Territorialidad, subsistencia y vida digna

Colectivo por la Autonomía, Grupo ETC, GRAIN[1]

La devastación del monocultivo. El Chaco, Paraguay. Foto: Henry Picado

Intentamos argumentar cómo es que las empresas directamente beneficiadas por actos de gobierno de los Estados, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales y sus legislaciones apalancandas con “tratados de libre comercio y cooperación” (y sus normas, estándares y reglamentaciones), han destruido las condiciones para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; para que resuelva la subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos,

con creatividad e ingenio propio.

Decimos que esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. Esta destrucción comunitaria y territorial empeora diario. Y quienes pagamos las consecuencias somos quienes históricamente hemos cuidado nuestros lugares. Unos cuantos lucran con el desastre. Mientras más nos afectan,

menos podemos cuidar nuestro lugar.

Las capas de deterioro se suman hasta que nuestros territorios se ven reducidos a esqueletos informes y se convierten en barriadas inhóspitas de ciudades que crecen. Los procesos industriales que nos enajenan, violentan la escala de los procesos naturales y sociales interviniendo los entornos —de lo más físico y “ambiental” como la deforestación, la perforación, la extracción, la manipulación del suelo y el agua—, hasta los ámbitos más vitales e íntimos de los individuos, incluido el chantaje con programas que nos destruyen aunque siempre nos insistan que son las soluciones únicas a

los problemas que nos aquejan.

Para mostrar el contexto lo más completo posible, hemos abierto y flexibilizado nuestras definiciones: desde lo más íntimo —como el cuerpo de las madres y sus hijos—, pasando por el ejercicio del espacio público compartido como la movilidad en las urbes, hasta el corazón tangible de comunidades y pueblos en sus espacios vitales donde las claves son la tierra, el agua, el bosque, las semillas, los saberes y el mismo lenguaje. Toda esta destrucción hace imposible resolver por medios propios el sustento y cuidado de la vida individual y colectiva —y su transformación hacia

un futuro abierto, justo y digno.

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Qué despojo más brutal puede haber que el que arranca la vida de alguien y la tira a la basura. La famosa acumulación originaria fue el despojo de la tierra —pero a la vuelta de la historia la gente fue despojada de los frutos de sus esfuerzos, fue exprimida en su fuerza laboral y hoy el acaparamiento de miles de ámbitos de lo humano es continuo e imparable. Además, la tierra no es una cosa, siempre entraña relaciones complejas.

Con los siglos, las corporaciones (reforzadas por las políticas neoliberales y dotadas de instrumentos gubernamentales de maniobra, como los tratados de libre comercio que legalizan y potencian estas políticas y las tornan inamovibles), han intentado arrancarnos de nuestras fuentes de subsistencia —de la tierra, el agua, los bosques, las semillas—, es decir, de nuestro territorio. Nos erosionan y nos arrebatan los medios de subsistencia (nuestras estrategias y saberes) con los que las comunidades logramos por siglos buscar y defender nuestro centro de referencia, nuestra vida, nuestra historia, la justicia y nuestro destino como comunidades y pueblos. La embestida corporativa y gubernamental ha logrado durante periodos impedir y criminalizar justo el núcleo de los cuidados ancestrales que las comunidades atesoramos en aras de ser independientes y autónomas.

Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y de nuestra vida comunitaria —y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.

Como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron devastados en todos los niveles”.[2]

La gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a los expulsados. La gente que es expulsada engrosa el ejército de obreros precarizados, aumenta la población urbana —lo que expande la superficie de las ciudades con sus problemas—, mientras los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.

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Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente: nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.

El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.

Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales por los que la gente podría buscar y tal vez lograr la justicia.

Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito.

Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era suya. Tal vez en realidad lo que la gente pide en renta es su posibilidad de trabajar. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización y desarraigo.

Dependencia porque para que el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de precariedad y fragilidad nunca antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas semeja un nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los paquetes tecnológicos y las semillas de patente). Todo está preparado para promover el imperio de las corporaciones erradicando la agricultura independiente.

Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria. La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a nuestros propios mecanismos de sustentabilidad. Entonces no parece quedarnos otra que trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado, con remiendos ajenos, de supuestos expertos o de quienes detentan el poder. Existe un ataque contra los cuidados propios y contra la integridad moral de las comunidades.

El ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija, por ejemplo) son demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo) y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le resultaron a los pueblos por milenios.

Sumisión, porque a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les dificulta romper el círculo y sólo buscan condiciones menos graves.

Fragmentación y encono, porque la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y hasta a su familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y respeto. Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables. En su versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los programas de gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo, dependencia y sumisión.

Privatización y más fragmentaciones, porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto de la criminalización, como ahora con las semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas, impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro entorno inmediato. Las parteras tradicionales son marginadas, su oficio perseguido, y en varias entidades de México, por lo menos, existe ya la negativa a entregar certificados de nacimiento, papel indispensable para elaborar un acta de nacimiento que otorga todo un futuro de ciudadanía, si el niño o la niña no nacieron en una clínica.

Desarraigo, porque las corporaciones requieren que haya personas fuera de los límites naturales de su entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su territorio. No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al punto de irse para engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece las condiciones generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su región. Se recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que migra. La urbanización salvaje se vuelve extrema.

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Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación de los jóvenes es un ataque directo a la continuidad de un pueblo, a su derecho a existir.

Expulsar a la gente de sus territorios logra que éstos se queden vacíos; que la gente ya no esté en el lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la historia también se fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea” (el ser obreros en algún lugar), que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el mundo mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección. Lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que, casualmente, son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han cuidado por milenios.

Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, reservas de la biósfera, proyectos REDD, tiraderos de basura y desechos tóxicos. Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.

Un último agravio que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán imponer todo el tramado de la vida: alimentos, formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y distribuirlos.

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Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas.

Esta visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de nuestra denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen siendo válidas.

La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.

La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales; propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar las 62 razas y las miles de variedades que existen en México, centro de origen del maíz. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.

La cuarta tesis es central a la argumentación que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas campesinas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y proyectos de “economía verde” y más.

Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil como el maíz —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Según datos de GRAIN y del Grupo ETC, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con menos del 30 por ciento de la tierra agrícola, siguen produciendo un 70 por ciento de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere promocionar el 30 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión planetaria inaceptable. §

Fuente: En: Leyes, políticas y economía verde al servicio del despojo de los pueblos. Alianza Biodiversidad, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) y Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC). 2014 pp. 3-9

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[1] Este es un documento de contexto para caracterizar los objetivos de una preaudiencia que vinculó, a finales de junio de 2013, en San Isidro Jalisco, México, por lo menos dos de los siete procesos abiertos en México ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en el Capítulo México. El Capítulo México del TPP busca valorar los efectos nocivos del libre comercio y sus tratados en la desfiguración del sistema jurídico mexicano y la violencia desatada contra los pueblos por el desvío de poder resultante. Esta preaudiencia, titulada justamente Territorialidad, subsistencia y vida digna, intentó caracterizar la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, e intento tender vínculos con la devastación ambiental y las lastimaduras a la vida digna que conlleva atentar contra los territorios y la subsistencia. Con este acercamiento detallado en la territorialidad, intentamos articular los argumentos en torno a la contaminación transgénica del maíz, a los procesos de colisión entre el campo y la ciudad, a los procesos de despojo y envenenamiento con minería, basureros, urbanización salvaje, fragmentación del espacio con carreteras y otras más que permitan sistematizar un panorama fiel de lo que ocurre en este proceso de violencia, y de transgresión de los derechos de la población, recrudecido por los tratados de libre comercio y sus secuelas.

[2] Jean Robert, “Crisis económica y territorialidad”, manuscrito sin publicar