18 de abril de 2012

¿Otro negocio?: el mercado de carbono en Panamá

Hemos catalogado nuestra situación socioambiental global como un desastre humano más que natural. El debate sobre el mismo ha conllevado un abanico de acciones de distintos sectores de la sociedad; desde el gobierno central, empresas, ONGs, movimientos de resistencia y ciudadanos independientes que acuden al podio para debatir sus causas, consecuencias y alternativas al renombrado cambio climático.

Cuestión que reformula el pensamiento y rol que desempeñamos como parte de la producción y desarrollo humano. Mientras que la carente actualización del sistema pedagógico convencional no ha logrado impulsar el nivel de conciencia ciudadana sobre qué organización y programa de desarrollo debemos impulsar ante la soberanía ecología versus mercado depredador.

Llámese aquí a los actores políticos que legislan sin una epistemología ambiental y un desorden anacrónico rumbo a un sistema paria, generador del odio y la discriminación al sentir del futuro de nuestros pueblos.

Queremos en esta ocasión no solo debatir sino generar una convulsiva acción social que supere los cosméticos consejos que solo generan moda sobre la opinión pública de lo que es la ecología. Además que rebase las políticas chovinistas y paternalistas que en algunos momentos entorpecen los procesos sociales de participación y toma de decisión en el escenario de las luchas sociales en defensa de los recursos naturales.

Es decir, que el cambio climático, la minería, las represas, los agronegocios y el hambre ya no son cuestiones de estudio o de diarios alarmistas que profundizan más la inoperancia y el abstencionismo de los pueblos por dejar a las trasnacionales la responsabilidad de mitigar los fenómenos actuales.

Sino que deben llevarnos a asistir permanentemente a las tareas que nos responsabilizan sobre la sociedad que queremos ante el declive del ambiente. Por ende, la estrategia debe enfocarse en la metamorfosis que ha sufrido nuestro planeta y que ha extinguido especies y porvenires de miles personas y sus alternativas.

Panamá no se excluye de dicha misión, por que somos parte de este rompecabezas generado por la un sistema depredador que es el capitalismo impuesto desde la colonia de nuestra América y que a todo galope extermina nuestras riquezas.

Fuerte evidencia de tan maligna peste son las concesiones extractoras por doquier que asoman sus tentáculos por medio de la corrupción y la venta directa de nuestro istmo panameño.

Más de 2 millones de hectáreas del territorio están expuesto para las transnacionales mineras, además de la cartera energética nacional que contempla 89 nuevos proyectos hidroeléctricos (entre solicitudes y aprobadas) y aproximadamente 45 proyectos privados turísticos generadores de desplazamiento socioambiental y cultural. Y en los últimos meses del 2010 acuerdos internacionales en materia de monocultivos y libre comercio como es el Tratado de Promoción Comercial con Norteamérica.

Y en estos lares del mercadeo ambiental los bonos del carbono son otro rubro de especulación y codicia por mantener el ranking de las transnacionales en el maquillaje de los casos de saqueo y contaminación que han hecho en otras latitudes.

Reducción de emisiones por la deforestación y la degradación de los bosques REDD
El debate de los REDD y su implemetación en Panamá es ambiguo. Poco se conoce entre los sectores sociales y la opinión publica por parte del gobierno central.

Por ende, consideramos que el comercio de emisiones es otra oportunidad a las transnacionales dentro del marco del cambio climático, la cual garantiza los derechos de propiedad de los grandes consumidores de petroleo por encima de la capacidad de absorción de gases del planeta. Es decir la contaminación existente en una mercancía, cuyos derechos se asignan según un límite o tope fijado por los países u organismos intergubernamentales dando así, oportunidades a las empresas en seleccionar entre comprar un mayor número de derechos y seguir contaminando como antes o realizar ahorros de eficiencia. Aquellas que consigan ahorros de eficiencia pueden después vender los derechos de contaminación que les sobran a las que no han cumplido con sus objetivos.

Impulsando estas iniciativas comercial, esta el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que intentan imponer sus reglas comerciales sobre los regímenes de derechos de propiedad sobre las leyes nacionales para procurar reducir el poder que pueden ejercer los Gobiernos, los sindicatos y las comunidades locales sobre la actividad de las grandes empresas.

Carente de fundamentos y enfoque político ambiental gubernamental, en Panamá aun no se ubica dentro del panorama con que la Ecología Política traduce el acelerado mercado de los bienes naturales y la participación de los pueblos rurales que mantienen altas disputas sobre el conservacionismo y la mercantilización. Más aun, en el trastorno en que la corrupción solapadamente abre a las trasnacionales todos los derechos y seguridad jurídica.

Panamá en este sentido, sin la ratificación del Convenio 169 sobre los pueblos tribales, mantiene una irresponsabilidad tambien sobre cumplimiento y respeto de las normas comarcales como es el caso del pueblo originario Ngöbé Büglé, quiénes fueron victimas de la arbitraridad con que se reformo la ley 10 de 1997 que rige su territorio. El rampante cambio impuso el Decreto 537 del 2 de junio del 2010, para escoger los delegados y realizar los congresos, bajo un nuevo sistema de delegados que disminuye la participación y la representación del pueblo, además excluye a las fuerzas vivas de la comarca y todas las autoridades tradicionales de participar en la máxima instancia de gobierno y decisión.

Traducido este escenario, que garantía tienen los pueblos rurales sobre la consulta y toma de decisión ante los REDD y además de su conflictividad sobre las concesiones en materia minería e hidroeléctrica. A pesar de consultas realizada entre los promotores de los REDD en Panamá no hay evidencia de una política amplia de divulgación y socialización de los acuerdos firmados en octubre de 2010.

A esto, surgen interrogantes como el nivel de capacidad técnica, las reformas o marco legal que sufrirá el régimen agrario, institucional, y los beneficios a distribuir a través de una consulta general entre los sectores involucrados.

Por ende los REDD, es considerada una estafa multimillonaria cuyo objetivo básico es que aquellos que contaminen puedan pagar a otro para que se encargue de limpiar sus destrozos y no tener que hacerlo ellos mismos, lo cuales son adoptados por gobiernos, organismos financieros y grandes empresas en el marco del cambio climático.

En el caso de Panamá, se destinó unos 8.9 millones de dólares a la Autoridad Nacional del Ambiente por el Banco Mundial para llevar a cabo el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Panamá (REDD). Además se firmó UN REDD con las Naciones Unidas con un financiamiento de 5,300 dólares.

Igualmente se lanzó el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosque para Centroamérica y República Dominicana (REDD CARD), respaldado por la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) para los próximos seis años con un presupuesto inicial de 16,5 millones de dólares.

En el 2009 también el Banco Interamericano de Desarrollo BID aprobó una donación de cooperación técnica por US$450.000 a Agua y Energía SA de Panamá para preparar estudios de ingeniería y otros requeridos a obtener “créditos de carbono” a través de tres pequeños proyectos hidroeléctricos a filo de agua (runoftheriver).

También han existido indicios de implementar otras iniciativas en REDD como es Nested Approach en el 2008 para la contabilidad de las emisiones de deforestación en dos enfoques: a. Enfoque nacional y b. Enfoque subnacional.

Igualmente estas políticas se han venido impulsado entre representantes de Centroamérica, Venezuela y el Fondo Mundial Ambiental conocido por su sigla inglesa GEF, la cual sostuvieron gestiones para coordinar el trabajo y mismo acudieron representantes del Bancos Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo BID, los programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA).

La intención es fortalecer y actualizar los conocimientos sobre las políticas y avances del GEF. Y sus mecanismos para la integración de los temas ambientales globales a planes y políticas nacionales sobre desarrollo sostenible.

Mecanismo de Desarrollo limpio MDL
Los Mecanismos de Desarrollo Limpio considerado otro instrumento de mitigación del cambio climático para los países en desarrollo con el fin de promover el desarrollo sostenible y reducir los gases de efecto de invernadero en el marco del protocolo de Kyoto, es además el mayor mercado de compensación de emisiones del mundo.

Originalmente fue creado para que países ricos y contaminantes pudieran comprar reducciones de emisiones más baratas en países en vías de desarrollo en vez de reducir sus propias emisiones. Este sistema no tiene nada de limpio, puesto que lleva a un aumento neto de la contaminación y le quita la responsabilidad al contaminador.

El mismo a sido un gran condimento a el Plan Puebla Panamá PPP, actualmente Iniciativa Mesoaméricana en el marco del libre comercio, que dieron un nuevo impulso a las políticas públicas tendientes a ampliar los volúmenes de producción de energía en beneficio de los grandes transnacionales. La importancia asignada a la producción de energía hidroeléctrica se reflejó en distintos proyectos de construcción de represas y en la difusión de iniciativas de privatización de las redes de producción y distribución de energía, en el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) y el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM).

Así, en los últimos tres años el gobierno actual y pasados intensificaron las políticas de nuevos proyectos hidroeléctricos en la provincia de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y la Comarca Originaria Ngäbé Büglé.

La población panameña sucumbiendo la mala distribución de la riqueza y las argumentaciones falsas de la necesidad de utilizar energía renovables por parte de los diferentes gobiernos, contradice su fé en la exportación barata, y en el aumento del precio de la energía eléctrica a las miles de familias.

Otras de las falacias para promover la construcción de las hidroeléctricas es la responsabilidad corporativa de utilizar fuentes renovables para la generación energética para que así ingrese en los Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL. La cual posteriormente, contribuirá al desarrollo sostenible de las comunidades aledañas al proyecto mediante la inversión del 30 % de los ingresos generados por la venta de los certificados de reducción de emisiones (CER`s), en programas de Pago por Servicios Ambientales PSA o programas de desarrollo comunitario.

Dichos fondos, serán administrados entre la empresa generadora, el municipio del distrito y representación comunitaria del área donde se ubica el proyecto, mediante un acuerdo municipal, y su ejecución deberá ser aprobada y supervisada por la Comisión Coordinadora del Programa de Generación de Ingresos en Áreas Rurales de Pobreza y Pobreza Extrema.

Sin embargo, también se constituyo FUPASA (Fundación Panameña de Servicios Ambientales) comercialización y promoción de proyectos MDL. Quiénes firmaron un Memorándum de Entendimiento entre Holanda y Panamá para la implementación de MDL. La cual algunos proyectos aplicados son:

Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.
Proyecto Hidroeléctrico Estí, AES Panamá, S.A.
Paso Ancho, Corporación Hidroeléctrica Paso Ancho
Proyecto Hidroeléctrico Bayano, AES Panamá S.A.
Bajo de Mina, Corporación Hidroeléctrica Bajo de Mina
Proyecto Hidroeléctrico Bonyic, Hidroecológica del Teribe, S.A.

Además firmas de memorandos de entendimiento con NatSource, y países como España, Italia y Canadá.

En Panamá, el fomento de la oferta de reducción de emisiones está vinculada en términos generales con la puesta en ejecución de los proyectos potenciales con que cuenta el país en el sector energético. El objetivo del gobierno es insertarse en la oportunidad de poder tener competitividad en el mercado de carbono ofertando proyectos de calidad a costoeficiencia, y simultáneamente atraer inversionistas que financien nuestros proyectos y compren los CERs.

Consideraciones finales
Analizando lo anterior, sumando el otorgamiento de proyectos extractores de alto impacto negativo a los bosques y a todo ciclo de vida, se expone una gran contradicción moral y política con lo que actúa y expone el gobierno panameño. Y no cabe en este escenario otro negocio más, ya que repunta a la depredación como se viene ejerciendo por encima de la voluntad de la constitución y el pueblo.

Concluimos de esta manera que para la protección de los derechos humanos y ambientales en Panamá se ha determinado que se reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales que le son aplicables, particularmente de acuerdo con el Protocolo de San Salvador. Además que se adopte las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité contra la Discriminación y la Comisión Interamericana de Derechos Humano y a la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

Y lo que exigimos en redefinir las reglas del comercio del carbono y su aplicación bajo los principios socioeconómicos de los pueblos a través de programas de inversión pública de manera responsable, así como garantizar la tenencia de tierras de pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques, y redefinir la cartera energética nacional como el abandono del subsidio a los combustibles fósiles.

Así como a un debate público e informado sobre las implicaciones de las políticas ambientales sobre el mercado de carbono, y no con la falacia sobre los remedios al cambio climático, la soberanía ecológica y territorial.

Olmedo Carrasquilla II
Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fuente:

Otros Mundos Chiapas, Revuelta Verde, Marea Creciente
México (eds.). Los mitos del mercado de carbono. Segunda edición. s.f.

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