5 de agosto de 2013

Captura de carbono y desarrollo comunitario: un experimento en Oaxaca

Por David Barton Bray

 
La pequeña organización no gubernamental mexicana Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), ha tenido muy buenos años últimamente. En 2008 fue pionera en la apertura del mercado “voluntario” del carbono en México, vendiendo créditos de carbono de 10 comunidades rurales a corporaciones y otros compradores mexicanos. La Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) destacó los logros de SAO en la conferencia de 2010 de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún. Como resultado de ello, la Fundación Coca Cola entregó a SAO un cheque por unos US$150.000, que representaban el costo de plantar árboles en compensación por el dióxido de carbono generado por los aviones que transportaron a los delegados de todo el mundo a México. Para las cinco ONG y organizaciones comunitarias que fundaron SAO e invirtieron años de trabajo en ella, todo esto significó que su apuesta rindió frutos. Caficultores pobres y operaciones madereras comunitarias pasaron a convertirse en actores de sofisticados mercados de carbono forestal, y eran reconocidos por hacer su parte para capturar las emisiones que estaban calentando la atmósfera. Pero llegar a este punto no fue fácil, y aún quedan muchas complicaciones por superar.

SAO obtuvo su personería legal en el 2000, un buen momento, según se percibía, para ingresar en los mercados de carbono. El protocolo de Kioto suscrito tres años antes parecía haber abierto las puertas mediante su Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La idea era permitir que las industrias contaminantes en los países desarrollados decidieran respecto al método más rentable de reducir sus emisiones de carbono optando, por ejemplo, entre invertir en fuentes alternativas de energía (tales como eólica o solar) o en pagar a otros en un país en desarrollo para compensar por sus emisiones mediante actividades tales como plantar árboles, resultando en los “créditos de carbono” antes mencionados. La exótica noción de créditos de carbono se enraíza en la necesidad de encarar el calentamiento global. Comúnmente los científicos no están de acuerdo en muchas cosas, pero la vasta mayoría de quienes estudian el clima proyectan que si las emisiones continúan al ritmo actual, las temperaturas del planeta podrían aumentar entre 2 y 11 grados para el 2100, los mares podrían subir entre 1 y 6 metros, y las sequías masivas podrían convertirse en algo aún más frecuente que en la actualidad. De hecho, las cubiertas polares de hielo se están derritiendo más rápido y eventos climatológicos extremos están ocurriendo antes de lo proyectado, lo que sugiere que los científicos han sido conservadores.

Antonio Santiago Ruíz poda un pino joven en un área reforestada de La Trinidad, Oaxaca.
Las clases elementales de ciencias enseñan cómo las plantas, por medio de la fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono en compuestos orgánicos que constituyen la planta. Cerca de la mitad de la biomasa de las plantas es carbono. Esta captación de carbono de la atmósfera es un “servicio ambiental” que ayuda a estabilizar el clima global. A medida que los árboles son talados y quemados para crear espacio para la agricultura, el carbono almacenado en ellos por medio de la fotosíntesis es liberado en la atmósfera. Se estima que la deforestación es la fuente de alrededor del 20 por ciento de todas las emisiones mundiales de carbono. Esto muestra la urgencia de crear incentivos para preservar los bosques y plantar más árboles. Por tanto fue lanzado un lento y penoso esfuerzo por crear mercados para el carbono forestal —tanto mercados de “cumplimiento” en virtud de MDL, como los así llamados mercados voluntarios, donde los estándares son más flexibles. La nueva iniciativa mundial denominada REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación más conservación, gestión forestal sostenible y aumento de las reservas de carbono) contempla un mercado de cumplimiento, estrictamente regulado por protocolos internacionalmente acordados. Los arquitectos de REDD+ están observando la masiva multiplicación de modelos como SAO para capturar carbono.

Quienes fundaron SAO tenían experiencia en captura de carbono, aunque hasta el 2000 solo en relación con el café de sombra y la producción de madera. Varios fundadores trabajaron como asesores y personal para la Coordinadora Estatal de Productores de Café (CEPCO) y los productores de maderas de la Unión Zapoteco- Chinanteca (UZACHI), organizaciones que habían recibido apoyo de la Fundación Interamericana. De modo que parecía lógico que un siguiente paso fuera explorar la posibilidad de ingreso de otro producto de sus fincas y bosques. Rápidamente la Fundación Ford invirtió en esta nueva idea y otorgó a SAO un apoyo modesto para organizar una oficina y comenzar a educar a las comunidades sobre este extraño y etéreo producto capturado por el bosque: toneladas métricas de dióxido de carbono. Otros donantes siguieron el ejemplo, y SAO llevó a cabo talleres en comunidades atendidas por CEPCO y UZACHI para incorporar voluntarios en la nueva iniciativa. La rara propuesta despertó sospechas; las asambleas de miembros de la comunidad, poseedores de título legal de la tierra, muchas veces temieron que se tratara de una elaborada trama para sacarles sus tierras. Finalmente, durante el 2002 y el 2003, 10 comunidades dieron el paso al frente, dispuestas a asumir el riesgo. Sus residentes, que vivían de la producción de café y madera, en su mayoría eran pobres y de ascendencia indígena. Hablaban zapoteco, chinanteco y mixe y tenían mucho que aprender sobre el lenguaje de los mercados internacionales de carbono.

Los beneficios iniciales finalmente comenzaron a llegar en 2003 y 2004, cuando CONAFOR comenzó a calentar el motor para proyectos de carbono forestal mediante la financiación de organizaciones, tales como SAO, que proporcionaban asistencia técnica y plantación subsidiada de árboles por la comunidad. Entonces, la incertidumbre en los mercados internacionales de carbono hicieron que CONAFOR endureciera los requisitos y para el 2008 el programa se había acabado. A las ONG que ofrecían asistencia técnica se las alentó a encontrar compradores por sí mismas, lo que no era fácil. “SAO fue diseñada para alcanzar el mercado internacional pero por el camino descubrimos que ello era extremadamente complicado en virtud de MDL. Así que nos dimos cuenta de que ese no era el camino para nosotros”, destacó Carlos Marcelo Pérez González, uno de los fundadores de SAO y su coordinador desde 2003. Así se inició la búsqueda para estimular un mercado mexicano voluntario, una clientela nacional interesada en la combinación propuesta por SAO de conservación tradicional comunitaria y desarrollo, brindando además compensaciones de carbono cuantificables.

La IAF entró en la escena en 2006, lo que permitió a SAO expandir su apoyo a las 10 comunidades. El desarrollo de la destreza para maximizar la captura de carbono incluyó el mejoramiento de la capacidad de las comunidades para manejar los bosques tanto para el carbono como para otros usos. Esto implicó largos procesos participativos de zonificación de la tierra para agricultura y bosques, elaboración de normas, creación de viveros y el uso de sistemas manuales de posicionamiento geográfico para marcar los límites de los bosques en imágenes remotas. Mediante múltiples talleres, miembros de la comunidad con una educación primaria aprendieron sobre el ciclo del carbono y el concepto de pago por plantar árboles y proteger los bosques.


Reforestación en La Trinidad.
Las comunidades, con nombres de difícil pronunciación como Santa María Tlahuitoltepec y San Miguel Malinaltepec, están en la escarpada sierra de Oaxaca. Ellas figuran entre las miles de comunidades, indígenas y no indígenas, que poseen el 60 por ciento de los bosques de México. Sus sólidas instituciones de gobernanza están enraizadas en la tradición ancestral y en la ley agraria contemporánea. La propiedad de sus territorios, asegurada por titulación clara concedida en virtud de la constitución mexicana, es un aspecto decisivo de sus vidas, asegurando su identidad y su lugar en el mundo. Sólidas normas de cooperación son reforzadas mediante reglas estrictas promulgadas por asambleas comunitarias y autoridades electas. Estos mexicanos también se distinguen por una tradición de servicio obligatorio, conocido como tequio, que proporciona la mano de obra para mantener la infraestructura de la comunidad. En años recientes, como consecuencia de una mayor conciencia de la importancia de la administración del medio ambiente en el contexto contemporáneo, ellos incorporaron prácticas conducentes a la certificación de su café como orgánico y de sus madereros como bien manejados.

El personal de SAO sabía a partir de su experiencia con café y madera que el trabajo con las comunidades requiere una cuidadosa atención a sus instituciones de gobernanza. Cuando se plantan árboles en tierras comunitarias, la asamblea general compuesta por todos los residentes legales debe entender y aprobar la actividad. Y aunque el café es cultivado en parcelas asignadas a familias específicas, la mayoría de las comunidades tiene cooperativas cuyos miembros-productores tuvieron que ser capacitados y consultados. Nuevas prácticas para almacenar carbono debían ser dominadas para cada ecosistema; árboles jóvenes tenían que ser plantados en áreas degradadas y los bosques debían ser raleados y manejados para una acumulación más rápida de carbono, pero sin perjudicar la biodiversidad. En sistemas de agrosilvicultura del café, SAO tuvo que trabajar con cultivadores individuales en el enriquecimiento de la sombra con árboles frutales que eliminaban el carbono del aire y agregaban diversidad a la dieta, y en plantación de setos vivos para controlar la erosión del suelo. En comunidades productoras de madera, como La Trinidad, el cálculo de la rotación de la cosecha para acumular carbono requirió estrechas consultas con los administradores de bosques comunitarios. SAO realizó además un trabajo de desarrollo más amplio, organizando, por ejemplo, grupos de mujeres para vender resinas de árboles. Ofrecer la capacitación intensiva requerida para producir créditos de carbono, implica un costo no cubierto en el precio de mercado. Los avances en biodiversidad y en educación y organización relacionados con un proyecto de carbono se conocen como “cobeneficios”, que van más allá del negocio principal de producir carbono. Aunque los compradores pueden apreciar estos cobeneficios, no están necesariamente dispuestos a pagar por ellos.

Debido a los costos y desafíos de trabajar con comunidades, solo una minoría de proyectos de carbono las incluyen, como Ecosystem Marketplace [mercados ambiéntales] lo destacó en su informe de 2011, Estado de los Mercados del Carbono Forestal. Pero las complejidades de trabajar con comunidades quedaron eclipsadas en comparación con lo que SAO encontró al probar los rigores del mercado de cumplimiento y luego la turbulencia de los mercados voluntarios. En gran medida, el carbono forestal había sido dejado fuera del MDL. Muy pocos proyectos que involucran el carbono forestal han sobrevivido al proceso de aprobación de MDL debido a las preocupaciones sobre permanencia —los bosques pueden quemarse— y “fuga”, una referencia a lo que sucede cuando la conservación en un área boscosa induce a los agricultores a deforestar otra. En contraste, una fuente alternativa de energía para una fábrica implica una reducción actual permanente de emisiones de carbono. Así, la mayor parte de la acción con el carbono forestal no ha estado en el mercado de cumplimiento creado por MDL, sino en el mercado voluntario. El carbono forestal fue rescatado de un olvido casi completo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Bali en 2007, cuando representantes de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea lanzaron un llamado dramático a la inclusión de los bosques en las negociaciones, dada su importancia en numerosas naciones en desarrollo. Esto condujo a las actuales conversaciones internacionales que involucran a REDD+, mencionada anteriormente.

Dado que el carbono forestal es un producto invisible a los consumidores, un esfuerzo extraordinario, con elevados costos de transacción, va en la creación de una cadena de documentos destinada a tranquilizar a los inversionistas. Primero, el vendedor que desea comerciar en el mercado internacional tiene que optar entre una confusa variedad de estándares para la cuantificación del carbono forestal. Cada estándar tiene una metodología particular que guía el cálculo de una situación preexistente de reserva de carbono, proyecciones de una circunstancia “continuista” (es decir, qué pasaría si no existiera el proyecto), medición y monitoreo de existencias de carbono, y evaluación de fuga, entre otros elementos de gran exigencia técnica. El Estándar Verificado de Carbono (EVC), el más ampliamente utilizado, incluye un rango de metodologías aplicables a casos específicos, de donde un vendedor prospectivo debe elegir. Otros estándares proporcionan mayor o menor flexibilidad que permite a los promotores del desarrollo conformar sus propias metodologías sujetas a revisión técnica y aprobación por parte de auditores. Para demostrar que el proyecto planeado responde tanto al estándar como a la metodología, el vendedor debe producir un “Documento del Proyecto” (DP) detallado. Un auditor acreditado debe estudiar el documento, realizar una visita en el terreno para confirmar las actividades descritas y emitir una opinión para “convalidar” el proyecto —pagado por el proponente. El Grupo Ecológico Sierra Gorda, ONG mexicana que trabaja con agricultores del estado de Querétaro, necesitó tres años para obtener la convalidación en virtud de EVC y, para los cobeneficios sociales y ambientales, en virtud de los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB). La convalidación habilita a un proyecto a ser inscrito en un registro central, lo que provee una plataforma legal para el intercambio entre comprador y vendedor.

¡Pero aun no terminó! En virtud de ciertos estándares, la producción real de crédito de carbono debe ser “verificada” a través de “MRV,” o un constante monitorear, reportar y verificar interno, y luego una auditoría que incluye la visita a una localidad aproximadamente cada cinco años mientras dure el proyecto. Los protocolos propuestos para el mercado de cumplimiento exigen 100 años de monitoreo luego del período en el cual los créditos fueron emitidos. Los estándares para los mercados voluntarios típicamente requieren que MRV dure entre 30 y 50 años. Además del carbono, algunos compradores desean que los cobeneficios sean convalidados y verificados, como en el caso de Sierra Gorda y pagan un extra por la documentación adicional y las MRV en curso.

Todo esto y más llevó al Munden Project, grupo que ha analizado ampliamente el desarrollo de los mercados de carbono, a la conclusión de que “el comercio de carbono forestal es impracticable del modo en que actualmente está construido” y que “el enfoque basado en el producto está en desacuerdo con los beneficios de desarrollo que se prevé que REDD genere”. Incluso cuando el mercado funciona, a las comunidades que capturan pequeños volúmenes de carbono les irá igual que a los productores que venden pequeñas cantidades de cualquier producto agrícola en mercados dominados por intermediarios. Reciben una porción minúscula del precio final, y poco queda para invertir en el desarrollo comunitario.

Entonces, ¿cómo le ha sido posible a una pequeña ONG como SAO sobrevivir frente a esta complejidad? Gracias a haber estado a la vanguardia de la experimentación con métodos y arreglos institucionales conducentes a la creación de un mercado voluntario en México, y desvaneciendo la línea entre la conservación y el desarrollo comunitario tradicionales y proyectos centrados en compensaciones de carbono forestal. Andar en este camino le ha permitido a SAO, por lo menos por ahora, evitar la paralizante y onerosa complejidad de los mercados internacionales que bien podrían ser etiquetados como “sitio en construcción”. En el diseño de su inventario inicial, por ejemplo, usa un método que J. Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, que ahora trabaja para la ONG Pronatura México, derivó de estándares desarrollados por el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) (como son las mayoría de los estándares). “Me tomó cinco años desarrollar el modelo”, Ordóñez explicaba recientemente, “pero entonces nos dimos cuenta que era muy difícil para la persona promedio. Entonces lo adapté como una simple planilla de Excel. Ahora un miembro de la comunidad puede medir el diámetro, la altura y el contenido de carbono de los árboles, y si conoce el crecimiento por hectárea puede calcular la captura de carbono. Las tablas de cálculo son muy simples y la capacitación se lleva a cabo en la lengua indígena de la comunidad”. El método de Ordóñez no ha sido aún convalidado o verificado por una autoridad independiente como lo requieren los estándares internacionales. Su único reconocimiento proviene de CONAFOR, que está muy consciente del conflicto planteado por su interés en el éxito de SAO. Así que por ahora un mecanismo más flexible y rápido ha sido creado, pero que aún no está listo para los mercados internacionales.

Sin embargo, con trabajo de Ordoñez y Pronatura, el método fue lo suficientemente válido para su aceptación en la apertura del mercado voluntario mexicano para los productores de carbono de SAO. Luego de que SAO y Pronatura cortejaran asiduamente al sector empresarial en 2008 y 2009, tres grandes corporaciones —Televisa, Gamesa (una panadería grande) y Laboratorios Farmacéuticos Chinoin— así como la Oficina del Presidente de México y varios individuos, compraron bonos de carbono. La primera gran venta de SAO, en mayo de 2008, movilizó más de 15.000 toneladas métricas a US$10 la tonelada, (cuando la tasa promediaba los unos US$3,80 la tonelada). Para fines de 2011, SAO había vendido 104.842 toneladas métricas de carbono por un total de casi US$647.000. SAO y Pronatura retienen cada uno el 10 por ciento del ingreso, que no cubre gastos operativos, mientras las comunidades reciben 80 por ciento. Por razones fiscales, las empresas mexicanas compran solo el volumen de un año de carbono por vez, aunque informalmente se han comprometido por períodos más prolongados. Así, la práctica actual no obliga a las comunidades a proteger los bosques por más allá de un año. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que ellos simplemente los talen en los años siguientes si necesitan la tierra para el maíz?

En enero visité la comunidad de San Bartolomé Loxicha, una socia de SAO en la Sierra Sur de Oaxaca, a pocas horas de la ciudad de Oaxaca, para explorar esta cuestión. Prescindí de la carretera principal, viajando por difíciles rutas no pavimentadas hacia la costa del Pacífico a través de un escarpado paisaje de montaña con anchas franjas de tierras agrícolas degradadas donde agrobosques de café proporcionan mucho de la cobertura sobreviviente. San Bartolomé es una comunidad indígena zapoteca de unos 2.500 habitantes, cuyo título de la tierra data de 1712 y cuya posesión se remonta siglos antes de ello. Casi todos en la comunidad se ganan la vida con mucho esfuerzo, cultivando maíz y café. Frecuentemente las cosechas no alcanzan a brindar sostén para un año completo, por lo que los ingresos de miembros de la familia que han emigrado al norte mexicano y a EE.UU. compensan el déficit.

A pesar de su pobreza material, San Bartolomé es rico en comunidad y territorio. Los miembros de la comunidad están inmensamente orgullosos de sus cerca de 17.000 hectáreas de valles fluviales, amplias laderas y cimas de cordillera, y muy conscientes de siglos de ocupación. Tradiciones indígenas ancestrales se combinan con instituciones regidoras establecidas en virtud de la ley mexicana de reforma agraria para hacer de la asamblea de todos los residentes legales de San Bartolomé un poderoso vehículo de cohesión. Ésta puede exigir un estricto acatamiento de las normas y de nuevos reglamentos a cambio de derechos individuales sobre recursos del territorio. Otra institución sólida es el tequio, al que anteriormente se hizo referencia, el cual, de acuerdo con un documento de planificación de 2005, “nos fortalece, nos conecta socialmente y es la expresión de la voluntad de ser parte de nuestra comunidad”.

Cuando realicé mi visita, Amadeo Cruz Antonio, jefe del Consejo de Vigilancia, una de las entidades de gobierno elegidas por la asamblea de San Bartolomé, se reunió con nosotros con tradicional cortesía en la modesta oficina de la dirigencia comunitaria. Posteriormente, ese día y el siguiente, él y otros nos condujeron en una gira por las 830,4 hectáreas de bosques y cafetales que ahora están siendo manejados para acumular carbono. Él explicó cómo una nueva atención hacia los bosques y fincas fue estimulada por las ventas de carbono. “Después que el huracán Paulina derribó la mayor parte del bosque”, explicó Amadeo, refiriéndose a la devastación desatada en 1997, “el pino volvió pero también replantamos, y esto está todo protegido ahora. El bosque nos da vida, nos da oxígeno y limpia la contaminación de las fábricas. SAO nos ha ayudado a comprender esto y nosotros se lo explicamos a nuestra gente. Pero incluso si no estuviéramos haciendo esto con SAO, éste es nuestro bosque comunal, y de acuerdo con nuestros reglamentos, nosotros no podemos talarlo”.


Anuncio de la venta de créditos de carbono de Café Mileno a
Gamesa, una gran panadería mexicana.
Mientras visitábamos varias parcelas bajo gestión para la captura de carbono, Amadeo explicaba el modo en que la comunidad ha utilizado su ingreso de la venta de carbono: 70 por ciento es reinvertido en el bosque, 20 por ciento es invertido en proyectos comunitarios y 10 por ciento sufraga los gastos incurridos por las autoridades comunitarias. Pero aquí nada es gratis. El proyecto del carbono depende del tequio normalmente no pagado para el considerable trabajo de plantación y mantenimiento del bosque requerido para asegurar la acumulación más rápida de biomasa. Para la substancial mano de obra adicional requerida, los miembros de la comunidad reciben US$12 por día, el jornal corriente para trabajo de finca, un ingreso modesto que permite que algunos permanezcan en San Bartolomé en lugar de emigrar. Hay rotación en la tarea de modo que cada uno de los 500 miembros legales de la comunidad tenga la oportunidad de trabajar y ser compensado en efectivo algunas semanas por año.

Prácticas diferentes son necesarias en los cafetales. Los líderes de la organización de caficultores, ostentosamente llamada Café Milenio, nos llevaron a visitar los sitios donde sus miembros producen café certificado como orgánico y ahora también árboles que capturan carbono. “Zonas de conservación” es como Israel Cruz García, de 37 años, presidente de Café Milenio orgullosamente llama a las áreas que comprenden las parcelas plantadas de árboles de sombra, importantes para la biodiversidad, en paisajes de otro modo caracterizados por parches aislados de bosque. “Antes, en el tiempo de nuestros abuelos, ellos tenían reglas”, explicaba él mientras se paraba junto a uno de los nuevos viveros de árboles de la organización. “Luego ellos pararon, quemaron en cualquier parte, talaron árboles por todos lados. Pero con SAO nosotros recuperamos esas reglas y formulamos nuestros reglamentos comunales. Ahora tenemos una cultura de conservación. Nadie puede entrar a una parcela para cazar o remover un árbol vivo. Incluso se requiere permiso para sacar madera muerta para leña. Nos viene bien porque ahora tenemos una cultura orgánica. Hacemos esto porque amamos a nuestros hijos. Los niños sufrirán si hacemos mal las cosas y acabamos con el venado, los pájaros, el bosque. Mañana no lloverá y no habrá agua. Nosotros ya no estaremos, ¿y quién sufrirá sino nuestros niños? Es por eso que cuidamos nuestras parcelas de cafeto y el bosque”.

SAO tiene muchos admiradores. “Pienso que el trabajo de SAO es excelente”, comentaba David Ross, un asesor del Grupo Ecológico Sierra Gorda, después de su primera visita. “Me impresionó mucho la forma en que trabaja con comunidades enteras, la forma en que sus técnicos vienen de esas comunidades indígenas, y que las organizaciones comunitarias existentes se hacen cargo del proyecto”. La nueva cultura de conservación promovida por SAO asegura una permanencia que trasciende aquella que sería exigida en los contratos para mercados internacionales para carbono forestal. Los compradores mexicanos están convencidos de que las comunidades no estarán talando los bosques para el maíz, y están dispuestos a invertir en los “cobeneficios” de tal cultura. SAO debe aún encontrar su camino a través de un matorral de complicaciones para sobrevivir, para continuar apoyando sus 10 comunidades colaboradoras, y para ampliar su influencia. Hasta ahora, los mercados mexicanos han funcionado en base a un alto grado de confianza. Representantes de clientes empresariales mexicanos de SAO han visitado SAO y sus comunidades, han visto los bosques y los árboles de sombra en los cafetales, y han sido testigos de los múltiples cobeneficios de su inversión. Los actuales tratos de CONAFOR con Pronatura México y SAO también han avanzado en una atmósfera de confianza.

Pero para que el mercado mexicano crezca, su estructura no debe depender solo de la confianza. Aspectos de esta fase experimental desencadenarían conflictos de intereses en mercados internacionales, y estos deben ser resueltos y aclarados. CONAFOR está trabajando actualmente en un marco para la convalidación y verificación para el mercado mexicano que podría también ser internacionalmente aceptable, así como un registro nacional transparente. También está adaptando estándares internacionales para un mercado nacional de “solidaridad” caracterizado por la flexibilidad y la confianza. El propio papel de SAO en el mercado debe ser mejor definido. Actualmente actúa como el vendedor de créditos de carbono, al tiempo que prescinde la “propiedad”. Hay planes para organizar a las comunidades socias de SAO en una sola entidad que pueda vender legalmente los créditos de carbono, con SAO en el papel de verificador para el mercado mexicano.

Con considerable mesura, el Ecosystem Marketplace ha señalado que “la futura forma, tamaño y alcance del mercado global de carbono forestal siguen siendo muy inciertos”. Dada esta incertidumbre, el informe nota “una tendencia de que las regiones compren créditos de sus propios patios traseros”. Es en ese patio trasero que SAO ha estado tanteando sobre cómo los mercados de carbono pueden servir al desarrollo de la comunidad. Al tratar de conectar la conservación y el desarrollo comunitarios y las exigencias de los mercados internacionales de carbono, SAO ha agudizado el enfoque de la discusión sobre cómo pueden los mercados del carbono servir a los pobres. Como pequeña ONG se ha convertido, junto con el Grupo Ecológico Sierra Gorda, en pionera del desarrollo de un mercado mexicano que puede convertirse en un modelo importante para otras naciones en desarrollo con sectores privados substanciales, tales como Brasil y China. Los planes REDD+ que están siendo desarrollados en foros mundiales están enfocados en el cumplimiento estricto de protocolos y asumen que los mercados solos pueden reducir la deforestación y canalizar los beneficios a comunidades pobres. La experiencia de SAO sugiere que mercados también pueden ser localizados y construidos sobre compromisos de los sectores público y privado mexicanos para el desarrollo rural compatible con el uso responsable de los bosques. No obstante, SAO no ha capitulado en cuanto a mercados internacionales. “Estamos trabajando en ambas líneas, desarrollando mercados mexicanos e internacionales”, afirmó Pérez González, coordinador de SAO. “Nuestro proyecto es sobre el carbono, pero para nosotros el carbono está originando desarrollo comunitario”.

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David Barton Bray fue representante de la IAF y es profesor del Departamento de Tierra y Ambiente de la Florida International University. Él agradece a Leticia Gutiérrez Lorandi, Bryan Foster, J. Antonio Benjamín Ordoñez Díaz y David Ross por sus contribuciones para este artículo.

Fuente: Desarrollo de Base 2012, 33. pp. 14-21 - http://www.iaf.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=263

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