“UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO LOCAL”

Geodisio Castillo

geodisio@gmail.com

Portada del documento

Por considerar de interés el tema, este breve artículo se basa principalmente en la publicación Áreas de Conservación Municipal: Una oportunidad para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. Reflexiones y experiencias desde América Latina (GTZ 2010)[1]. En las últimas cuatro décadas, los criterios de manejo de áreas protegidas han hecho hincapié en tomar en cuenta las condiciones de calidad de vida y las necesidades de la población local y en el rol de la participación para el logro de los objetivos de conservación.

Al principio las áreas silvestres protegidas fueron consideras como sitios de importancia para la conservación de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. Este enfoque de conservación ha sido promovido por la mayoría de los biólogos conservacionistas, y los gobiernos a nivel mundial, han establecido una buena cantidad de unidades de conservación bajo protección (Wilson 1994; McNeely et al. 1990, citados por Jardel 1995). Este enfoque hace a un lado lo cultural, social y humano.

En éstas últimas cuatro décadas hay procesos de cambios que ocurren por varias razones; una de ellas es que las áreas protegidas no son espacios deshabitados. Antes de la creación de las áreas protegidas, por miles de años conviven allí o son habitados por pueblos indígenas, con derechos ancestrales sobre la tierra y los recursos naturales; otros están circundados por regiones densamente pobladas, otros por grandes obras de construcción y otros más han sido alcanzados por frentes de colonización y expansión de la frontera agrícola (Jardel 1995).

Otras de la razones fundamentales del cambio conceptual en el manejo de las áreas silvestres protegidas es que los conservacionistas han tenido que convencerse de que mientras los derechos de tenencia de la tierra de la población local no sean respetados y los beneficios tangibles de la conservación no lleguen a las comunidades humanas que viven en el interior o las inmediaciones de las áreas protegidas, es imposible que éstas perduren bajo presiones de uso de los recursos y conflictos con la población local. Desde este enfoque nacen los conceptos innovadores de manejo, como es el caso de las reservas de la biosfera (Batisse 1986; Halffter 1984; Lusigi 1981).

Recientemente un estudio pone en alerta el peligro que las áreas silvestres protegidas no están salvaguardando la biodiversidad del mundo, porque están funcionando mal, mal administradas, sin planes de manejo, sin fondos, entre otros; de allí la amenaza de las especies es evidente (Castillo 2014; Venter et al 2014). Es más preocupante, cuando en las actividades de las áreas protegidas no se toman en cuenta el rol de la gente, la participación de la gente del lugar, entonces las áreas protegidas no están haciendo su trabajo (Castillo 2014).

Las áreas silvestres protegidas en Abiayala Latina y el Caribe han sido administradas tradicionalmente, es decir, centralizadas. En los últimos quince años se observa la necesidad de descentralizar la administración de dichas unidades de conservación, involucrar otros actores como gobiernos regionales y locales, comunidades, propietarios privados y pueblos indígenas. Cuando los gobiernos locales participan en la gestión de las áreas protegidas intervienen las estructuras de poder de bases comunitarias o más cercanas a la población.

Según GTZ (2010), en esta iniciativa las áreas de conservación municipal (ACM) son áreas protegidas establecidas o reconocidas por el municipio mediante un instrumento legal, en concordancia con el sistema nacional de áreas protegidas y las políticas ambientales, territoriales y de desarrollo del municipio y el país[2]. Son un fenómeno relativamente nuevo en Abiayala Latina, por lo tanto, todavía existe un número limitado de experiencias para ser utilizadas como referencia. Además todavía hay pocas ACM marinas ni se ha registrado experiencias de áreas en territorios indígenas[3].

Este fenómeno crece con mucho interés de parte de la sociedad civil, comunidades, organizaciones no gubernamentales, alcaldes y consejos municipales. Ciertos países ya aplican o declaran las ACM, aunque todavía existan ciertos vacíos legales para que sean plenamente funcionales.

Los países tienen sus propias razones para crear las ACM, estas pueden ser para ordenar el territorio, proteger cuencas, conservar espacios importantes para el municipio o del país, detener el avance de la urbanización, gestión local, turismo, educación en conservación y la participación de la población local en temas ambientales.

Al establecerse las unidades de conservación en este caso ACM, los objetivos son para la protección de ecosistemas y especies amenazadas, sitios sagrados o monumentos, espacios para el turismo, recursos hídricos, manejo de recursos silvestres aprovechado por la población local y mantener los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo del municipio y la calidad de vida de sus habitantes (GTZ 2010).

Estas experiencias que se describen en el documento de la GTZ (2010) ocurren en Abiayala Latina y el Caribe muestra una oportunidad para que los gobiernos locales promuevan de forma integrada la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. Hoy en día, las ACM ya son parte importante de las estrategias de conservación in situ las cuales, junto con las áreas de interés regional, contribuyen a mejorar la conectividad y complementar la representatividad de los ecosistemas en los sistemas nacionales de conservación.

Las ACM surgen en su mayoría por iniciativa de la población local, es por ello que su compromiso es mayor para proteger y participar de su gestión. La gestión ha sido abrir el enfoque de manejo biológico hacia el exterior de las unidades de conservación, tomando en cuenta las interacciones con la población local. Como es una acción surgida desde las bases comunitarias, la conservación es más efectiva que otras formas de conservación porque consigue sentir como algo suyo el patrimonio natural que ellas protegen. Motivos que han hecho que las ACM tengan credibilidad y aceptación por la población, a pesar de las debilidades en la gestión, porque la mayoría de los gobiernos locales todavía no tienen acceso a fondos presupuestales y por tener dificultades para establecer estructuras de gestión adecuadas (GTZ 2010).

ACM tienen credibilidad porque es administrada por un municipio que representa la división político-administrativa más pequeña, que posee sus propios dirigentes representativos, elegidos democráticamente, con un territorio claramente definido. Si los municipios son las estructuras de poder más cercanas a la gestión local o base comunitaria, entonces Gunayala es representativo.

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS AL ESFUERZO POR LA CONSERVACIÓN

GTZ (2010) indica, que el reto ahora es saber cuál es la real contribución de las áreas protegidas, incluyendo la municipal, a los esfuerzos para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo local y la manutención de los servicios ecosistémicos, así como su importancia para aumentar la efectividad de los sistemas de áreas protegidas. Con esto, se reconocerá en el ámbito nacional e internacional su importancia para la adaptación al cambio climático.

En Panamá (ANAM-UICN 2006) existe una experiencia poco exitosa dentro de las acciones de la participación de las municipalidades en el manejo y gestión de las áreas protegidas. Esto ha dado como consecuencia el casi abandono de varias de estas áreas protegidas (caso de los Refugios de Vida Silvestre Arturo Barrios y Peñón de la Honda, localizados en la provincia de Los Santos), donde ANAM asume mayor responsabilidad que debería recaer en las municipalidades invierte pocos recursos y esfuerzos, quedando el área casi desprotegida. Esta situación obedece, en parte, a la falta de acuerdos o convenios adecuados con una definición clara de las responsabilidades y beneficios. También puede ser el resultado de que las municipalidades, como entes transitorios que se rigen por los cambios políticos, ven afectada su continuidad y ello afecta el cumplimiento de los acuerdos.

Sin embargo, Panamá (PANAMÁ- ANAM 2006) es el país de la región que más trabajo sistemático ha realizado en el tema de monitoreo del manejo de las áreas protegidas. En la actualidad, la ANAM aplica el Programa de Monitoreo de la Efectividad de Manejo de las Áreas Protegidas de Panamá (PMEMAP). Esto se viene realizando sistemáticamente desde el 2001, evaluando las áreas protegidas en dos ocasiones en el año 2002. El PMEMAP constituye una valiosa herramienta de evaluación del manejo de las áreas protegidas, orientado a mejorar el proceso de toma de decisiones sobre los diferentes niveles de gestión que se están dando en dichas áreas.

De todo lo anterior, existe en el país la tendencia actual de revisar los límites de las áreas protegidas para evaluar la viabilidad de ampliación o reducción, de acuerdo a las características de los ecosistemas y de su estado de conservación y tomando en cuenta a la población local. Y para ello existe un marco conceptual para que haya un “manejo compartido”, se propuso la siguiente definición (PANAMA-ANAM 2006):

“Manejo compartido es un proceso dinámico y participativo entre la ANAM, usuarios locales de un territorio, Gobiernos Locales y grupos interesados, con fundamento en derecho, que impulsa el cambio de mentalidad con objetivos comunes, autoridad, beneficios y responsabilidades compartidas en pro de la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales de las áreas protegidas, asegurando una mejor calidad de vida para los habitantes del territorio.”

Como parte de este esfuerzo panameño, también se tiene elaborado principios y lineamientos que puede adaptar ANAM para potenciar y fortalecer el manejo compartido en áreas protegidas. Estos principios son: precautorio, transparencia y de rendición de cuentas, equidad, participación, calidad de vida, legitimidad, descentralización (ver, Cuadro 1), sostenibilidad y complementariedad.

La gestión o manejo compartido es la clave para la gestión participativa, el cual constituye un eslabón de una cadena de políticas públicas ambientales, que buscan desconcentrar la administración pública, descentralizar la toma de decisión y delegar responsabilidades y mandatos hacia instancias de la sociedad civil (Girot, McCarthy y Salas, 1998).

¿En Panamá, hasta la actualidad hay resultados de lo planteado? No hubo avance, este nuevo gobierno lo retoma, y si ocurre la descentralización será iniciando a nivel de entidades estatales, entre niveles de gobierno (municipios, consejos provinciales y gobierno nacional). Mientras que la participación está orientada a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas, población local que se relacionan con las áreas protegidas, su gestión y su administración a través de este mecanismo de participación. De concretizarse la descentralización en las áreas protegidas será un gran avance en materia de política ambiental, pero veremos o esperemos qué ocurre mañana.

Cuadro 1: Principio de importancia para el futuro es la Descentralización Propone que ANAM, en representación del Estado, pueda delegar y/o compartir responsabilidades dentro de las áreas protegidas a través de acuerdos de manejo legalmente establecidos con grupos interesados de la sociedad civil que demuestren capacidad técnica y financiera para la autogestión y que les permita involucrarse y empoderarse de este proceso. Además, también plantea que ANAM debe facilitar la toma de decisiones de forma expedita, adecuada y oportuna garantizando la interacción efectiva y colaboración horizontal entre los distintos actores (instituciones gubernamentales y no gubernamentales) que tienen competencias delegadas dentro del proceso de manejo compartido.

Según GTZ (2010), tomando en cuenta los procesos de descentralización de cada país en América Latina, se necesita fortalecer la legislación que otorga autonomía a las municipalidades, avanzar en el reconocimiento ante los sistemas nacionales de áreas protegidas y la comunidad internacional, y apoyar la consolidación de las ACM mediante el desarrollo de capacidades para su gestión y el intercambio de experiencias. En este sentido, las instituciones regionales y globales pueden contribuir con apoyo técnico y financiero para impulsar las áreas de conservación municipal como un modelo de gestión descentralizado de áreas protegidas y una oportunidad para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo local y la manutención de los servicios ecosistémicos.

En este contexto la participación social implica interculturalidad como factor clave de gestión, género y edad, por lo que las estrategias de participación deberían considerar las necesidades, los intereses y los roles que corresponden con las diferencias de cultura, género y edad. En todo caso, se debe resaltar que no se ha profundizado en esta iniciativa en el tema de equidad de género en las ACM desde una perspectiva integradora (mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos mayores, grupos marginados) (GTZ 2010).

Área Silvestre de Narganá

¿Qué decir del área silvestre protegida de Narganá (Corregimiento de Narganá) de la Comarca Gunayala? Aunque el Congreso General Guna (CGG) haga esfuerzos en proteger los recursos naturales, principalmente en las zonas limítrofes, no hay un mecanismo para administrar la unidad de conservación. Es decir, todo está centralizado, no hay un ente  responsable directamente en el manejo del área protegida. A la Comisión de Límites se le ha dado una responsabilidad parcial. Sumado a ello los gobiernos se han olvidado del área, pero siempre es mención de su existencia como ejemplo de un manejo autónomo. Siempre aparece en los mapas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). No hay autogestión, para ir avanzando en el fortalecimiento de la unidad de conservación. Hubo intentos, hubo oportunidades y hay oportunidades para fortalecer un buen manejo de la unidad de conservación de Narganá; además hay convenios con ANAM para la posibilidad de un manejo compartido.

El área protegida, en su zona especial de uso público – la carretera El Llano-Carti, ofrece beneficios a ciertas personas y comunidades del área. Estas personas, entidades y comunidades retribuyen en algo al CGG, pero estos fondos quedan en la entidad central. Esta es una forma de manejo compartido, pero no existe un plan estratégico de manejo, y eso que hay experiencia de cogestión o manejo compartido con proyectos, con y en las propias comunidades y con ONG a través de convenios, contratos, cooperación o memorando de entendimiento, pero no lo usamos.

Sin duda, tenemos el área protegida de Narganá como uno de los instrumentos más útiles para la conservación de la naturaleza y un elemento fundamental para la sociedad guna, que ha demostrado ser una sociedad sustentable. Sin embargo, su efectividad está condicionada por un conjunto de factores sociales limitantes y de presiones internas y externas, originada en la dinámica social y cultural de uso de los recursos naturales y lucha por el territorio ancestral en su parte oeste con Santa Isabel (Colón).

Tampoco podemos mentir, la sociedad guna tiene tendencia a agonizar, si no fuese por los constantes congresos generales, sectoriales y locales que se realizan, que luchan por revalorizar la cultura y el idioma. Es evidente que hay cambios en la sociedad guna, y es por ello que se necesita fortalecer la cultura y el idioma. Y alcanzar nuevamente ser una sociedad sustentable no es sólo una cuestión de conocimiento científico e instrumentos técnicos apropiados para manejar la naturaleza, como nos lo ha hecho creer el conocimiento occidental prevaleciente, sino que implica cambios a nivel cultural, económico y político que transformen significativamente las características de la relación sociedad, cultura y naturaleza existente; es decir un cambio biocultural.

"Pensar globalmente, actuar localmente" es un lema que debe ser reconsiderado: las acciones locales son, sin duda, muy importantes, pero hay otras que deben tomarse de manera global (Jardel 1995). Definitivamente debe haber un debate sobre el tema en el caso de Gunayala y demás pueblos indígenas, para que nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, la salud ambiental sea compensada por el Estado.

PARA EL MAÑANA

El documento GTZ (2010) indica, que la creación y la gestión de ACM todavía son incipientes en Abiayala Latina. Para el mañana, existen muchos retos que necesitan ser concretados para que las áreas de conservación municipal alcancen sus objetivos con efectividad. Los gobiernos locales o de base comunitaria tienen un papel principal para la consolidación de estas áreas, sobre ellos recae la responsabilidad de su gestión.

Los gobiernos locales son sinónimos de municipios; por ahí debemos partir. Gunayala es un gobierno local, a pesar de que pueda existir alguna diferencia entre municipio y gobierno local en el contexto político y administrativo de algún país.

Además, “Asegurando Derechos, Luchando contra el Cambio Climático” es fundamental para ser parte de una solución más amplia al cambio climático (Stevens et al. 2014). Como lo es concretamente el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y locales sobre sus territorios y bosques como una herramienta política para la mitigación del cambio climático.

BIBLIOGRAFIA

Batisse, M. 1986. "Developing and focusÍng the biosphere reserve concept", Nature and Resources (UNESCO), 22 (3), pp. 1-10.

Castillo, G. 2014. Las áreas protegidas del mundo no salvaguardan la biodiversidad. http://gubiler.blogspot.com/2014/07/las-areas-protegidas-del-mundo-no.html

Girot, P., Mc Carthy, R. y Salas, A., 1998. El Comanejo de Áreas Protegidas en Centroamérica: Un instrumento para la consolidación del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP) y del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). UICN/ORMA, Conservación de Bosques y Áreas Protegidas (ACB-AP). 17 p. + Mapas

GTZ (cooperación técnica alemana) 2010. Áreas de conservación municipal: una oportunidad para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. Reflexiones y experiencias desde América Latina. Brasilia, DF. 104 p.

Halffter, G. 1984. "Las reservas de la biosfera: conservación de la naturaleza para el hombre", Acta Zoológica Mexicana (ns), 5, pp. 1-50.

Jardel, E. J. 1995. Las áreas protegidas en la práctica. Discusión sobre la conservación biológica y desarrollo sustentable. Revista Universidad de Guadalajara. Número Especial. La Conservación Biológica en México. pp. 23-34

Lusigi, W.J. 1981. "New approaches to wildlife conservation in Kenya", Ambio, 10, (2-3), pp. 87-92.

PANAMA-ANAM 2006. Estado de la Gestión Compartida de Áreas Protegidas en Panamá. Resumen. San José, C.R.: Unión Mundial para la Naturaleza. Oficina Regional para Mesoamérica, 2006. 52 p.

Stevens, C., R. Winterbottom, J. Springer, and K. Reytar 2014. “Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change.” Washington, DC: World Resources Institute. 56 p. Accessible at www.wri.org/securing-rights

Venter O, Fuller RA, Segan DB, Carwardine J, Brooks T, et al. (2014). Targeting Global Protected Area Expansion for Imperiled Biodiversity. PLoS Biol 12(6): e1001891. doi:10.1371/journal.pbio.1001891

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[1] Documento completo en PDF: https://app.box.com/s/1goe28f6w8pp4td1hs9d

[2] Cabe señalar que en algunos países las áreas municipales no están incluidas en los sistemas nacionales de áreas protegidas, por eso en el documento central se optó por un término más general e incluyente, llamando a esta unidad de conservación Área de Conservación Municipal (ACM)

[3] Por considerarse territorios de pueblos indígenas o en el caso de Panamá Comarcas, no se les dota de presupuesto para que puedan manejar y gestionar el área protegida ubicada dentro de su territorio. No se le considera municipio aunque esté dentro del sistema político administrativo del país y reconocido en la Constitución de la República