantener y reforzar los avances sociales y políticos que se lograron durante los últimos 20 años.

El presente reporte contiene un examen crítico de los datos disponibles y de los principales desafíos que afrontan los indígenas latinoamericanos con el objetivo de contribuir a estas deliberaciones. El estudio se basa en micro datos extraídos de censos de 16 países y de encuestas de hogar en nueve países, así como en un análisis de datos secundarios, marcos regulatorios y experiencias regionales. Si bien existen limitaciones respecto de los datos regionales disponibles sobre población indígena, que son inherentes a las discrepancias tanto culturales como metodológicas entre los contextos indígenas y la mayoría de la sociedad, los datos presentados aquí han sido revisados para garantizar su precisión y consistencia.

Los datos de los censos y de las encuestas de hogar reciben un trato diferente en el informe. Los datos de los censos se utilizan para resaltar patrones observables en la distribución de los servicios, las características demográficas, aumentos en cobertura y cuestiones similares, sin ahondar en explicaciones sobre su causalidad. En términos generales, estos datos indican deficiencias persistentes en el acceso a muchos servicios en toda la región. Los datos de hogar, por otra parte, se utilizan principalmente en un análisis econométrico que tiene por objeto entender si estas brechas observables son reforzadas por condiciones que afectan a los pueblos indígenas, en particular, o a los pobres en general. El análisis de pobreza arroja pruebas inequívocas de que la situación de los pueblos indígenas en la mayoría de los aspectos es mucho peor que la de otras personas no indígenas con características similares, como el mismo nivel de educación, edad, lugar de residencia rural o urbana, tipo de trabajo y las tipologías de hogar, lo que apunta a que existen barreras que los afectan de manera diferenciada y excluyente.

La persistencia de muchas brechas en el marco de una ola excepcionalmente favorable de políticas incluyentes y crecimiento económico, sugiere que es necesario revisar algunas de las políticas orientadas a abordar la situación de los pueblos indígenas, así como el enfoque que se adopta para implementar el desarrollo en sus territorios. Aunque el desarrollo suele asociarse al logro de objetivos políticos, económicos y sociales específicos, en el presente informe se reconoce que los pueblos indígenas tienen, en general, nociones más complejas y matizadas sobre lo que es el desarrollo y por qué es importante. Para que estos pueblos asuman el papel clave que les corresponde en la agenda de desarrollo post 2015, es necesario que sus voces y visiones alternativas sean tomadas en cuenta. Esto entraña examinar no solo los procedimientos que se utilizan para implementar el desarrollo sino también la manera como se establecen los objetivos de desarrollo y los mecanismos que se emplean para medir los avances hacia ellos.

La definición de quienes son y quienes no son indígenas ha adquirido creciente importancia y genera cada vez más controversia en la región, pues tras la concertación de un nuevo conjunto de marcos jurídicos, pactos y acuerdos internacionales que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, estos suelen depender de su reconocimiento oficial para estar protegidos y ser incluidos en la toma de decisiones de aspectos que podrían afectar sus condiciones de vida, sus bienes y sus culturas. Si bien se pone el acento en las brechas que separan a los actores indígenas de los no indígenas, en este informe se subraya la complejidad de la labor de identificar a los pueblos indígenas en toda la región y se argumenta que la condición de indignidad varia en el tiempo y, en algunos casos, depende del contexto y el país en cuestión.

Sobre la base de los datos de los últimos censos disponibles en la región, en 2010 había alrededor de 42 millones de indígenas en América Latina, que representaban cerca del 8% de la población total. México, Guatemala, Perú y Bolivia tenían las poblaciones más extensas, tanto en términos absolutos como proporcionales, representando más del 80% (34 millones) del total regional. Es difícil calcular aumentos de población indígena a nivel regional, debido a las disparidades en la manera como se recaban los datos entre un censo y otro y de un país al otro. No obstante, Bolivia es el único país que reporto una disminución de su población indígena en la última década y esto obedece, probablemente, a discrepancias en la manera como se recabaron los datos en los últimos dos censos, más que a una tendencia real de crecimiento negativo.

Aunque los territorios tradicionales han sido uno de los principales puntos de referencia en materia de continuidad histórica, identidad y autodeterminación de los pueblos indígenas, en el informe se señala que el 49% de los habitantes indígenas de América Latina vive actualmente en zonas urbanas. La migración de zonas rurales a urbanas obedece a un conjunto de factores y genera diversos resultados y expectativas. En los espacios urbanos, la cantidad y la calidad de los servicios es mayor, el acceso a servicios de salud y educación es más amplio y existen más oportunidades económicas. A nivel regional, los indígenas que viven en entornos urbanos tienen 1,5 veces más acceso a electricidad y 1,7 veces más acceso a agua corriente que sus contrapartes rurales. Asimismo, la culminación de la educación primaria entre indígenas urbanos es 1,6 veces mayor que en zonas rurales, la educación secundaria es 3,6 veces mayor y la terciaria 7,7 veces mayor. Por otra parte, el espacio urbano puede ser un medio para reducir la discriminación de género y promover nuevas formas de participación política y expresión cultural. Si bien la migración rural/urbano no afecta únicamente a los pueblos indígenas, los distingue el alto grado en el que las disparidades entre ambos medios los afectan. En Perú, por ejemplo, un hogar indígena tiene 37% menos probabilidades de ser pobre y 26% menos probabilidades de ser extremadamente pobre si reside en una zona urbana, independientemente de otros factores, como el género y el nivel de educación del jefe del hogar o el número de personas a su cargo.

No obstante, los entornos urbanos también se caracterizan por grandes disparidades entre los habitantes indígenas y los no indígenas en términos del acceso a los servicios públicos y las oportunidades económicas. Las poblaciones indígenas urbanas son aun altamente vulnerables en comparación con otros habitantes urbanos, y están expuestas a nuevas dimensiones de exclusión. El porcentaje de indígenas que vive en barrios pobres o favelas es casi el doble de la proporción de habitantes urbanos no indígenas. El 36% de todos los indígenas urbanos vive en lugares inseguros, insalubres y contaminados. En zonas urbanas de México, los hogares indígenas tienen menos de la mitad del acceso a electricidad y agua potable que otros hogares, un quinto del acceso a servicios de saneamiento y triplican la proporción de hogares con piso de tierra. La migración urbana también interrumpe las redes de seguridad social y los sistemas de tenencia tradicional de la tierra, exponiéndolos a una mayor marginación. En Bolivia, por ejemplo, mientras que en las zonas rurales el 90% de los indígenas tiene vivienda propia, en las ciudades la cifra se reduce a tan solo el 61%.

En términos mas generales, la creciente desigualdad económica entre indígenas y no indígenas de América Latina está asociada a una desventajosa inclusión al mercado. En las ciudades, los indígenas acceden principalmente a empleos precarios y mal remunerados. En países con grandes poblaciones indígenas, como Perú, Ecuador, Bolivia y México, el porcentaje de indígenas que tiene un empleo calificado y estable es entre dos y tres veces menor que el porcentaje de no indígenas. Asimismo, en muchos países la probabilidad de trabajar en el sector informal ha aumentado o se ha estancado durante toda la década dorada para los trabajadores indígenas. En Ecuador y Guatemala, la probabilidad de trabajar en el sector informal aumenta un 12% y un 8%, respectivamente, si la persona pertenece a un grupo indígena, independientemente de su nivel de educación, su género, el número de personas a su cargo o su lugar de residencia. Por esto, la probabilidad de que los trabajadores indígenas reciban beneficios tales como seguridad social, seguro de salud, jubilación y otras prestaciones obligatorias es menor que en el caso de los trabajadores no indígenas.

Incluso, si un indígena completa la educación terciaria tiende a ganar mucho menos que una persona no indígena con las mismas calificaciones. Los datos de hogar indican que, independientemente de los antecedentes académicos, el género, la edad, el número de personas a su cargo y el lugar de residencia, un indígena suele ganar un 12% menos que una no indígena en las zonas urbanas de México, y alrededor del 14% menos en las zonas rurales. En Bolivia, un indígena tiene una probabilidad de ganar 9% menos en los entornos urbanos y 13% menos en las zonas rurales; en Perú y Guatemala gana alrededor de 6% menos. No obstante, en Perú y Bolivia la brecha salarial entre indígenas urbanos se redujo durante el decenioen Perú disminuyo casi un tercio desde el inicio de la década. En el caso de las mujeres indígenas, sin embargo, la brecha salarial es mucho mayor que para los hombres indígenas. Las indígenas bolivianas ganan alrededor de 60% menos que las mujeres no indígenas por el mismo tipo de trabajos. Al mismo tiempo, la brecha en educación entre hombres y mujeres indígenas aumento, lo que sugiere que una mayor inversión en educación podría mejorar considerablemente su inclusión al mercado.

El acceso de los hogares indígenas a varios servicios públicos ha aumentado en términos absolutos, pero esta expansión no siempre ha estado acompañada de un cambio cualitativo que ayude verdaderamente a que los pueblos indígenas alcancen sus propias metas de desarrollo. Por ejemplo, la ampliación de la educación, en particular la primaria, ha sido uno de los logros más significativos de los últimos 10 anos, pues ha permitido cerrar o reducir al mínimo una brecha que durante muchas décadas había excluido a los niños y niñas indígenas. No obstante, la ampliación del sistema escolar no ha estado acompañada por una mejora significativa de la calidad o una adaptación que les permita a los niños indígenas desarrollar su pleno potencial, ni como ciudadanos del Estado ni como miembros de su cultura. A pesar la existencia generalizada de leyes y reglamentaciones que protegen los idiomas y las culturas indígenas, junto con el reconocimiento de la importancia de impartir educación intercultural bilingüe (EIB) a niños y niñas indígenas, la educación formal está fuertemente asociada a la perdida de idiomas nativos y conocimiento tradicional. Existen abundantes pruebas de que la EIB podría revertir esta tendencia, pero debe implementarse en forma correcta, lo que no sucede con frecuencia.

Asimismo, los pueblos indígenas no se han beneficiado en la misma medida del aumento exponencial y la democratización de las nuevas tecnologías. Mientras que América Latina se ha convertido en el segundo mercado de crecimiento a nivel mundial en telefonía móvil, los indígenas tienen la mitad de probabilidad de poseer un teléfono celular que los no indígenas. También están rezagados en cuanto a acceso a Internet y posesión de computadoras. La brecha digital refuerza formas preexistentes de exclusión, pues el acceso a nuevas tecnologías se ha convertido en un aspecto fundamental del capital social en sociedades latinoamericanas cada vez más globalizadas.

A raíz de este persistente patrón de exclusión social, los pueblos indígenas representan en la actualidad alrededor del 14% del total de las personas viviendo en condiciones de pobreza y el 17% de las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en América Latina, a pesar de constituir menos del 8% de la población. Indudablemente, la reducción de algunas brechas y la ampliación de los marcos jurídicos en la última década mejoraron las condiciones de vida y los derechos de los pueblos indígenas, pero queda mucho por hacer. La exclusión de los pueblos indígenas no solo les impide percibir los beneficios potenciales del crecimiento económico de la región, sino que es costosa y perjudicial para las economías latinoamericanas.

En síntesis, la primera década del milenio dejo a los pueblos indígenas de la región con dos historias contrastantes: una de obtención de beneficios importantes, como la ampliación sin precedentes de su capacidad para expresar y decidir qué tipo de futuro desean colectivamente, y otra de persistente exclusión, que todavía limita su capacidad para contribuir y beneficiarse del Estado sin renunciar a sus culturas e identidades. La región, sin embargo, ha acumulado un caudal significativo de conocimientos y experiencias para afrontar muchos de los desafíos que plantea esta contradicción. Las medidas para impulsar la inclusión de los pueblos indígenas, además de importantes en sí mismas, como un medio para construir una sociedad más equitativa, justa y prospera, constituyen una necesidad colectiva, pues es improbable que América Latina ponga fin a la pobreza y logre un desarrollo sostenible sin la participación de las sociedades indígenas. Este informe tiene por objeto profundizar los conocimientos sobre las múltiples facetas del desarrollo con identidad, adelantando algunas sugerencias para avanzar en la consecución de sus objetivos.
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Fuente: Banco Mundial. 2015. Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI. Washington, D.C.: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO. 115 p.




[1] Banco Mundial, Oficina del Economista Jefe Regional, América Latina y el Caribe sin vientos a favor: En busca de un crecimiento mayor (2013).

[2] Los promedios ponderados regionales del acceso a electricidad ascienden al 82% para indígenas y el 97% para personas no indígenas, mientras que los promedios ponderados del acceso a alcantarillado ascienden al 57% y el 75% (según cálculos de los autores a partir de datos de censos regionales).

1 comentario:

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